Las madres buscadoras en México no son especialistas en criminología, tampoco son forenses ni arqueólogas. Muchas de ellas no sabían usar una pala, un equipo de rapel ni excavadoras. Pero sus hijos pertenecen a las 116 mil 172 personas desaparecidas en México y eso las obligó a aprender. 

“Al no encontrar respuesta por parte de las instituciones del Estado en la búsqueda de mi hijo, me vi en la necesidad de fundar el colectivo, con el ánimo de poder acompañarnos con otras familias que también viven la desaparición de un familiar, para que juntos en nuestras fuerzas y esfuerzos, busquemos a nuestros familiares”, dice María Luisa. Por eso existen grupos como Voz de los Desaparecidos en Puebla y Madres Buscadoras de Sonora, colectivos de personas que buscan a sus familiares con sus propias manos y recursos. Porque, a diferencia de las comisiones locales de búsqueda, estas agrupaciones no reciben dinero federal. 

El 13 de marzo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está “encontrando a muchas personas que estaban registradas como desaparecidas, porque se está haciendo una visita en todo el país casa por casa”, al explicar la metodología de su nuevo “censo de personas desaparecidas”. 

La realidad es que las madres buscadoras en México no confían en los registros ni carpetas de investigación de sus hijos desaparecidos. Colectivos como el de Madres Buscadoras de Sonora, han encontrado más de dos mil 700 cadáveres en fosas clandestinas y dos mil 300 personas con vida desde 2019, según dice Ceci Flores en entrevista con Serendipia. 

Además, mientras el gobierno asegura que están encontrando muchas personas que estaban registradas como desaparecidas, el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla intenta dar seguimiento a la investigación de sus hijos en el censo federal, pero “hemos rastreado a nuestros familiares y no están en el registro. En mi caso, busco el caso de mi hijo en particular y no tiene información actualizada, porque no hay contacto con el familiar”, explicó María Luisa, fundadora del colectivo. 

Las madres buscadoras en México no reciben información y ayuda por parte de las autoridades para localizar a sus hijos y el gobierno no da un reporte certero acerca de los casos de desaparición forzada en el país, pero ellas no se quedan en silencio. Como consecuencia ante la desatención y negligencia en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, madres, colectivos y familias se arman con picos, suben a sus autos y emprenden su propia búsqueda.  

Las madres y familias buscadoras en México inventaron la varilla “T” para cavar fosas

Los familiares del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla no reciben un peso de subsidios gubernamentales. María Luisa dice que, a veces, no les alcanza el dinero para hidratarse o comer adecuadamente, prefieren equiparse para la búsqueda. Para hacerlo, las madres no tocan puertas de casa en casa preguntando por sus hijos desaparecidos, saben que necesitan encontrar y cavar fosas clandestinas.

Cuando los familiares tienen un vehículo propio, comparten los gastos y manejan de madrugada para transportarse a la zona de búsqueda. Pero cuando las búsquedas son masivas, no es seguro que se transporten en tantos vehículos. “Logramos contratar una camioneta para 15 o 20 personas y nos cobran cinco mil pesos. Eso lo podemos hacer una o dos veces al año, porque ese dinero se cubre de las cooperaciones voluntarias de los familiares y personas solidarias”, dijo María Luisa en entrevista, justo al regresar de una búsqueda de madrugada en la sierra de Puebla. 

Después de cumplir con sus obligaciones, las buscadoras se organizan con otras madres y familias para programar el próximo viaje. Se preparan con un equipo que ellas mismas han comprado, entre palas, picos, areneros y hasta equipo de rapel. 

“Ocupamos el pico, pero también ocupamos machetes para ir limpiando el terreno por toda maleza que crece sobre las fosas clandestinas. También ocupamos cuerdas y material porque descendemos barrancas o escalamos. Guantes y lámparas cuando se acerca la noche, porque a veces se nos hace tarde”, y cuando la tierra está reblandecida, utilizan una herramienta inventada por las madres buscadoras en México. Se trata de la varilla “T”, un instrumento que permite cavar con más delicadeza, para después rascar y filtrar la tierra con areneros, y así separar los huesos más pequeños de sus hijos, como manos y falanges. 

En 2019, la primera auditoría de observación a la Comisión de Búsqueda Nacional por la ASF, indicó una serie de deficiencias en el control interno de la CNBP. Entre ellas resaltan las siguientes: 

1.  La ausencia de una metodología para identificar y prevenir riesgos
2. Falta de certificación de 69 servidores públicos en materia de búsqueda.

