En 2014 repuntó, pero desde entonces ha ido en caída libre. El Índice Global de Corrupción publicado por Transparencia Internacional indica que México tiene 29 de 100 puntos en cuanto a percepción de corrupción: uno menos que en 2016.
La calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 es de 29 puntos, uno menos que en la medición anterior. Así lo dieron a conocer las organización Transparencia Internacional (TI) y Transparencia Mexicana (TM) al publicar los resultados del estudio, el 21 de febrero.
En la tabla de posiciones global, México esta en el lugar número 135 de 180 países que son evaluados en cuanto a percepción de la corrupción. Esto ubica al país como el peor evaluado del Grupo de los 20 (G20) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
Desde 2015, México ha registrado un descenso anual en este índice: En 2012 la calificación del país fue de 34 puntos, puntaje que mantuvo al año siguiente y que incrementó en 2014, cuando llegó a 35. No obstante, en 2015 descendió cuatro puntos, hasta 31 y al año siguiente llegó a 30, para finalmente llegar a los 29 puntos en 2017.
El informe revela que a pesar de haber ocupado el sexto lugar en el Índice de Transparencia Presupuestaria 2017, México no ha avanzado en materia de percepción a la corrupción lo cual, de acuerdo con TI, implica que “la transparencia, por sí sola, no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción”.
Para avanzar en este índice, la organización internacional recomienda que México se asegura de poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en todo el país. Asimismo, sugiera incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el SNA, para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las“empresas fantasma”.
TI también resalta la necesidad de crear una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política, ni de intereses privados.
Por último, en su informe la organización recomienda que todas las instituciones públicas pongan en marcha sistemas de información interconectados que garanticen la máxima publicidad y que la información sobre el financiamiento a partidos políticos y sus proveedores esté disponible en formatos abiertos.
