¿Cómo llegó un bebé al penal de Puebla? ¿En qué circunstancias murió? ¿Quiénes son sus padres? Estas preguntas todavía no tienen respuesta.

El caso del bebé encontrado en un penal de Puebla aún no ha sido resuelto, pues la información disponible es todavía muy escasa. De hecho, en los últimos días organizaciones civiles y organismos gubernamentales han presentado información contradictoria sobre los hechos ocurridos.

El Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Miguel, en donde fue encontrado el cuerpo del bebé, es motivo de preocupación desde hace años. Las problemáticas que acontecen dentro de sus muros, relacionadas con la corrupción y las actividades ilícitas, han sido denunciadas por organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En 2019, la CNDH evidenció que el reclusorio se encontraba por encima de su capacidad, con un registro de cuatro mil 16 internos en un lugar diseñado para poco más de dos mil. Es decir, una sobrepoblación de 100 por ciento.

El CERESO de San Miguel

El Centro de Reinserción Social de San Miguel es un reclusorio estatal ubicado en el kilómetro 2.5 de la carretera Camino al Batán, en la junta auxiliar Lomas de San Miguel (a 22 minutos del Centro Histórico de la ciudad de Puebla). Desde hace años, la CNDH ha denunciado problemáticas dentro de sus muros como la presencia de actividades ilícitas y cobros.

De acuerdo con Reinserta, las autoridades de San Miguel son cómplices de otros actos de corrupción. Entre ellos, la manufactura de drogas, el ingreso de mujeres sexo servidoras y las peleas de perros para apuestas. Esta organización civil denuncia que el pasado 6 de diciembre de 2021 un preso fue brutalmente asesinado dentro de las instalaciones del reclusorio. Además, el 28 del mismo mes se registró una fuerte riña entre internos.

Los asesinatos y motines también son comunes dentro del penal de San Miguel. Por ejemplo, el 29 de diciembre de 2020 se registró otra disputa entre los reos. En esta ocasión, debido a las inconformidades que suscitó la suspensión de visitas conyugales por la pandemia de COVID-19. Esto desencadenó en una pelea con saldo de un muerto y seis heridos.

¿Cuál es la postura de organismos como la CNDH?

Estos hechos son consistentes con la información incluida en un comunicado emitido por la CNDH el 15 de enero. En él, este organismo gubernamental evidenció que durante sus visitas de supervisión penitenciarias ha descubierto irregularidades. Entre ellas, el poco ejercicio de la autoridad, condiciones insalubres y la insuficiencia de personal de seguridad. 

En su última evaluación por parte de la CNDH en 2019, el Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla (San Miguel) obtuvo una calificación de 6.6 sobre un total de 10. Este documento denunció aspectos que no garantizan la integridad de los internos como la sobrepoblación y el hacinamiento. Además, advirtió sobre la falta de programas para prevenir y atender incidentes violentos, así como la escasa supervisión del titular en cuanto al funcionamiento del reclusorio.

Aunado a estas problemáticas se suma la ineficiencia de las autoridades, las lagunas legales y los abusos de poder que impiden una sentencia expedita. Es el caso de José María Álvarez Sosa, quien en 2015 asesinó a su novia Paulina Camargo León de 19 años. Fue ingresado al CERESO de San Miguel desde el 29 de agosto de 2015, sólo cuatro días después de haber cometido el delito. Sin embargo, a pesar de haber confesado, José permaneció en el reclusorio sin sentencia alguna hasta el 13 de febrero de 2019.

De acuerdo con los lineamientos para visitas familiares del Centro de Reinserción Social de Puebla, sólo amigos y familiares de las personas privadas de su libertad pueden solicitar acceso al reclusorio. Con respecto a los menores de edad, estos sólo ingresarán si tienen más de 10 años. También deben presentar documentos como acta de nacimiento y una responsiva del familiar directo que los acompañe durante su estancia en el Centro.

¿Qué ha pasado con el caso del bebé encontrado en un penal de Puebla?

El pasado 11 de enero se encontró el cuerpo sin vida de un bebé de tres meses dentro de los contenedores de basura del Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Miguel, en la Ciudad de Puebla. Según un primer comunicado emitido el 13 de enero por Reinserta, un interno del penal fue quien realizó el descubrimiento y notificó la aparición de los restos. En su publicación, la organización condenaba la corrupción de las autoridades penitenciarias, la falta de implementación de protocolos de ingreso a la prisión y la inexistencia de espacios seguros para las niñas y niños que están en contacto directo o indirecto con las cárceles.

