El trabajo infantil en México continúa como una deuda pendiente con la infancia, afectando a millones de niñas, niños y adolescentes que laboran en condiciones vulnerables pese a las leyes que deberían protegerlos.

El trabajo infantil en México es una de las problemáticas más persistentes y alarmantes que enfrentan los derechos humanos en el país. A pesar de los avances en legislación y programas gubernamentales, millones de niñas, niños y adolescentes aún se ven obligados a trabajar en condiciones inapropiadas para su edad. Esto no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que perpetúa ciclos de pobreza, exclusión y desigualdad que afectan su desarrollo físico, emocional y educativo.

En 2022, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del Instituto nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que 3.7 millones de menores de entre 5 y 17 años estaban en situación de trabajo infantil. Esta cifra representa el 13.1% de la población infantil en ese rango de edad, y aunque muestra una ligera disminución con respecto a años anteriores, evidencia que el problema persiste, particularmente en contextos marcados por la pobreza extrema y la falta de acceso a servicios básicos como la educación y la salud.

Realidades detrás de las cifras

El perfil de quienes laboran desde edades tempranas deja ver una clara tendencia: el 60.2% son niños y el 39.8% niñas. En términos de edad, casi la mitad (48.9%) tiene entre 15 y 17 años, mientras que el 40.4% tiene entre 10 y 14 años, y lo que es aún más alarmante, el 10.8% de los menores que laboran tiene entre 5 y 9 años.

Las actividades que realizan estos niños varían, pero suelen concentrarse en sectores donde predominan la informalidad, la precariedad y el riesgo: el sector agropecuario (33%), los servicios (23.2%) y el comercio (21.5%). Estos entornos no solo carecen de condiciones laborales adecuadas, sino que también exponen a los menores a situaciones de explotación, accidentes y violencia.

Causas estructurales

Entre los factores que agravan el trabajo infantil en México, la pobreza ocupa un lugar central. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), más del 40% de la población mexicana vive en situación de pobreza, y uno de cada tres personas en situación de pobreza extrema eran niñas, niños o adolescentes. Para muchas familias, el ingreso que pueda generar un hijo o hija representa una estrategia inmediata de supervivencia ante la falta de oportunidades.

La exclusión educativa también desempeña un papel clave. Las niñas y niños que trabajan muchas veces abandonan la escuela o presentan bajo rendimiento académico, lo cual limita sus oportunidades a futuro y alimenta un ciclo intergeneracional de pobreza. A esto se suman otros elementos como la desintegración familiar, la violencia doméstica y la normalización cultural del trabajo infantil, especialmente en comunidades rurales o indígenas.

Las consecuencias del trabajo infantil en México

Las secuelas del trabajo infantil son profundas y duraderas. Al asumir responsabilidades que no les corresponden, los niños ven restringido su desarrollo cognitivo y emocional. Su capacidad para jugar, socializar o simplemente vivir una infancia plena se ve comprometida. Además, la falta de acceso a la educación y a espacios seguros les impide desarrollar habilidades personales esenciales, como la autoestima o la toma de decisiones.

Otros riesgos asociados incluyen el aislamiento social, el abandono escolar, el contacto con ambientes peligrosos o delictivos y una mayor probabilidad de sufrir explotación o abuso. A largo plazo, estos menores tienen menos posibilidades de acceder a empleos formales y bien remunerados, lo que perpetúa la desigualdad y refuerza los márgenes de exclusión social.

El marco legal: entre el papel y la práctica

México cuenta con un marco normativo sólido en materia de protección infantil. La Constitución prohíbe el empleo de menores de 15 años y establece límites para los adolescentes que trabajan, incluyendo restricciones sobre los tipos de empleo y la duración de las jornadas. La Ley Federal del Trabajo refuerza estas disposiciones en su Título Quinto, al prohibir expresamente el trabajo en condiciones peligrosas o insalubres para los menores de 18 años.

Además, México ha ratificado convenios internacionales clave como el 138 y el 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen la edad mínima para trabajar y prohíben las peores formas de trabajo infantil, respectivamente. Sin embargo, la aplicación de estas normas sigue siendo limitada, sobre todo en regiones marginadas, donde la inspección laboral es escasa y las condiciones de informalidad prevalecen.

Acciones del gobierno: avances y retos pendientes

En los últimos años, el gobierno mexicano ha puesto en marcha distintas estrategias para combatir el trabajo infantil. La Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CITI) coordina esfuerzos entre distintas dependencias, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con acciones que van desde campañas de sensibilización hasta inspecciones focalizadas en sectores de alto riesgo.

El Plan de Trabajo CITI 2021–2024 contempla medidas como la reintegración educativa de menores, la identificación de contextos laborales peligrosos y el fortalecimiento de la protección social. 

Sin embargo, los desafíos siguen siendo enormes. Las políticas públicas requieren de una mayor inversión, coordinación interinstitucional efectiva y un enfoque territorial que considere las condiciones particulares de cada comunidad. Además, se necesita un esfuerzo constante por parte de la sociedad para reconocer y denunciar el trabajo infantil como una violación grave de derechos humanos, y no únicamente como una costumbre o necesidad ineludible.

Una deuda pendiente con la niñez mexicana

Combatir el trabajo infantil en México exige un compromiso profundo y sostenido que involucre no solo al gobierno, sino también al sector privado, la sociedad civil, las comunidades y las familias. Es necesario entender que ningún argumento económico o cultural justifica la explotación infantil, y que permitir que los niños trabajen desde temprana edad es condenarlos a una vida marcada por la desigualdad y la falta de oportunidades.

Mientras millones de niños sigan trabajando en lugar de estudiar o jugar, el país tendrá una deuda pendiente con su infancia. Erradicar el trabajo infantil en México no solo es una obligación legal y moral, sino una condición indispensable para garantizar un futuro más justo, inclusivo y digno para todos.