Nadie sabe en dónde están desde hace mil 96 días. Entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron. La PGR ha acumulado un expediente de más de 139 mil fojas, ha gastado al menos 81 millones de pesos y ha desplegado 650 operativos de búsqueda durante tres años de investigación. Pero las cifras palidecen ante un hecho: el paradero de los normalistas todavía es desconocido.

Mario César González Contreras es originario de Huamantla, Tlaxcala. Mario César no sabe en dónde está su hijo, César Manuel González Hernández, desde hace tres años. César Manuel es uno de los 43 normalistas que desaparecieron el 26 o 27 de septiembre de 2014, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Imagínese que usted es de otro estado y llega a un lugar con gente con diferentes costumbres y buscando a su hijo por mandarlo a estudiar, porque él quería seguir estudiando”, dice Mario César. Durante los últimos tres años, este hombre, como el resto de los padres y madres que buscan a sus hijos,  ha repetido una y otra vez la misma pregunta: ¿En dónde están los muchachos?

La respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) no ha cambiado: hay avances en la investigación, pero nada sobre el paradero de los normalistas.

El presidente Enrique Peña Nieto reconoce los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 como un momento crítico de su administración: “fue muy lamentable lo que ocurrió con los jóvenes desaparecidos (…), se ha realizado una investigación como nunca, con tanta gente y tanto personal involucrado”. Así lo dijo en una entrevista con el diario El Universal, publicada el 31 de agosto pasado. El ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, también se refirió a esta como “una de las investigaciones criminales más grandes de que se tenga memoria”.

Documentos públicos y solicitudes de información han hecho posible conocer una aproximación de la magnitud de la investigación del caso Ayotzinapa: cuántos peritos han estado involucrados, cuánto dinero ha gastado el Gobierno federal y  en dónde han sido realizadas las búsquedas. Para conocer esta información, da click aquí.

Pero la magnitud no es suficiente: “De todas esas investigaciones, de tantos millones (de pesos) de gastos, yo quisiera preguntarles, ¿dónde están los muchachos?”, dice el padre de César Manuel González. Nadie le puede responder.

PADRES E HIJOS EN EL LIMBO

Ausente, de acuerdo con la Real Academia Española, es “una persona de quien se ignora si vive todavía y en dónde está”. En México, el artículo 669 del Código Civil Federal establece que después de dos años de no tener noticias sobre su paradero, una persona podrá ser declarada como ausente.

El artículo 705 de este código establece seis años a partir de la declaración de ausencia como el plazo para presumir la muerte de la persona. Es decir que existe un periodo de ocho años entre el momento en que una mujer o un hombre desaparece y el momento en el que su muerte es declarada. Mientras tanto, el desaparecido no está, pero tampoco es posible afirmar que ha muerto.  

En el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de la Secretaría de Gobernación (Segob) hay, hasta julio de 2017, mil 205 casos del fuero federal -en el que están incluidos los normalistas de Ayotzinapa- y 32 mil 277 del fuero común. En total, 33 mil 482 personas desaparecidas.

La ausencia de “los 43”, sin embargo, es un parteaguas en la sociedad mexicana.

El caso Ayotzinapa “es una fractura sobre otras fracturas, porque se articula con el movimiento estudiantil del 68, en donde los padres -aunque hayan sido pocos y en muy poco tiempo- salieron a buscar a sus hijos y no los encontraron, nunca se supo (qué había pasado) y la explicación quedó ahí”, dice Manuel González Navarro, presidente de la Sociedad Mexicana de Psicología Social.

Desde el 2 de octubre de 1968 han transcurrido casi 49 años; desde el 26 de septiembre de 2014, tres años y un día. Ambos casos comparten, al menos, una característica: la incertidumbre.

Manuel González considera que estos acontecimientos generan un ambiente de incertidumbre acumulada, y que al no existir una explicación oficial, los ciudadanos pierden la confianza y construyen su propia versión de los hechos.

Además existe “un estado de vulnerabilidad, de zozobra, de desánimo”, dice Rogelio Flores Morales, psicólogo investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en desapariciones forzadas y víctimas de guerra. Para el investigador, estas heridas sociales desembocan en la normalización de la violencia, en la apatía ante hechos similares, por el miedo que provoca conocer las alianzas existentes entre las autoridades y los grupos criminales.

Y los familiares de los estudiantes desaparecidos, ¿cómo conviven con la falta de respuestas?

La respuesta del señor Mario César González es contundente: “No tenemos vida; no estamos muertos, pero tampoco estamos vivos”.

Rogelio Flores Morales trabaja de manera directa con familiares de personas desaparecidas. En su experiencia, “los padres reaccionan con enojo, rabia e indignación por el dolor de la desaparición”.

Sobre el tratamiento psicológico, Flores Morales dice que el acompañamiento psicológico tiene efectos positivos en los familiares, pero es un bienestar efímero, es un tratamiento paliativo. De acuerdo con el psicólogo, lo que solucionará el trauma de manera definitiva es que a los padres les digan “encontramos a sus hijos”.

Esto, para David Velasco Yáñez, es una tortura continuar. El investigador del departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) dice que cada día de los últimos tres años, los familiares de los normalistas han sido sometidos a un trato indigno por no tener acceso a la verdad.

Tres años después, el padre de César Manuel González sigue exigiendo justicia, verdad, y castigo a los asesinos: “Encontrar a mi hijo”.

