Audiencia de la reforma judicial en la CIDH revela irregularidades del Estado mexicano: fue aprobada en fast track y “a ciegas”, sin diagnóstico. 

Una audiencia de la reforma judicial en la CIDH revela que el Estado mexicano no hizo un diagnóstico para aprobar la reestructuración del Poder Judicial. A ciegas, en fast track y con la justificación de que el Poder Judicial ha “liberado delincuentes” y actuado sin perspectiva de género, la reforma propuesta por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y promulgada el 15 de septiembre de 2024, no cuenta con un diagnóstico que certifique todas las mejoras que promete. 

El 12 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo la audiencia para analizar la recientemente aprobada reforma al Poder Judicial en México. Con la presencia de defensores del Poder Judicial y representantes del Poder Ejecutivo y del Estado, la CIDH determinó que “buscar la democratización de la justicia no puede ir en contra de otro principio básico del sistema interamericano, que es el de la independencia judicial”. 

Pero la perspectiva de la presidenta Claudia Sheinbaum es distinta. En su conferencia mañanera, dijo que le “llamaba la atención” la rapidez con la que la CIDH decidió discutir la reforma de López Obrador. “Hay casos que van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tardan años para poderse atender y ahora esta reforma al Poder Judicial no tardó ni semanas. ¡Cuánto interés!”, expresó. En México, la reforma no tardó ni una semana en aprobarse desde que llegó a las minutas del Legislativo. 

La CIDH exige al gobierno demostrar el diagnóstico de la reforma judicial

La discusión de la reforma judicial en la CIDH terminó con las conclusiones de la comisionada Andrea Pochak. En su dictamen inicial, pidió al Estado mexicano justificar la forma en la que pretenden garantizar que “el crimen organizado o los intereses políticos no interfieran en el proceso electoral”. Ya que sin un diagnóstico comprobable, todas las promesas resultaron ambiguas. 

“La Comisión Interamericana está evidentemente preocupada por esta situación”, aclaró. Según Pochak, la CIDH todavía no puede intervenir desde otras aristas, ya que primero deben agotar los recursos internos en México.  

“Por supuesto sabemos que nuestra intervención en el asunto todavía no ha mostrado todas las posibilidades y todas las potencialidades que tiene el sistema interamericano, tiene un sistema contradictorio y contencioso que puede utilizarse cuando se hayan agotado todos los recursos internos y eventualmente la Comisión va a intervenir de otra manera”, concluyó Pochak. 

La reforma judicial fue aprobada en fast track y a ciegas: admiten que no existe un diagnóstico

Pero, ¿cuál fue el motivo de las declaraciones de la CIDH ante la reforma? Durante la audiencia, el representante del Estado mexicano y director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, José Antonio Montero, fue cuestionado por los magistrados y jueces que presentaron sus preocupaciones ante la Comisión Interamericana. 

En la intervención, preguntaron si existió un diagnóstico para garantizar que los Derechos Humanos de los mexicanos no serán vulnerados con la reforma y las elecciones judiciales. Principalmente, si toda la estructura del cambio constitucional cuenta con un fundamento verídico y comprobable. 

La respuesta del Estado mexicano fue sencilla, como todas las que ha rendido desde la discusión en fast track de la reforma. Tal como estimaron los magistrados, Montero respondió que “no existe un diagnóstico”. 

Sin embargo, también se justificó, asegurando que desde el 2017 hay análisis, diagnósticos y artículos que establecen la “necesidad de reformar al Poder Judicial”. Pero no dio una sola fuente de los presuntos estudios que respondieran satisfactoriamente la preocupación de los delegados. 

“Han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes, han dictado sentencias sin perspectiva de género, han legalizado el despojo de tierras de pueblos indígenas y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales federal y de los estados”, concluyó el consejero jurídico del Gobierno de México. 

Pero, ¿dónde están las fuentes y diagnósticos que verifiquen la opinión del Ejecutivo?

“La democracia muere en la oscuridad”: denuncian ante la CIDH

Durante la intervención de los consejeros y delegados en la audiencia de la reforma judicial en la CIDH, se denunció la falta de diálogo por parte del Gobierno de México. De hecho, calificaron sus acciones como “antidemocráticas”

“Hubo una constante simulación de diálogo por parte del Congreso mexicano. No fuimos escuchados. Es hasta hoy que se produce el primer ejercicio de interacción con el Estado fuera del país”, expresó Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito Mexicanos.

Además, presentaron las siguientes tres principales preocupaciones de la reforma judicial en la CIDH:

1. La destitución masiva de personas juzgadoras: de acuerdo con Fuentes Velázquez, la reforma justifica una “purga masiva de juzgadores” bajo un argumento de corrupción generalizada. Según sus declaraciones, esto no ha sido respaldado ni por pruebas ni por denuncias. 
2. Elección de jueces por voto popular: según los comisionados, el nuevo proceso de selección y nombramiento por voto popular no garantiza la selección de candidatos “idóneos e independientes, ya que los requisitos para participar en el proceso electoral no consideran la experiencia judicial ni la formación académica”.

Asimismo, “se abre la puerta a intereses políticos, económicos e incluso criminales, no siendo el pueblo quien elija a los jueces, sino los poderes Ejecutivo y Legislativo”. 

3. La creación de un tribunal de disciplina judicial: para los jueces, representa una seria amenaza para la independencia judicial y para la libertad de criterio de las personas juzgadoras. “Prueba de ello es el desacato a las resoluciones judiciales y la persecución y ataque a personas juzgadoras”, se expresó en la discusión de la reforma judicial en la CIDH.

Como conclusión, la Comisión Interamericana determinó que el Estado mexicano debe mostrar el diagnóstico de la reforma judicial. En los próximos días, la CIDH continuará supervisando el avance del proceso electoral. 

“La democracia muere en la oscuridad, y el primer paso hacia esa oscuridad es el control de la justicia”, fue la denuncia de los jueces en la audiencia.