CompraNet, el sistema de compras públicas del gobierno de México, está suspendido desde el 15 de julio: hace una semana. Hasta ahora, la SHCP no ha respondido preguntas básicas como cuáles fueron las fallas que desembocaron en esta suspensión, cuál es el estado de la información pública contenida en ese sistema o cuál es su plan de contingencia ante esta situación. 

El sistema de compras públicas de México, CompraNet, cumple una semana suspendido. El 18 de julio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer por medio de un comunicado que habían sido detectadas fallas “en la infraestructura que hospeda dicha plataforma, limitando con ello su operación”.

Pero en las tres páginas del documento firmado por Luis Carlos Jaso García, titular de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de esta dependencia, no son descritas esas fallas ni sus consecuencias, así como tampoco se detalla el plan de contingencia de la dependencia para afrontar esta situación. De esta manera, hasta ahora es imposible conocer qué provocó las fallas y cuál es el estado de la información almacenada en ese sistema.

“El comunicado no ayudó a generar confianza (…). Que el gobierno no tenga una respuesta clara de qué pasó por lo menos en las primeras 72 horas te hace (pensar) que hay un asunto de mayor atención sobre el tema”, dice Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. 

Los sistemas tecnológicos fallan, coinciden Bohórquez y Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INA), pero “sería muy sano que fueran más específicos sobre qué fallas técnicas presenta, que fuera un dictamen completo y de manera alterna hubiera otro mecanismo para visualizar los procesos de contratación que vendrán en estos días”, dice la comisionada. 

Este medio digital solicitó a la oficina de Carlos Jaso y a la Unidad de Comunicación Social de la dependencia una entrevista o una comunicación oficial para aclarar estos puntos, pero hasta el cierre de edición de esta publicación no ha sido recibido respuesta. 

CompraNet no fue creado como una herramienta de acceso a la información pública

El sistema de compras públicas de México fue creado en 1996 por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para “simplificar, modernizar y dar transparencia a los procesos de contratación de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”. Esto después de que la dependencia analizara cómo mejorar los procesos de contratación pública, tomando en cuenta que entre 25 y 30 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en ese entonces era destinado a compras públicas.

El objetivo original de CompraNet era “que las empresas pudieran subir su información de manera electrónica y que la operación se diera a través de medios digitales (…) que puedas conducir toda la operación entre quien vende y quien compra sin que intervenga una persona”, dice Eduardo Bohórquez. 

A partir de 1997 todas las dependencias y entidades tienen la obligación de cargar las convocatorias, bases de licitación, notas aclaratorias, actas de juntas de aclaraciones, fallos y datos relevantes de los contratos en CompraNet. 

Es decir, CompraNet fue concebido como un sistema para facilitar la participación de las empresas en las contrataciones gubernamentales. Pero 26 años después, es común que este sistema sea utilizado por periodistas e investigadores para encontrar y analizar datos sobre compras públicas. 

Hacia 1999 fue tomada la decisión de aprovecharlo también como un sistema de información pública, de acuerdo con Bohórquez. Esto, de acuerdo con el sitio web oficial de CompraNet, le permite a la ciudadanía “contar con un mecanismo integral, transparente, en todo momento auditable y de amplia difusión de rendición de cuentas a la sociedad (…). Por primera vez, cualquier ciudadano puede conocer datos como cuánto gasta el Gobierno en bienes, servicios, arrendamientos y obra pública; cuáles dependencias y entidades están realizando un proceso de compra, bajo qué procedimiento se realizan las contrataciones, cuáles empresas participan en los concursos y cuáles son las ganadoras, y si se presentó alguna inconformidad en determinado proceso, o si algún proveedor o contratista ha sido sancionado”.

Por eso es necesario “que haya una respuesta inteligente, articulada, abierta y que se restablezca a la brevedad la operación y la continuidad de operaciones”, dice Eduardo Bohórquez. 

“Esta suspensión no garantiza que la información relacionada con estos procesos (de contratación) esté a la mano, sea accesible y verificable”, dice la comisionada del INAI Julieta del Río en entrevista con Serendipia. Además, menciona que en los próximos días el instituto podría tener un acercamiento con la SHCP para dialogar sobre qué mecanismo alterno va a utilizar la dependencia mientras el sistema es restablecido.   

Esa es la razón por la que tanto organizaciones de la sociedad civil como MCCI, organismos descentralizados como el INAI e instituciones como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) han publicado comunicados durante esta semana en los que expresan su preocupación por esta suspensión indefinida y urgen a la SHCP a restablecer el sistema CompraNet. 

CompraNet y el periodismo: desde contratos a sobrecosto hasta malas prácticas de contratación

Los datos resguardados en CompraNet, el sistema de compras públicas de México, han servido como insumo para investigaciones periodísticas por medio de las cuales se han desvelado malas prácticas de contratación, adjudicaciones a empresas sancionadas o compras a sobrecosto.

Por ejemplo, Serendipia encontró que 43 instituciones federales adjudicaron contratos para adquirir cubrebocas por 118 millones de pesos entre enero y septiembre de 2020, durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Los precios unitarios van desde uno hasta 400 pesos y hubo instituciones como el INAI, el  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Diconsa que adquirieron estos productos a precios superiores al promedio, que fue de 58 pesos por pieza. 

Este medio digital y PODER Latam presentaron en septiembre de 2020 el proyecto Compras COVID, una plataforma que permite visualizar cuánto y cómo gasta el gobierno federal en la lucha contra la pandemia por COVID-19. El micrositio recopila todos los contratos disponibles en CompraNet y los detalles de cada contrato, también disponibles en ese sistema. Compras COVID fue actualizado por última vez el 11 de julio, antes de que el sistema fuera suspendido de manera indefinida. 

PODER Latam utilizó CompraNet, entre otros, para el proyecto “El Negocio del Tren Maya”, en el que encontró que “entre 2019 y 2020 se han gastado casi 67,000 mdp en 150 contratos para la planeación, preparación, construcción, manejo de comunidades, difusión o divulgación del Tren Maya”, 70 por ciento de los cuales fueron adjudicaciones directas (es decir, no hubo competencia en los procesos de contratación). 

Además, la organización encontró por medio de la información publicada en CompraNet que las compras para esta megaobra del gobierno federal carecen de transparencia: “En Compranet no hay una categoría específica para encontrarlos (los contratos del Tren Maya). Además, en los nombres de proveedores, cuando se trata de consorcios, no aparecen todos los participantes”, de acuerdo con Claudia Ocaranza, coordinadora de Periodismo de PODER al momento de esa publicación.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) verificó en CompraNet el estado del contrato celebrado por el IMSS con la empresa Levanting Global Servicios LLC para adquirir dos mil 500 respiradores por dos mil millones de pesos, también durante la emergencia sanitaria por COVID-10. Esta compra fue cuestionada por el elevado costo de los equipos y meses después de haberla adjudicado, el Instituto la canceló por incumplimiento del proveedor. La empresa es propiedad de Baldemar Pérez Ríos, quien fue “sentenciado por juez federal en julio de 2017 en Estados Unidos por haber servido de supuesto testaferro en el fraude millonario de una compañía ‘fantasma’ que engañó a inversionistas estadounidenses e intentó estafar a Pemex”, de acuerdo con la investigación de MCCI.