Tras la denuncia, otras organizaciones de la sociedad civil como Reintegra y La Cana, enfocadas en la protección de los derechos de personas en prisión, compartieron el comunicado en sus respectivas redes sociales. De esa forma, se sumaron a la exigencia de justicia con la intención de visibilizar también la corrupción e irregularidades que ocurren en las cárceles. 

Intervención del Gobierno

Para el 15 de enero, la CNDH emitió un comunicado en el que daba a conocer la decisión de ejercer su facultad de atracción para iniciar a la brevedad con las investigaciones correspondientes. Asimismo, este organismo hizo pública su petición al subsecretario de Centros Penitenciarios y a la Unidad Especializada de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de tomar medidas preventivas para trabajar conjuntamente en el esclarecimiento de los hechos. 

El Gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, se pronunció al respecto durante la conferencia matutina del lunes 17 de enero. “Es un hecho gravísimo en proceso de investigación. He estado en contacto permanente con la Fiscalía para poder conocer algunos detalles”, sentenció. Además, el mandatario manifestó su disposición de colaborar con la CNDH, así como de deslindar responsabilidades a partir de los resultados que arrojara la investigación. 

Ese mismo día, Reinserta lanzó un comunicado (esta vez en conjunto con otras organizaciones civiles) en donde reveló que el cuerpo del bebé encontrado en el penal de Puebla tenía una incisión abdominal. También anunció la campaña #JusticiaBebé con la intención de que el suceso no pasara desapercibido para las autoridades. Su publicación planteaba interrogantes sobre el ingreso del menor, la falta de aplicación de protocolos y las heridas que presentaba el cadáver.

El 18 de enero la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla publicó a su vez un comunicado en el que solicitó a la CNDH no intervenir en las investigaciones sobre los hechos ocurridos en el CERESO de San Miguel. Citando, entre otros, el Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el organismo estatal argumentó que el caso es competencia suya, no de la institución federal. 

En consecuencia, el 19 de enero la CNDH publicó otro comunicado donde aceptaba mantenerse al margen y respetar el actuar de los organismos estatales; postura que causó indignación en las redes sociales. Así, Reinserta emitió una respuesta en el transcurso de ese mismo día en la que solicitó a la CNDH no retractarse ni desistir de la investigación. Esta petición fue firmada y respaldada por otras organizaciones civiles.

Además, durante la conferencia matutina del 19, el gobernador Miguel Barbosa afirmó que ya se conocen algunos detalles no revelados sobre el caso del bebé encontrado en el penal de Puebla. Sin embargo, puntualizó que la investigación sobre su lugar de nacimiento y sobre quienes lo introdujeron al reclusorio todavía está en marcha. De momento, tampoco hay información disponible sobre sus padres y su paradero.

El 24 de enero, el Gobierno de Puebla a través de un comunicado informó que el gobernador Miguel Barbosa designó a Daniel Iván Cruz como nuevo titular de Seguridad Pública y a Jorge Pérez Melchor como subsecretario de Centros Penitenciarios. Quedan destituidos de su cargo Rogelio López Maya como secretario de Seguridad Pública y a Alfredo Vargas como subsecretario de Centros Penitenciarios.

¿Y luego?

La información disponible sobre este caso no es consistente. El presidente de la CDH afirmó en entrevista con Milenio que el cuerpo se encontró el 10 de enero. Es decir, un día antes de lo indicado en la información emitida por Reinserta y otras organizaciones que señalan al 11 como el día en que se localizó el cadáver. Sin un comunicado oficial, José Félix Cerezo Vélez reveló a ese medio que la CDH tuvo contacto con el preso que dio aviso del hallazgo, lo que permitió conocer las circunstancias en que este ocurrió. 

Por otro lado, Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, afirmó el 20 de enero en entrevista con Radio Fórmula que el bebé fue robado de la Ciudad de México, un dato que compartió también a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, detalló no contar aún con la información suficiente para determinar si la incisión del bebé se relaciona con un tema de drogas o con una cuestión médica. 

No obstante, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México publicó el mismo 20 de enero una serie de tweets. En ellos, revelaba haber iniciado la investigación para determinar si el cadáver se sustrajo de un anfiteatro de la capital. Según la dependencia, a pesar del rastreo interinstitucional no se cuenta todavía con una denuncia sobre desaparición o sustracción del cuerpo de un menor de edad.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó el 24 de enero sobre la aprehensión de 19 personas (personal del centro penitenciario, incluyendo niveles directivos) por el caso del bebé hallado en el CERESO de San Miguel. Los delitos por los que se les investiga son abuso de autoridad, incumplimiento del deber, infracciones a las leyes, así como por reglamentos sobre inhumaciones, exhumaciones y encubrimientos.