A tres meses de vencer el plazo de cumplimiento para que el Estado Mexicano cumpla las 15 medidas de reparación y de no repetición, sólo se han cumplido 2 de estas.
Hace 22 años, la defensora de Derechos Humanos Digna Ochoa y Plácido fue asesinada por tres tiros de bala en su despacho, en la Ciudad de México. Pero tras nueve años de indagaciones, la fiscalía capitalina dejó de investigar y concluyó que se trató de un “suicidio simulado”.
En enero de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció al Estado mexicano por la investigación “absolutamente deficiente” del caso y ordenó realizar 15 medidas reparatorias y de no repetición del caso, a más tardar en enero de 2024.
Entre las medidas se encuentran las siguientes:
- Continuar las investigaciones que esclarezcan el asesinato de Digna y se lleve a la justicia a los responsables.
- Crear un Protocolo especializado para la investigación de ataques contra las defensoras y defensores de derechos humanos.
- Promover una iniciativa de reforma constitucional para dotar de independencia a los Servicios Periciales.
Sin embargo, a la fecha sólo se han cumplido dos de los 15 puntos, una disculpa pública y el cambio a los nombres de dos calles por el nombre Digna Ochoa y Plácido, señalan abogados del caso.
Sin avances en el caso de Digna Ochoa
En 2022, el Estado mexicano reconoció haber realizado una investigación “absolutamente deficiente” del caso Digna Ochoa. Pero, hasta el momento, sólo ha ofrecido hasta el momento una disculpa pública y una calle para reparar el daño y evitar que se repita un crimen así.
Así lo refieren los abogados David Peña y Karla Michel Salas, respectivos Coordinador y directora del Grupo de Acción AC y abogados del caso. En una conferencia de prensa, en el aniversario del asesinato de la defensora, dieron un balance del cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH.
“Uno fue el acto de disculpa pública, bastante emotivo, y el segundo fue el cambio de nombre a la calle Digna Ochoa. Esas dos acciones de la sentencia son las únicas que se han cumplido de la sentencia” explicó Peña. Ambas acciones se dieron en en mayo de este año
Entre los puntos más importantes pendientes de cumplirse esta el esclarecimiento del asesinato de Digna. Aunque la Fiscalía capitalina reabrió el caso Digna Ochoa en mayo de 2023, no se reportan avances en la investigación.
Sobre este punto, destacó Salas; “Uno de los primeros obstáculos a los que nos hemos enfrentado es el transcurso del tiempo. Han pasado más de 20 años y algunos de los perpetradores que se identificaron ya han sido asesinados o han muerto en condiciones extraña”.
Otra medidas pendientes de cumplirse es la creación de un protocolo especializado para la investigación de ataques contra las defensoras y defensores de derechos humanos. Así como un plan de fortalecimiento del “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. Una tercera medida es promover una iniciativa de reforma constitucional para dotar de independencia a los Servicios Periciales.
El plazo para cumplirse estos puntos vence en enero de 2024. Sin embargo, se desconoce el avance de cumplimiento: “No hemos tenido mayores noticias en el proceso de cumplimiento de la sentencia, tenemos muy poca información del trabajo que se esté haciendo”, señaló Lesly Guerrero, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
¿Quién es Digna Ochoa?
Digna Ochoa y Plácido trabajó como abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Acompañó jurídicamente casos de violaciones contra los derechos humanos, en el ámbito nacional e internacional. Por su labor, fue reconocida nacional e internacionalmente, entre otros, por Amnistía Internacional.
Entre los casos que acompañó jurídicamente está la Masacre de Aguas Blancas de 1995, donde 17 campesinos fueron asesinados por la policía estatal de Guerrero. También acompañó el caso de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, campesinos detenidos arbitrariamente y torturados por militares en 1999; debido a su labor de defensa de los bosques de Guerrero ante la tala ilegal.
Previo a su asesinatos, había recibido amenazas de muerte y dos secuestros en 1999. Aunque Digna solicitó al Estado mexicano protección y que se investigaran las agresiones, esto nunca pasó. Así lo concluye la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No fue hasta dos años después, en noviembre de 2001, que se dieron por concluidas las medidas provisionales de protección a Ochoa. Dos meses después, Digna es asesinada.
Víctima de estereotipos de género
Cuando se investigó su asesinato, una de los argumentos para decir que había cometido suicidio, advierte el Tribunal de la Corte IDH, fue una serie de estereotipos de género con el objetivo de cuestionar su credibilidad.
La Fiscalía capitalina la señaló como una mujer poco creíble, exagerada y con inestabilidad emocional. De esta manera, argumentaban, se explicaría porque trato de simular su supuesto suicidio.
A 22 años del crimen de Estado, la familia de Digna Ochoa y sus abogados defensores siguen luchando por exigir se cumplan las medidas impuestas por la Corte IDH para la reparación del daño y se evite repetir una agresión así en contra de una defensora de derechos humanos.
“Estamos exigiendo justicia y que se vaya a fondo. Posiblemente tendremos que pasar otros 22 años luchando, ya faltarían 20”, comentó el hermano de Digna y representante de la familia, Jesús Ochoa.
Durante 2022, 22 defensores de derechos humanos han sido asesinados en México, debido a su trabajo, muestra un informe del Comité Cerezo. De acuerdo con un informe de México Evalúa, la impunidad en la Ciudad de México durante el mismo año fue del 100%, por los casos de delitos por homicidio doloso, feminicidio, desaparición, secuestro, violación y violencia familiar.
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