Feminicidio de Edith Guadalupe: las fallas del gobierno, contrastadas con la ley y los protocolos que debían aplicarse desde el inicio.

El feminicidio de Edith Guadalupe exhibe una cadena de omisiones institucionales en la Ciudad de México: desde la falta de respuesta inmediata hasta la negativa de acceso a evidencia clave. Mientras las autoridades aseguran haber activado protocolos, el testimonio de la familia y los hechos documentados revelan posibles incumplimientos frente a lo que establecen las leyes y protocolos en casos de desaparición y feminicidio.

¿Qué pasó en el feminicidio de Edith Guadalupe?

Edith Guadalupe Valdez Saldívar, de 21 años, desapareció el 15 de abril de 2026 tras abordar un mototaxi por aplicación en Iztapalapa. Días después, fue localizada sin vida en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez.

Desde el inicio, la familia denunció irregularidades:

• Falta de apoyo para acceder a cámaras de videovigilancia
• Indicación de esperar hasta 72 horas
• Investigación impulsada principalmente por familiares

A pesar de las denuncias de la familia, la Fiscalía publicó una tarjeta informativa el 17 de abril en la que asegura que “como resultado de las acciones de investigación y búsqueda implementadas tras la denuncia (…) fue localizada sin vida”.

¿Qué hizo mal el gobierno en el feminicidio de Edith Guadalupe?

1. Retraso en la activación efectiva de búsqueda

Aunque la Fiscalía sostiene que activó protocolos desde el inicio, familiares afirman que les pidieron esperar 72 horas.

La normativa en México es clara: no se debe esperar 72 horas para iniciar la búsqueda de una persona desaparecida.

Comparación con la ley

• Ley General en Materia de Desaparición Forzada: establece que la búsqueda debe ser inmediata.
• Protocolo Homologado de Búsqueda: obliga a actuar desde el primer reporte, especialmente en casos de mujeres.

Falla clave: posible retraso que pudo afectar las probabilidades de localizarla con vida.

2. Negativa o falla en acceso a cámaras de seguridad

Familiares solicitaron grabaciones a autoridades, pero les dijeron que “no servían”.

Por qué es grave:
El acceso a videovigilancia es una de las primeras herramientas en casos de desaparición.

Comparación con la ley

• El Protocolo de Investigación de Feminicidio establece que se deben recabar todas las evidencias disponibles de inmediato, incluyendo cámaras públicas y privadas.
• El sistema C5 forma parte de las herramientas obligadas de análisis.

Falla clave: pérdida de tiempo crítico en reconstrucción de la ruta.

3. Investigación impulsada por la familia, no por el Estado

La familia tuvo que buscar videos, reconstruir trayectos y ubicar el inmueble donde finalmente fue hallada. Incluso dijeron: “Nosotros hicimos todo; Fiscalía no hizo nada”.

Comparación con la ley

• El Estado tiene la obligación de investigar con debida diligencia reforzada en casos de mujeres desaparecidas.
• La perspectiva de género exige actuar con rapidez ante posibles riesgos de violencia.

Falla clave: delegar en la familia tareas que corresponden a la autoridad.

4. Falta de prevención ante riesgos conocidos

Edith utilizaba mototaxis por aplicación, un servicio con regulación ambigua en varias zonas.

Por qué importa:
Las autoridades locales tienen facultades para supervisar o regular estos servicios informales.

Comparación con la ley

• La Ley de Movilidad de la CDMX establece la obligación de garantizar condiciones de seguridad en el transporte.

Falla estructural: vacío de regulación que puede facilitar delitos.

Ahora sí: investigan el caso como feminicidio

Tras el hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que el caso será investigado bajo el protocolo de feminicidio.

Esta clasificación llegó después de su localización sin vida, no desde el momento de su desaparición, a pesar de tratarse de una mujer joven en contexto de riesgo.

Más allá del feminicidio de Edith Guadalupe: los datos oficialees

El caso Edith Guadalupe ocurre en un contexto donde la violencia feminicida no solo persiste, sino que muestra patrones claros a nivel nacional.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y febrero de 2026 se registraron 94 víctimas de feminicidio en el país, con una tasa nacional de 0.14 por cada 100 mil mujeres. No se trata de hechos aislados: desde 2015, la tendencia ha sido sostenida, con picos por encima de mil casos anuales en los últimos años.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo para enero-febrero de 2026, la Ciudad de México ocupa el segundo lugar nacional en número de víctimas de feminicidio, con nueve casos, solo por debajo de Sinaloa, que registró 13.

En términos de proporción, esto representa 9.6 por ciento del total nacional (94 casos), lo que coloca a la capital entre las entidades con mayor concentración de víctimas en el país.

Sin embargo, cuando se observa la tasa por cada 100 mil mujeres, la CDMX no aparece en los primeros lugares. Esto se debe a su tamaño poblacional: aunque registra muchos casos en números absolutos, su tasa es menor que la de estados como Sinaloa, Sonora o Morelos, donde el riesgo relativo es más alto.