¿TRANSPARENCIA? A MEDIAS Y BAJO PRESIÓN

La investigación de las desapariciones también está en el limbo. Al menos la versión pública que permitiría rastrear los pasos que ha seguido la PGR.

La última actualización de un documento público que dé cuenta de las acciones realizadas  y los recursos invertidos en la investigación del caso Iguala fue hecha el 8 de junio de 2016, cuando la PGR publicó el informe basado en la averiguación previa. Desde entonces, el organismo no ha publicado nada más.

Cuando este informe fue colocado en el sitio web de la PGR, Arely Gómez González encabezaba el organismo. Han transcurrido 15 meses desde entonces y 11 desde que Raúl Cervantes Andrade asumió la titularidad de la PGR. Durante casi un año, ni la versión pública de averiguación previa ni el informe han sido actualizados.

“No hay ningún compromiso con la transparencia; el compromiso responde a presión internacional y a presión mediática”, dice Esteban Illades, periodista y autor del libro La noche más triste. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La PGR reconoce que la versión pública de la averiguación previa fue publicada “con el objetivo de garantizar el derecho al acceso a información de la ciudadanía, y en atención a la resolución de un Recurso de Revisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales” (INAI).

Esto quiere decir que en ese momento, uno o varios ciudadanos solicitaron conocer la averiguación previa y la PGR se negó a abrir la información. El o los solicitantes interpusieron un recurso de revisión ante el INAI y este organismo autónomo le ordenó a la PGR entregar una versión pública de la averiguación previa; es decir, los datos personales y la información que pudiera poner en peligro la investigación podía ser testada.

Y así fue. Pero más de un año después, y a pesar de reconocer esta investigación como la más importante de los últimos tiempos, la PGR no ha actualizado la información pública al respecto.

¿Por qué es importante que lo haga? Como este medio pudo constatar, la falta de información pública que provenga de la fuente directa -es decir, la PGR-, crea confusión.

En el caso de los operativos de búsqueda, el Informe de la PGR reporta 650. No obstante, funcionarios del Gobierno federal han declarado que la cifra es mayor: Tomás Zerón de Lucio ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, dijo que han sido realizadas más de 800.

Para obtener la cifra correcta y el detalle de cada operativo, Serendipia dirigió la solicitud de información con número de folio 0001700188917 a la PGR por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia. La información solicitada fue un reporte por cada una de las acciones de búsqueda o, en su defecto, una relación en la que estuvieran incluidos todos los operativos.

El organismo respondió el 31 de julio que el total de acciones de búsqueda está disponible en el “Informe del Caso Iguala” y en el expediente publicado en el sitio oficial de la PGR.  

Illades dice que al hacer públicos tanto el informe como la versión pública de la averiguación previa, la popularidad del Gobierno federal empezaba a caer a los niveles más bajos en el sexenio. Una vez que la demanda de información cesó, la liberación de versiones públicas también lo hizo porque el gobierno “no tiene interés de seguir dando información, ha resultado muy golpeado”, dice el periodista.

LA NECESIDAD DE RECORDAR

El 26 de septiembre de 2014, los normalistas de Ayotzinapa tomaron autobuses como lo habían hecho al menos 24 veces durante el año anterior, de acuerdo con la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes(GIEI). También pidieron dinero por medio de boteos. Asistirían a la marcha del 2 de octubre de 1968 en la capital del país.

Y es en la conmemoración en donde ahora ambos hechos encuentran otra característica compartida.

“Conmemorar es vital. Hay quien piensa que es una necedad, cuando en realidad es una necesidad: se hace para que no se repitan esas atrocidades”, dice Rogelio Flores.

Pero se repitió.

El 27 enero de 2015, la PGR intentó explicar qué había sucedido durante la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27 de septiembre del mismo año. El entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam describió durante una conferencia de prensa la forma en que los estudiantes habrían sido “privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río (San Juan). En ese orden”.

A esto, el exprocurador lo bautizó como “la verdad histórica”, un término legal que hace referencia a la explicación que establece, sin lugar a dudas y por medio de la acumulación de pruebas irrefutables, lo sucedido en un tiempo y lugar determinados. Los peritajes independientes del GIEI y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) probaron que esta teoría no tiene sustento científico.

“La respuesta del gobierno federal fue despreciada inmediatamente como verdad y como histórica”,  dice Manuel González Navarro. De acuerdo con el psicólogo, a partir de la divulgación de esa explicación, los ciudadanos construyeron su propia versión, que implica la complicidad entre grupos de narcotráfico, y los funcionarios estatales que no ha podido ser desmentida, y al no serlo, en la cultura popular queda como una gran verdad.

Rogelio Flores habla de gatopardismo judicial: “hacen como que trabajan, hacen como que están investigando, hacen como que toman en serio la investigación, hacen como que están preocupados, pero los resultados son completamente contrarios”.

En esta, la que el Gobierno federal describe como la investigación más grande y en la que ha invertido más recursos, aún no hay certezas. Ayer, 26 de septiembre, los padres de los normalistas marcharon una vez más en la capital del país. Y seguirán marchando, hombro a hombro con todas las personas que deseen acompañarlos, hasta que encuentren a sus hijos.

Mario César González no lo duda. “Yo no comprendería que un padre dijera ‘no encuentro a mi hijo, pero ya me voy para mi casa’”. El hombre asegura que la dignidad y el gran amor hacia sus hijos son el motor que les dice “que tenemos que seguir luchando por ellos”.