La Ley de Telecomunicaciones fue aprobada en el Senado con promesas de inclusión digital, pero organizaciones y legisladores advierten que abre la puerta a vigilancia sin orden judicial y posibles actos de censura.
La Ley de Telecomunicaciones fue aprobada por el Senado de la República, la iniciativa que promete ampliar la cobertura de internet en zonas prioritarias y garantizar el acceso digital como política social.
Pero, al mismo tiempo ha generado fuertes críticas por incluir disposiciones que permiten la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles sin necesidad de orden judicial, así como el registro obligatorio de línea telefónica mediante CURP, lo que ha despertado preocupaciones sobre un posible uso de la normativa como herramienta vigilancia.
La iniciativa fue aprobada por el Senado el 28 de junio, en lo general obtuvo 77 votos a favor y 30 en contra. La mayoría fue respaldada por senadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC).
Mientras que Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y algunos independientes votaron en contra.
Al concluir la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, ordenó remitir el dictamen a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación.
¿Qué establece la Ley de Telecomunicaciones?
El dictamen establece una amplia reestructura del sector, con énfasis en inclusión digital, pero también incluye disposiciones que preocupan por su posible uso político o invasivo.
- Geolocalización sin orden judicial
Uno de los temas más delicados es que se autoriza la geolocalización en tiempo real de los dispositivos móviles, sin requerir una orden judicial. Esto significa que las autoridades podrán localizar cualquier teléfono registrado sin orden de un juez, lo que plantea serias preocupaciones en materia de privacidad. Esta medida fue señalada por senadores como una herramienta de vigilancia sin controles independientes.
- Registro obligatorio de líneas con CURP
La ley establece que todas las líneas de telefonía móvil deberán estar vinculadas a una persona mediante su Clave Única de Registro de Población (CURP), lo que implica que ya no será posible contratar un servicio de manera anónima.
Esta medida, aunque puede ayudar a combatir delitos, también genera inquietud por la posibilidad de un uso excesivo o indebido de los datos personales.
- Suspensión de transmisiones por derechos de audiencias
Se otorga a la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones la capacidad de suspender transmisiones si se considera que vulneran los derechos de las audiencias.
Sin embargo, el dictamen no define con claridad cuáles son los criterios para determinar esa vulneración, lo que deja margen para interpretaciones amplias y posibles actos de censura.
- Regulación de tarifas y dispositivos
También se establece que la Comisión deberá aprobar las tarifas que ofrezcan los proveedores y regular los costos de los dispositivos móviles. Aunque esta medida busca proteger a los consumidores, concentra decisiones económicas importantes en un órgano que, según lo aprobado, no es autónomo.
- Promoción de medios comunitarios
Se permite a radiodifusoras comunitarias comercializar hasta un porcentaje del tiempo total de su programación en concepto de publicidad. Además, los gobiernos estatales deberán destinar entre el 1 por ciento y el 10 por ciento de publicidad oficial a estos medios.
Aunque esto puede ser positivo porque apoya a medios pequeños, también podrían usarse para favorecer a medios afines al gobierno o como una forma de controlar lo que se dice.
- Figura de defensoría de las audiencias
Se crea la figura de la defensoría de las audiencias para concesionarios privados, con el objetivo de proteger los derechos de personas usuarias, incluyendo sectores vulnerables como personas con discapacidad.
Sin embargo, el gobierno podría intervenir indirectamente en los contenidos bajo el pretexto de proteger los derechos de las audiencias, censurando contenidos incómodos o críticos.
Posturas en contra de la Ley de Telecomunicaciones
Durante el debate, varios senadores de oposición manifestaron preocupaciones fundadas sobre el contenido del dictamen.
Ricardo Anaya (PAN) criticó la implementación de la geolocalización sin orden judicial, asegurando que representa un riesgo de espionaje institucionalizado. También advirtió sobre la suspensión de transmisiones sin garantías jurídicas claras.
Asimismo, el senador del PRI, Manuel Añorve señaló que la nueva Comisión Reguladora no tiene autonomía constitucional ni financiera, lo cual, en su opinión, deja a la ley con un enfoque de control y censura, contrario al interés público.
Por otro lado, legisladores afines al oficialismo defendieron la reforma. Guadalupe Chavira (Morena) destacó las metas de cobertura digital, y Lizeth Sánchez (PT) aseguró que la ley combate la desigualdad digital y fortalece la soberanía tecnológica.
Preocupación de organizaciones defensoras de derechos humanos
La organización Article 19 México y Centroamérica expresó su rechazo total al dictamen aprobado, señalando que, aunque se eliminó el artículo 109 que permite el bloqueo de plataformas digitales, la ley sigue incluyendo disposiciones que ponen en riesgo la libertad de expresión, la privacidad y el acceso a la información.
Advierte que la ley abre la puerta a la vigilancia sin control judicial al crear un sistema que permite el acceso a datos personales y geolocalización en tiempo real, especialmente porque la Guardia Nacional y la Sedena pueden procesar y usar esta información con fines de “inteligencia” sin ninguna salvaguarda ni supervisión.
Además, la obligación de usar la CURP para registrar líneas móviles implica un riesgo directo de vigilancia estatal, violando la privacidad de los usuarios. También critican que no se incluyó una perspectiva intercultural en un enfoque diferencial para proteger los derechos de los pueblos indígenas.
Por todo esto, consideran que la reforma representa un retroceso grave en derechos fundamentales y que se está legalizando una forma de censura y espionaje masivo. Por ello, exigen al Senado retomar el diálogo y respetar los estándares de las intenciones en materia de derechos humanos.
Ahora, la discusión en la Cámara de Diputados será clave para corregir estos riesgos o confirmar una reforma que muchos consideran regresiva.
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