Mientras la Comisión de Búsqueda omitía (o ignoraba) las certificaciones, las madres buscadoras en México, como María Luisa, bajaban barrancos en Puebla sin cuerdas ni protección. 

La Comisión de Búsqueda del Estado de Puebla fue instaurada el 20 de junio de 2019. Desde ese momento, el colectivo solicitó el apoyo de las autoridades, pero la comisionada titular, María del Carmen Carabarin Trujillo, justificaba que “no alcanza el dinero”, explicó Maria Luisa. 

Así como en Puebla, las comisiones locales comenzaron a instaurarse de forma oficial a partir de la reforma a la Ley General en Materia de Desapariciones en 2017. En 2019, el presupuesto federal destinado para la búsqueda de las personas desaparecidas fue de 400.7 millones de pesos, y fue ejercido por la Comisión de Búsqueda Nacional, encargada de repartir los recursos fijos y dictaminar la bolsa concursable para las comisiones locales que la solicitaran. 

El presupuesto aumenta con las desapariciones en México, pero las madres buscadoras no reciben un peso

Las Comisiones de Búsqueda Locales están adscritas al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta institución federal es la encargada de coordinar acciones para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en México. Esto significa que las comisiones también realizan trabajo de campo e investigación, pero los colectivos de madres buscadoras en México hacen sus búsquedas de forma independiente. 

El dinero y los subsidios federales no son para las familias de las víctimas ni para los mismos colectivos. Según María Luisa, “los familiares no recibimos absolutamente ni un solo peso. Este recurso llega directamente a los gobiernos de los estados. Ellos lo aplican, ellos lo gastan, ellos justifican, pero los familiares no recibimos dinero”. Pero, según la auditoría federal de 2021, ni siquiera las Comisiones ejercen el dinero que debería utilizarse para buscar a las personas desaparecidas en el país. 

De acuerdo con la auditoría, en 2021 fueron transferidos 581 millones 941 mil 500 pesos para las 30 entidades que contaban con una Comisión Local de Búsqueda hasta ese momento. Al finalizar el ejercicio fiscal de ese año, los siguientes estados reintegraron un total de 121 millones 721 mil 500 pesos que no fueron gastados:

1. Jalisco, con 13 mil 351 personas desaparecidas y 149 fosas clandestinas.
2. Estado de México, con siete mil 543 personas desaparecidas y una fosa clandestina.
3. Nuevo León, con seis mil 367 personas desaparecidas y 90 fosas clandestinas.
4. Chihuahua, con tres mil 305 personas desaparecidas y 269 fosas clandestinas.
5. Guerrero, con tres mil 365 personas desaparecidas y 260 fosas clandestinas.
6. Aguascalientes, con 351 personas desaparecidas y 5 fosas clandestinas.
7. Ciudad de México, con cuatro mil 601 personas desaparecidas.
8. Guanajuato, con dos mil 918 personas desaparecidas.
9. Chiapas, con mil 211 personas desaparecidas.

Jalisco es la entidad con más registros de personas desaparecidas y no localizadas en el país. El Estado de México ocupa el tercer lugar, mientras Chihuahua y Guerrero se encuentran entre las primeras cuatro entidades con mayor número de fosas clandestinas, de acuerdo con los datos del mapa de hallazgos de la CNBP. 

Aunque estas entidades tienen la mayor cifra de desapariciones y fosas, entre los nueve estados devolvieron el 30.3 por ciento de los recursos totales que correspondían a las comisiones de búsqueda para buscar a sus personas desaparecidas. 

Mientras estas comisiones regresaban el dinero, la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla fue la única que recibió una mención especial en la auditoría, y fue por deficiencias en la aplicación de los subsidios. En 2021, la administración de Carabarin Trujillo rechazó las necesidades del colectivo Voz de los Desaparecidos, pero efectuaron la adjudicación directa de ocho contratos inmediatos de los que no se justificó una causa de fuerza mayor. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2021, la Comisión no tenía ningún impedimento para hacer una licitación pública en el tiempo requerido. 

El estado de Puebla no pertenece a las comisiones que reintegraron recursos. Esto significa que la Comisión sí ejerció el dinero durante el lapso auditado. Desde el inicio de la administración gubernamental, el número de reportes de personas desaparecidas y no localizadas ha incrementado en esta entidad. Comenzó con cuatro desapariciones en 2019, nueve en 2020 y, para 2021, incrementó otros 18 reportes. En 2023, el número de reportes de personas desaparecidas fue de 40. 

