La desaparición del Coneval pone en riesgo la credibilidad de los programas sociales del Gobierno. “No somos un órgano constitucional autónomo”, denuncia el Consejo. 

La desaparición del Coneval pone en peligro la credibilidad de la medición de la pobreza en México. Con la aprobación de la reforma que busca desaparecer siete organismos autónomos, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) sería eliminado y el gobierno pretende que sea el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el que absorba sus funciones. 

Pero, ¿las funciones del Coneval realmente pueden ser absorbidas por el INEGI? La propuesta del ex presidente Andrés Manuel López Obrador tenía como argumento que los organismos autónomos duplican las funciones de otras dependencias e instituciones gubernamentales. En este caso, el Coneval emitió un comunicado en el que clarifica su postura respecto a su propia desaparición: 

“El Consejo no es un órgano constitucional autónomo, no existen funciones duplicadas con el INEGI y al trasladar fuera del ámbito de la administración pública federal las funciones de medición de pobreza y de evaluación de política social, se pone en riesgo la credibilidad de cifras fundamentales para la política de desarrollo social”. 

Este comunicado fue publicado por el Coneval el 26 de noviembre de 2024, aunque la iniciativa constitucional fue presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador hace más de nueve meses.  

Entonces, ¿qué es este Consejo si no es un organismo autónomo? La desaparición del Coneval podría ser un golpe para los datos abiertos y la transparencia de una de las problemáticas más severas para los mexicanos: la pobreza y la desigualdad. 

Si Coneval no es un organismo constitucional autónomo, ¿entonces qué es?

¿Cuál es la diferencia entre los organismos constitucionales autónomos y los organismos públicos autónomos? 

1. Los organismos constitucionales fueron creados o añadidos fundamentalmente en la Constitución y no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado mexicano. Esto quiere decir que cuentan con autonomía y no están subordinados a ninguna dependencia ni poder federal.
   • Por este motivo, son vigilantes o protectores de los derechos humanos de los mexicanos. 
2. Los organismos públicos pueden ser autónomos, como es el caso del Coneval, pero están subordinados a la administración pública federal porque atienden las necesidades del Estado y la sociedad, más allá de fungir como árbitros o vigilantes. 

Este es el argumento del Consejo ante la propuesta de su desaparición. El Coneval fue creado en 2004 con la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), que establece su creación como un “instrumento de coordinación de los programas, acciones e inversiones para que el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social se lleven a cabo”, dice el artículo 47.

Esto quiere decir que el Coneval tiene como principal objetivo consolidar las estrategias y programas de desarrollo social mediante sus informes y estudios sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México. 

Las funciones del Coneval son las siguientes: 

• Coordinar la evaluación de la política nacional de desarrollo social desde los programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas. 
• Establecer los lineamientos y los criterios para la definición, la identificación y la medición de la pobreza. 

Y de acuerdo con el comunicado de respuesta ante la desaparición del Coneval, el Consejo nunca entró en operación como un organismo constitucional autónomo. Hasta noviembre de 2024, mes en el que se aprobó la reforma de eliminación de estos órganos por parte de la Cámara de Diputados, el Coneval continúa ejerciendo sus funciones como organismo público. 

Coneval reveló que los programas sociales no benefician a los más pobres 

Si procede la desaparición del Coneval, ¿qué pasará con las mediciones de pobreza que están pendientes de publicar para 2025? Tal como ocurre con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), los estudios y datos abiertos del Coneval podrían quedar a la deriva ante la incertidumbre de la reforma y sus huecos argumentales. 

Entre los temas que este Consejo analiza, se encuentra la reciente publicación de los resultados del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez (PBBBJ). Esta evaluación reveló que el programa de gobierno no ha cumplido con el objetivo de beneficiar a los estudiantes más pobres de México. 

La evaluación de los programas y las políticas sociales buscan generar diagnósticos para mejorar la toma de decisiones del gobierno de México. Pero su manejo del presupuesto y políticas públicas parece ser intocable: mientras el Coneval estudiaba las carencias en el funcionamiento de apoyos como Sembrando Vida y el sistema de becas educativas, el poder Ejecutivo continúa destinando mayor presupuesto a sus programas favoritos. 

“Reiteramos nuestro interés en la interlocución con el Poder Legislativo y nuestra convicción de que el país requiere una medición de la pobreza confiable y técnicamente sólida y una evaluación rigurosa de los programas y acciones de desarrollo social, para garantizar los derechos sociales de las y los mexicanos”, concluye el posicionamiento del Consejo.