La Ley General de Operación de Registros Civiles fue postergada por el Senado: busca crear un registro único con los datos biométricos de toda la población mexicana.
La Ley General de Operación de Registros Civiles fue pospuesta por el Senado de la República el 25 de junio de 2024. Aunque las minutas fueron aprobadas por la Cámara de Diputados desde marzo del 2023, la Cámara Alta coincidió en que el proyecto requiere un análisis profundo, ya que involucra un formato digital que registraría los datos personales y biométricos de los mexicanos de forma obligatoria.
Pero, ¿qué es la Ley General de Operación de Registros Civiles? De acuerdo con las minutas aprobadas por la Cámara de Diputados el 14 de marzo de 2023, la ley contempla lo siguiente:
- La modernización de los Libros del Registro Civil
- La gestión de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
- La vinculación de los datos biométricos de la población mexicana en una plataforma única, a la que podrán tener acceso las dependencias del sector público, privado y financiero.
Esto significa que si la Ley se aprueba, la información personal más vulnerable de todas las mexicanas y mexicanos será digitalizada y almacenada, sin excepción, en un Sistema Nacional de Registro e Identidad. Estos datos serán administrados por las Direcciones Generales del Registro Civil, bajo el cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Desde la vulnerabilidad en el manejo de datos personales hasta el peligro de hackeo de las plataformas gubernamentales, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de la Ley General de Operación de Registros Civiles?
¿Cómo funciona la Ley General de Operación de Registros Civiles?
Las minutas discutidas en el Congreso el 25 de junio, explican que toda la información de los libros de registro se transferirá del Catálogo Único de Claves de Áreas. Esto incluye datos como el año de nacimiento, libro, número de acta, entidad federativa, municipio, localidad y oficialía de registro. No obstante, esta información ya se encuentra disponible en las plataformas gubernamentales para acceder a las Actas de Nacimiento y otros documentos oficiales.
Entonces, ¿cuál es la diferencia de los registros actuales con la Ley General de Operación de Registros Civiles? La transferencia de estos datos tiene el objetivo de integrar la base del nuevo Sistema Nacional de Registro e Identidad (SDI). Este sistema busca almacenar los siguientes datos de cada uno de los habitantes del país e integrarlos en una base centralizada:
- Nombre o nombres
- Apellido o apellidos, según corresponda
- Sexo y género en los términos y variantes que establezca el Consejo
- Lugar y fecha de nacimiento
- Nacionalidad o nacionalidades, según corresponda
- CURP
- Datos biométricos en los términos que establezca la Ley General de Población
Aunque las minutas no especifican qué tipo de datos biométricos se requerirán para constituir la plataforma del SDI, de acuerdo con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), estos pueden integrar desde elementos como la huella digital, reconocimiento facial, la retina, el iris, la geometría de la mano o de los dedos, la estructura de las venas de la mano, la forma de las orejas e incluso la piel o textura de la superficie dérmica.
Asimismo, el artículo 43 de la minuta explica que toda inscripción, inserción o anotación que se realice en el registro de los Hechos o Actos del Estado Civil deberá realizarse en el SID. Esto significa que los trámites se digitalizarán y toda la información será del dominio de la plataforma gubernamental de manera obligatoria.
Los datos más vulnerables de 126 millones de mexicanos en manos de la tecnología del gobierno
Pero, ¿quién va a proteger la información de más de 126 millones de mexicanos? La Ley General de Operación de Registros Civiles, establece que el SID será administrado por la Segob.
Esta secretaría será la responsable de establecer los mecanismos y requisitos para que las dependencias del sector público, privado y financiero, puedan consultar y validar los datos de las personas que soliciten, mediante un sistema de transferencias electrónicas a través de la consulta a la “Base de Datos Nacional” del Registro Civil.
No obstante, esta fue la misma secretaría que padeció el hackeo del Sistema de Acreditación de Prensa del Gobierno el pasado 26 de enero, en el que fueron vulnerados los datos personales de 263 periodistas que han asistido a la conferencia matutina del presidente López Obrador.
La información vulnerada abarcaba “186 credenciales de elector con datos de domicilio, 63 pasaportes, uno más ilegible, había dos currículums, una licencia de Estados Unidos que un periodista utilizó para acreditar su identidad, una CURP y 10 documentos expedidos por migración, de periodistas de origen extranjero que trabajan en México”, explicó el vocero de Gobierno, Jesús Ramírez Cuevas.
Esta no fue la única ocasión que los sistemas informáticos del gobierno de México han sido vulnerados. En julio de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) descubrió que un usuario de Facebook vendió una base de datos con 91 millones de registros de personas con credencial para votar, por la módica cantidad de 50 mil pesos.
De acuerdo con el INE, esta base de datos pudo venir de una filtración que ocurrió en 2020, aclarando que este delito ha sido investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) desde que fue reportada.
La Ley General de Operación de Registros Civiles no ha sido aprobada
Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), se han manifestado en contra de la aprobación de la Ley General de Operación de Registros Civiles, asegurando que representa un grave peligro, “debido a la naturaleza de los datos biométricos ─imposibles de modificar o restituir─, una vulneración o filtración puede tener consecuencias devastadoras para las personas comprometidas”, dice el comunicado de R3D.
Asimismo, la Organización Article 19 coincide en que la transferencia de datos biométricos es particularmente riesgosa, “dado que al relacionarse con características inherentes de las personas (físicas, fisiológicas y de comportamiento) que permiten su identificación, pueden ser usados con fines de vigilancia y perfilamiento”.
Aunque la Secretaría de Gobernación reconoció la aprobación las diputadas y diputados y aseguró que “seguiremos atentos del proceso legislativo en el Senado de la República, a fin de que esta nueva legislación pueda ser promulgada a la brevedad posible en beneficio de la población mexicana”, la Cámara Alta decidió que la minuta debe ser discutida con más profundidad.
“Se trata de un asunto que no está discutido ni avalado por ningún Grupo Parlamentario, que ha sido polémico durante las últimas dos Legislaturas, incluso, las iniciativas y propuestas sobre el tema no tuvieron condiciones de lograr los acuerdos”, dijo la presidenta de la Comisión de Gobernación del senado, Mónica Fernández Balboa.
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En realidad, al menos los bancos tienen ya, ILEGALMENTE, acceso a la base de datos del INE, la cual incluye, por supuesto, datos biométricos. La única novedad es que ahora hasta el sector privado (cualquier empresa o empleador), ya no sólo los bancos, tendrían acceso a esa información. La mejor receta para que nuestros datos personales, TODOS, ya no sólo los básicos, estén a disposición del mejor postor. ¿Y qué dice el gobierno? Que ELLOS GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE ESA INFORMACIÓN. ¿Cómo le van a hacer para controlar al sector privado y que no haya filtraciones/hackeos a los sistemas de éstos? En un país como este, en el cual se vende TODO, TODO, y siempre se las arreglan para BURLAR las medidas de “seguridad” (usualmente bastante pírricas en el gobierno), la información COMPLETA de cada uno de nosotros estaría al alcance… de quien pague por ella. Y que no nos vengan los amlorenos a decir que ellos son garantes de algún tipo de seguridad, que es lo que MENOS ha habido con esta administración. Que no nos venga a decir el Pajarraco Mañanero que ÉL YA ACABÓ CON LA CORRUXIÓN.