Más de la mitad de los candidatos a la Suprema Corte carece de carrera judicial, revela un informe universitario que también advierte sobre vínculos partidistas, falta de inclusión y poca transparencia en el proceso de elección.
Candidatos a la Suprema Corte sin experiencia en tribunales, con posibles vínculos partidistas y un proceso electoral excluyente: estas son algunas de las alertas que lanza el Primer Informe del Observatorio Universitario del Proceso de Elección Extraordinaria a la Suprema Corte de la Universidad Iberoamericana.
El análisis, presentado el 28 de mayo de 2025, pone bajo la lupa a los 64 perfiles que aspiran a convertirse en ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una elección inédita y rodeada de polémica. De entrada, el dato más llamativo es que el 58.7 % de las candidaturas no tiene carrera judicial. Es decir, no han ejercido funciones como jueces, magistrados ni dentro del Poder Judicial, pese a que buscan ocupar el cargo más alto dentro del sistema de justicia en México.
Jóvenes al frente del análisis
El informe fue elaborado por un grupo de estudiantes de diversas disciplinas: Ciencias Políticas, Comunicación, Derecho, Relaciones Internacionales, e incluso algunas ingenierías. Además de la Ibero, participaron alumnas y alumnos de la Universidad Anáhuac, la Universidad Panamericana y la UNAM.
Para desarrollar el diagnóstico, las y los integrantes del Observatorio revisaron más de 400 fuentes de información pública para evaluar la trayectoria, especialización, experiencia profesional y vínculos políticos de quienes buscan un asiento en el máximo tribunal del país.
Una de las candidaturas decidió no colaborar con el análisis, pero los otros 63 perfiles fueron evaluados.
¿Quiénes son los candidatos a la Suprema Corte?
Aunque el proceso busca ampliar la participación ciudadana, los hallazgos muestran un panorama poco alentador:
- Solo el 41.3 % de las candidaturas tiene carrera judicial.
- Entre los hombres, el 80.65 % no tiene carrera judicial; solo el 19.35 % sí la tiene.
- Entre las mujeres, el 62.5 % sí tiene experiencia judicial, pero el 37.5 % no.
- Más del 70 % carece de especialización en temas como medio ambiente, pueblos indígenas, desaparición forzada o personas con discapacidad.
“Nos dimos cuenta de que no conocíamos a la mayoría de quienes aspiran a juzgar los casos más importantes del país. Muchos no tienen experiencia ni información pública verificable”, explicó Camila Solís, estudiante de Ciencias Políticas y co-coordinadora del Observatorio, para Animal Político.
Solís también subrayó que el proceso de elección no garantiza condiciones equitativas ni accesibles para el electorado.
Campañas invisibles y redes sociales vacías
Otra de las observaciones relevantes del informe es el bajo nivel de visibilidad de las candidaturas. Apenas el 0.28 % del padrón electoral sigue a alguno de los aspirantes en redes sociales, que han sido su principal vía de comunicación al no contar con espacios en medios tradicionales como televisión o radio, ni con recursos para realizar eventos masivos.
Además, las redes sociales de muchos candidatos presentan problemas importantes:
- Se utilizan perfiles personales poco profesionales.
- Hay baja interacción con la ciudadanía.
- No existe una estrategia clara de comunicación digital.
Candidatos a la Suprema Corte con nexos partidistas
El informe también advierte sobre posibles vínculos con partidos políticos, una situación que pone en duda la imparcialidad de quienes pretenden ejercer como ministros.
Según el análisis, se identificaron las siguientes conexiones partidistas:
- 10 candidaturas con vínculos con Morena
- 8 con el PRI
- 3 con el PRD
- 2 con el PAN
- 2 con Movimiento Ciudadano
- 1 con el Partido Verde Ecologista
- 1 con el Partido Socialista Unificado de México
Además, algunos perfiles fueron calificados como “preocupantes” debido a denuncias por violencia de género o supuestos nexos con redes de poder y prácticas de nepotismo.
Los currículums presentados también carecen de estándares comunes. En muchos casos, no fue posible contrastar la información por la falta de criterios uniformes.
Un proceso sin inclusión
La falta de accesibilidad también fue un punto crítico en el informe. El Observatorio Universitario documentó que el proceso electoral no incluye boletas en braille ni intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, lo cual viola los derechos de participación política de personas con discapacidad.
El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que, debido a recortes presupuestales y a la premura del proceso extraordinario, no se habilitará el sistema braille en las boletas.
Como alternativa, el INE indicó que las personas que no sepan leer o que tengan impedimentos físicos podrán contar con el apoyo de una persona de confianza para emitir su voto. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por organizaciones civiles y académicas, que advierten que no garantiza el voto secreto ni la autonomía del sufragio.
¿Una elección democrática?
A pocos días de la jornada del 1 de junio, el balance del Observatorio deja más preguntas que certezas. ¿Quiénes son realmente los candidatos a la Suprema Corte? ¿Tienen la preparación necesaria para decidir sobre temas fundamentales para el país? ¿Cuáles son los riesgos de politizar el Poder Judicial a través del voto popular?
El informe no ofrece respuestas definitivas, pero sí enciende alarmas:
- La mayoría de las personas candidatas no tiene carrera judicial.
- Hay evidencias de vínculos partidistas y denuncias preocupantes.
- La ciudadanía no conoce a las personas candidatas, ni puede ejercer su voto de manera plenamente informada o accesible.
Las y los estudiantes que participaron en el Observatorio concluyen que el proceso, lejos de acercar el Poder Judicial al pueblo, podría debilitarlo si no se establecen reglas claras, perfiles idóneos y mecanismos de información para el electorado.
En este contexto, las decisiones que se tomen en las urnas el próximo domingo podrían redefinir el futuro del Poder Judicial en México. Por ello, el informe insiste en que es urgente fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en cada etapa del proceso. Porque los candidatos a la Suprema Corte deben estar al servicio de la justicia, no de los intereses políticos.
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