Filtración de perfiles genéticos: Roberto Cabrera sentenciado

Roberto Cabrera es sentenciado a tres años de prisión por la entrega de más de 49 mil perfiles genéticos de personas desaparecidas en el país.

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Roberto Cabrera es sentenciado a tres años de prisión por la entrega de más de 49 mil perfiles genéticos de personas desaparecidas en el país.

El ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de México (CNB), Roberto Cabrera Alfaro, fue encontrado culpable de la filtración de perfiles genéticos  de más de 49 mil personas desaparecidas, de acuerdo con Pie de página. Cabrera ha sido condenado a tres años de prisión por el juez Felipe de Jesús Delgadillo, quien también determinó una fianza de 25 mil pesos a cambio de la libertad condicional y una multa de 3 mil 19 pesos. Además, durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, el juez  detalló que Cabrera no podrá ocupar un cargo público o participar en tratos de contratación pública en los siguientes dos años. 

¿Cuál fue la filtración de perfiles genéticos que cometió Cabrera?

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Cabrera de haber entregado el 31 de mayo de 2017 a la empresa ADN México una base de datos que contenía más de 49 mil perfiles genéticos, dentro de las oficinas de la Comisión Nacional de Seguridad. La investigación de Pie de Página  señala que el funcionario otorgó está información a la directora comercial de Genética Forense de la empresa, Mariana García Sosa. Se menciona que este acto sucedió al menos dos veces más, cuando Cabrera ocupaba el cargo de titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y posteriormente mediante un convenio con la Fiscalía General. Esto permitió que ADN México pudiera ingresar a las oficinas unos ordenadores para adecuar  las bases de datos.

Durante el juicio se determinó que Cabrera entregó está información a la empresa privada sin que existiera una constancia de compra-venta, lo que permitió que la firma lucrara con la información de las víctimas. La empresa ADN México tenía acceso a las bases de datos nacionales de búsqueda por lo cual prometía a las familias encontrar los restos de las personas desaparecidas. 

Debido a esto, un equipo de periodistas publicaron una investigación llamada “Traficantes de ADN”  donde plasman testimonios de víctimas, funcionarios y anónimos que señalan la manera en que se estaba lucrando con la desesperación y dolor de los familiares desaparecidos. El reportaje menciona que el gobierno de México ha sido incapaz de resolver la tragedia de los 100 mil desaparecidos y 50 mil cadáveres sin  identificar, por lo cual la empresa ADN México prometía hacer lo que el Estado no había cumplido. Sin embargo, en la resolución del juicio no hay ningún otro funcionario acusado y la empresa no está siendo investigada. 

¿Qué es la empresa ADN México?

De acuerdo con la investigación “Traficantes de ADN” el laboratorio de Central ADN, que públicamente se presenta como ADN México, se encuentra en el Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán. Según la investigación fue constituida en 2013 y cuenta con integrantes de puestos directivos vinculados con el Gobierno Federal, entre ellos, Hugo Pablo Carlos Scherer, que aparece como secretario de la sociedad mercantil dentro del acta constitutiva del Registro Público del Comercio. La investigación señala que Scherer cuenta con un largo historial en campañas electorales para distintos partidos políticos, entre los que están Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Asimismo, este laboratorio realizaba muestras de identificación humana a partir de huesos que pertenecían a personas enterradas de manera irregular en el municipio de Tetelcingo, Morelos, de acuerdo a fuentes anónimas de la investigación. Cada muestra generaba un costo de 5 mil 780 pesos y en total fueron realizadas 149 pruebas, lo que da un costo total de 999 mil 48 pesos.En entrevista para El País, Paula Mónaco, una de las periodistas que participó en esta investigación, detalló que los esfuerzos de la FGR no apuntan a desarticular la red que permitió este abuso. “¿Quién les va a garantizar a los familiares de los desaparecidos que se van a proteger sus datos y, especialmente, que se va a luchar por identificar y encontrar a los suyos?”, dijo Mónaco.

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