La oposición en la Cámara de Diputados frenó la reforma electoral constitucional pero Morena y sus aliados lograron aprobar el ‘Plan B’ de la reforma electoral, una serie de modificaciones a leyes secundarias en materia electoral.  Aquí te explicamos de qué se trata.  

En la madrugada de este miércoles fue aprobado el Plan B de la reforma electoral, después de que varias horas antes la Cámara de Diputados discutió -por más de cinco horas- la llamada reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (su Plan A), la cual finalmente fue desechada por no obtener la mayoría calificada. 

El ‘Plan B’ del Presidente fue aprobado por mayoría simple, y propone modificaciones a leyes secundarias en materia electoral. Dichas propuestas fueron presentadas ese mismo día en el Congreso y prácticamente no hubo tiempo para que las y los diputados las estudiaran. 

La reforma rechazada se trataba de una serie de modificaciones a la Constitución que buscaban, entre otras cosas, la desaparición del INE y el recorte del presupuesto al nuevo Instituto Electoral, así como la designación mediante el voto popular de los integrantes del Consejo General del Instituto y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La oposición en la Cámara de Diputados había dejado claro, a través de las declaraciones de diversos diputados y diputadas, que no dejarían que se aprobara pues la consideran una reforma antidemocrática. Incluso el mismo López Obrador reconoció el 24 de noviembre que dicha reforma no sería aprobada en el Congreso. Y así fue. 

La reforma electoral requería una mayoría calificada para ser aprobada, esto es dos terceras partes de votos a favor de los 500 votos posibles. Con 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención, la reforma logró ser frenada por la oposición. 

Sin embargo, el mismo martes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó al Congreso el ‘plan B’ del presidente para una reforma electoral. Este movimiento ya había sido anunciado por el mismo López Obrador a finales de noviembre. 

En pocas palabras, este plan propone modificaciones a leyes secundarias para poder así cambiar el sistema electoral mexicano. 

El llamado Plan B de la reforma electoral se presentó además con una dispensa de trámites, un acuerdo bajo el que una legislación se aprueba de manera urgente sin realizar modificaciones, y debía ser votado en la sesión de este mismo martes.

Lo que no se aprobó

Ya que la propuesta de reforma constitucional en materia electoral del Ejecutivo, o su ‘plan A’, no alcanzó la mayoría calificada de votos, se descarta definitivamente:

• La desaparición del INE para dar paso al Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC); 
• Reducir el número de diputados de 500 a 300 
• Reducir el número de senadores de 128 a 96; 
• Elegir a los consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mediante voto popular
• Recortar el número de consejeros de 11 a siete
• Eliminar el financiamiento público a partidos políticos cuando no haya campañas electorales
• Disminuir la participación en una consulta popular de 40 a 33 por ciento para que sea vinculante
• Eliminar a los órganos electorales locales

Todos estos puntos requieren, necesariamente, un cambio en la Constitución, y ya que el Plan B se enfoca sólo en leyes secundarías, quedan descartados por ahora. 

El Plan B de la reforma electoral

El ‘Plan B’ se conforma por dos iniciativas que buscan, entre otras cosas, reducir la estructura del INE para reducir sus costos, acortar la duración de los procesos electorales y acotar el concepto de ‘propaganda gubernamental’.

Para eso, las leyes que proponen modificarse con las siguientes: 

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
• Ley General de Partidos Políticos 
• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
• Ley General de Comunicación Social
• Ley General de Responsabilidades Administrativas 

Además, se propone crear una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, que reemplace a la actual Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Las principales modificaciones que proponen estas iniciativas son las siguientes: 

• La creación del Sistema Nacional Electoral. El INE sería la autoridad rectora y los Organismos Públicos Locales (OPL) quedarían como autoridades estatales. Además plantea la eliminación de las figuras a nivel local y la desaparición de la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional
• Reducir los órganos distritales del INE para que sean 260 en vez de 300, así como la fusión de distintas áreas más 
• Reducir los sueldos de los consejeros electorales 
• Acortar los periodos de los procesos electorales (que den inicio en noviembre en vez de septiembre, acortar el tiempo para la selección y capacitación de funcionarios de casilla, etc.)
• Garantizar el voto de personas en prisión preventiva, con discapacidad en estado de postración o que se encuentren en el extranjero
• Limitar las acciones de las autoridades electorales para evitar que “interpreten” la ley y limiten lo que digan los funcionarios públicos o lo consideren propaganda gubernamental.

Respecto a ese último punto, la iniciativa dicta que se modifique el Artículo 4, sección VIII Bis de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que se establezca que: 

“No constituyen Propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”.

Esto le daría margen a las y los servidores públicos a realizar declaraciones durante los procesos electorales sin que sean sancionados.

La primera iniciativa fue aprobada en lo general con 267 votos a favor y 219 en contra, y en lo particular, con 261 a favor y 216 en contra, mientras que la segunda iniciativa tuvo 267 votos a favor y 221 en contra, en lo general, y 267 a favor y 215 en contra, en lo particular.

Ahora el Plan B de la reforma electoral pasará a manos del Senado a 8 días de finalizar su periodo de sesiones ordinarias de este año. Hasta el momento se desconoce si estas iniciativas serán abordadas en los próximos días o hasta febrero de 2023, cuando el Senado inicia un nuevo periodo de sesiones ordinarias.