Si Morena no gana la presidencia en 2024, ¿se acabarán los programas sociales? Le preguntamos a un experto y esto es lo que nos dijo.

¿Se acabarán los programas sociales si Morena pierde las elecciones de 2024? Las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad permanente e hijos de madres trabajadoras, han determinado el plan de desarrollo de Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿los programas son propiedad exclusiva de Morena o son un derecho fundamental para la población?

A menos de un año de terminar con el gobierno de López Obrador, las pensiones gubernamentales se han convertido en uno de los principales determinantes de campaña para las próximas elecciones de 2024. Entre las 20 reformas a la constitución propuestas por AMLO y las declaraciones de las candidaturas a la presidencia de México, es decisivo resolver la incertidumbre. ¿Es posible que me quiten mi pensión si no gana Morena? 

¿Si Morena pierde la elección de 2024, me quitarán mi pensión? 

A partir de 2019, el gobierno de López Obrador puso en operación el programa “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, que consistió en dar un apoyo inicial de mil 275 pesos mensuales para adultos mayores. Para 2022 y 2023, el monto del apoyo fue de mil 925 y dos mil 400 pesos mensuales, respectivamente. Pero, ¿esto significa que las pensiones le pertenecen a Morena?

Para resolver la preocupación de las beneficiarias y beneficiarios de los programas sociales del gobierno, el abogado y especialista en Derecho Civil, Penal y Constitucional, Julio Santos Lozano, explicó en una entrevista para Serendipia que los programas sociales son derechos humanos que se fundamentan con la Constitución Mexicana. 

“Se ha dado a entender a la población que si cambia el régimen gubernamental, es decir, el partido, ya no les pagaran las pensiones. Lo cual es completamente falso, porque al estar reconocidas por la Constitución, es una obligación del Estado cumplir con las prestaciones que la misma Carta Magna establece”, explicó Santos Lozano. 

Según el especialista, los programas sociales no son exclusivos de ningún gobierno. Durante cada sexenio, los mandatarios ejercen una política de desarrollo para integrar sus planes de gobierno. No obstante, las pensiones para personas adultas mayores y personas con discapacidad permanente, tienen antecedentes en México desde el 2003. 

Los programas sociales no son de Morena

Desde 2003, se han implementado pensiones para población vulnerable y adultos mayores en México. Si bien, el primer antecedente de los programas fue iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, durante su administración como alcalde del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), los cambios en el Programa de Pensiones han evolucionado de acuerdo con las administraciones gubernamentales. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los cambios en el Programa de Pensiones desde 2003, han sido los siguientes: 

• 2003: Se implementó un programa de transferencia monetaria para adultos mayores de 68 años en el Distrito Federal, con Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Distrito. Este modelo se replicó en otros estados del país. 
• 2004: Durante la presidencia de Vicente Fox (2000 a 2006), el programa pasó a ser de carácter federal, bajo el nombre de “Programa de Atención a los Adultos Mayores” y estaba dirigido a personas mayores de 60 años en áreas rurales marginadas. 
• 2007: Durante el sexenio de Felipe Calderón, se publicaron las Reglas de Operación del “Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años o más residentes en zonas rurales”, un apoyo exclusivo para zonas marginadas y adultos sin pensiones de otras instituciones. 
• 2011: Reformas de la constitución para integrar las normas protectoras de los derechos humanos y su integración en el programa “70 y más”.
• 2013: Durante el sexenio de Enrique Pena Nieto, se convirtió en el “Programa de Pensión para Adultos Mayores” para mayores de 65 años sin ingresos de jubilación de otras instituciones. 
• 2019: En el gobierno de López Obrador, el programa pasó a ser responsabilidad de la Secretaría del Bienestar, bajo el nombre de “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores“. 

Santos aseguró que existen derechos adquiridos y derechos reconocidos que no pueden dejar de efectuarse sin pasar por un complejo proceso de reforma. “No van a dejar de ejecutarse por el cambio de administración. Esto no va a pasar. Todo el gobierno que llegue o permanezca, cualquiera de los partidos, tiene la obligación de cumplirlos”. 

La pensión no le pertenece a Morena, es un derecho fundamental

Al ser un derecho humano plasmado en la Carta Magna, no es posible hacer cambios sin que se reformen los artículos constitucionales. Las reformas suponen un proceso delicado que involucra los tres poderes de la federación, según explicó Julio Santos.

“No debe de haber ningún temor por parte de la ciudadanía de que terminen con este tipo de beneficios sociales, porque están reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

El 8 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformaría el artículo 4 de la Constitución. La reforma establece los siguientes derechos para los beneficiarios: 

1. El Estado proporcionará apoyo económico a personas con discapacidad permanente, con prioridad para los menores de dieciocho años, indígenas, afromexicanos y personas en situación de pobreza.
2. Personas mayores de sesenta y ocho años, y a partir de los sesenta y cinco para indígenas y afromexicanos, tienen derecho a recibir una pensión por parte del estado.
3. Se establece un sistema de becas para estudiantes de todos los niveles escolares en el sistema público de educación, con énfasis en familias en situación de pobreza. 

El apoyo económico para las personas adultas mayores es un derecho constitucional. No obstante, Morena sí implementó reformas significativas. Entre ellas, la pensión dejó se ser limitada para los adultos mayores de zonas rurales sin pensiones de otras instituciones. 

Además, el artículo establece que el monto de la pensión debe incrementar gradualmente conforme a los presupuestos del gobierno.