Hasta inicios de 2024, Puebla registra el hallazgo de 23 fosas clandestinas y un total de mil 862 personas desaparecidas o no localizadas, según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). 

Los recursos de Puebla se ejercieron, las desapariciones aumentaron y el colectivo Voz de los Desaparecidos no obtuvo un peso de los subsidios federales. 

No hay dinero, no hay información y no hay justicia, pero para AMLO es solo “política electoral”

Los datos de desaparición forzada en el país son recolectados por el RNPDNO. Las comisiones de búsqueda de las entidades federativas también deberían contar con un reporte de acceso a la información pública que detalle el número de personas funcionarias en su servicio, así como los cargos que desempeñan. 

Las madres buscadoras en México se formaron como trabajadoras o profesionistas, pero el abandono de las autoridades las orilló a aprender a buscar con su propio dinero y herramientas. Mientras ellas cavaban con instrumentos como la varilla “T”, las comisiones eran auditadas por la falta de certificación de sus servidores públicos. 

Para conocer el número de funcionarios en la CNBP, se realizaron solicitudes a las comisiones de búsqueda locales que carecen de información pública. Hasta la publicación, nueve comisiones no respondieron la solicitud. 

En 2024, el número de reportes de personas desaparecidas y no localizadas es de 116 mil 172. La suma total de funcionarios administrativos en las comisiones estatales de búsqueda que respondieron a la solicitud de información pública, es de 293. Si cada uno de los funcionarios del Sistema Nacional de Búsqueda tuviera que dar seguimiento a los reportes de desaparición en México, cada comisionado sería responsable de la búsqueda de 397 víctimas de desaparición forzada. 

Aunque el presupuesto para la CNBP ha aumentado desde su creación, las auditorías muestran que los recursos no se han utilizado de forma completa de forma injustificada. Ante la espera de la publicación de la auditoría del ejercicio 2023 para las Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el medio nacional EME EQUIS obtuvo un acuse anticipado de Función Pública, que indicaría un monto por aclarar de 49.9 millones de pesos por inconsistencias para la CNBP.

El “montaje frustrado” de las madres buscadoras ya alcanza las 116 mil personas desaparecidas en México

Desde junio de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado reunirse con distintos colectivos y grupos de familias y madres buscadoras en México. En marzo de 2024, María Guadalupe Aguilar, fundadora del Colectivo de Familiares por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (FUNDEJ), recibió el IX Premio de Derechos Humanos Rey de España. La respuesta del mandatario fue que “el rey de España recibe a todos los que van a quejarse”.

Un mes después, las acusaciones se dirigieron hacia Cecilia Flores, a quien ha rechazado desde julio de 2023 porque “hay mucha politiquería”. En mayo de este año, el presidente y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, calificaron el presunto hallazgo de un crematorio clandestino en la capital como un “montaje frustrado”. 

Para las madres buscadoras en México, el presupuesto destinado para la búsqueda de personas desaparecidas es un problema porque “ lo poco que había no lo ejercían y se tenía que devolver a la Federación”, aunque ellas mismas no reciben dinero ni subsidios federales. Esto es porque, sin el apoyo del gobierno, el acceso a la información y a las herramientas de las comisiones (que deberían contar asesoría especializada, como servicios forenses y laboratorios a los que las madres buscadoras no tienen acceso) es insuficiente. 

Desde lo más básico, como saber cuántas personas trabajan en las comisiones y si están certificadas. Como familiares de las víctimas, incluso es complejo acceder a la información y las carpetas de sus propios casos, según coincidieron las buscadoras Ceci Flores y María Luisa Núñez. 

“Si nosotros decimos que encontramos diez personas, ellos dicen que nada más son tres. En los medios anteriores se hablaba de que nada más eran 12 mil desaparecidos por parte de las autoridades. Con la presión de los colectivos, fue que reconocieron que había al menos 100 mil desaparecidos en el país”, explicó Ceci Flores para Serendipia, asegurando que no confía en los reportes del RNPDNO. 

En Puebla, María Luisa y el colectivo Voz de los Desaparecidos continúan con su lucha. El próximo 10 de mayo no celebrarán con una fiesta, una comida o una reunión. “Las madres de personas desaparecidas no tenemos a quién darle un abrazo”, dice la madre buscadora, que marchará en el zócalo de la ciudad, después de hallar a su hijo Juan de Dios sin vida en 2022. 

Para las madres buscadoras en México, para las familias y víctimas de desaparición forzada, el “montaje” del gobierno ya alcanza la cifra de 116 mil 162 personas desaparecidas en el país.