Identifican a cinco mineros que fueron privados ilegalmente de la libertad en Concordia, Sinaloa, y cuyos cuerpos fueron localizados en fosas clandestinas. El sector minero exige justicia, mientras al menos otros siete ingenieros y técnicos continúan desaparecidos y las investigaciones siguen en curso.

Identifican a cinco mineros que formaban parte del grupo de 10 trabajadores secuestrados el 23 de enero en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa. Las autoridades confirmaron que cinco de ellos fueron hallados sin vida en fosas clandestinas, en donde hay otros cinco cuerpos que hay no han sido identificados.

Los trabajadores fueron privados de la libertad por un comando armado, de acuerdo con testimonios de familiares citados por medios locales. El caso es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), debido al contexto de violencia en la región.

¿Quiénes son los mineros identificados?

Las autoridades confirmaron la identidad de tres de los trabajadores localizados sin vida:

• José Ángel Hernández Vélez, ingeniero originario de Zacatecas.
• José Manuel Castañeda Hernández, geólogo originario de Taxco, Guerrero, egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro).
• Ignacio Aurelio Salazar Flores, ingeniero zacatecano originario de Sombrerete.
• Jesús Antonio de la O Valdez, egresado de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la UACH y había viajado desde Chihuahua para trabajar en la empresa Vizsla Silver.
• José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años de edad, originario de Sonora, quien se desempeñaba como coordinador operativo de seguridad dentro de la compañía.

Los cuerpos fueron encontrados en avanzado estado de descomposición, por lo que fue necesario realizar pruebas forenses especializadas para confirmar su identidad antes de ser entregados a sus familias. De acuerdo con información oficial, al menos uno de los cuerpos fue localizado en una fosa clandestina hallada el 6 de febrero en la zona serrana de Concordia.

El secuestro de los trabajadores mineros

El 23 de enero de 2026, un grupo armado privó ilegalmente de la libertad a 10 ingenieros y técnicos que laboraban para la empresa canadiense Vizsla Silver, en el proyecto minero Pánuco. Los trabajadores se encontraban en la posada Clementina, donde habitaban de manera temporal.

Desde entonces, familiares denunciaron la desaparición y exigieron la intervención de las autoridades federales y estatales para su localización.

El hallazgo de la fosa clandestina en La Concordia

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) informó que realiza trabajos periciales especializados tras el hallazgo de una fosa clandestina en una parcela ubicada entre las comunidades de El Verde y Zavala, en Concordia. La localización se dio tras una denuncia anónima que alertó sobre posibles restos humanos cerca de un panteón.

Las diligencias se llevaron a cabo con resguardo de la Guardia Nacional y de manera reservada. Hasta el momento de la publicación, las autoridades no han informado el número total de restos recuperados ni el avance completo de los análisis periciales.

Siete mineros continúan desaparecidos

Pese a la identificación de tres víctimas, siete ingenieros y técnicos permanecen desaparecidos. Sus nombres son:

• Francisco Antonio Esparza Yáñez
• Saúl Alberto Ochoa Pérez
• Antonio de la O Valdez
• José Antonio Jiménez Nevárez
• Javier Emilio Valdez Valenzuela
• Javier Guillermo Vargas Valle
• Miguel Tapia Rayón

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) reiteró su exigencia de intensificar las labores de búsqueda para lograr su localización con vida.

Exigen justicia y garantías de seguridad

En un pronunciamiento público, la AIMMGM lamentó el asesinato de los trabajadores y exigió que el caso no quede impune. La asociación rechazó cualquier forma de violencia y advirtió que los entornos de inseguridad vulneran la vida y los derechos humanos de quienes laboran en el sector minero y de la población en general.

El sector minero unido también emitió un comunicado en el que calificó como inaceptable la vulneración de la integridad de los trabajadores y demandó que la prioridad sea la localización con vida de las personas aún desaparecidas, así como justicia efectiva para las víctimas.

Por su parte, Vizsla Silver informó que fue notificada por las familias sobre el fallecimiento de algunos de sus colaboradores y señaló que está a la espera de la confirmación oficial por parte de las autoridades mexicanas. La empresa aseguró que su prioridad es apoyar a las familias afectadas y colaborar en la localización de quienes siguen desaparecidos.

Investigación federal y detenidos por los tres mineros asesinados en Sinaloa

La FGR informó que, como parte de la investigación, cuatro personas fueron detenidas y puestas a disposición de la autoridad correspondiente. Personal pericial continúa procesando los indicios localizados en los sitios donde se hallaron los restos.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que desde el 1 de febrero se mantiene un operativo en Concordia con más de mil 190 elementos de seguridad federal y estatal, incluidos efectivos del Ejército, Guardia Nacional y células de inteligencia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su administración mantiene acompañamiento cercano con las familias de los mineros secuestrados y aseguró que el Gabinete de Seguridad sigue atento al caso.

“Lamentamos mucho lo ocurrido y estamos cerca de las familias para que no vuelva a ocurrir una situación así”, señaló durante su conferencia matutina. La mandataria indicó que, hasta el momento, el gobierno de Canadá no ha establecido comunicación directa con México por este caso.

La violencia en Sinaloa que el gobierno no puede contener

El caso ocurre en un contexto de violencia persistente en Sinaloa. De acuerdo con Amnistía Internacional México, entre 2022 y 2025 los homicidios en el estado aumentaron 248 por ciento, los feminicidios en 245 por ciento y las desapariciones en 253 por ciento.

La organización advirtió que la estrategia de militarización de la seguridad pública no ha logrado reducir la violencia y ha generado riesgos de violaciones a derechos humanos, por lo que llamó a colocar en el centro la seguridad de las personas y el respeto a los estándares internacionales.