El caso de Fernando Alan en Sinaloa reavivó las protestas y el debate sobre el uso de la fuerza tras la muerte del estudiante de Derecho, asesinado por el Ejército durante una persecución en Culiacán.
Fernando Alan en Sinaloa se convirtió en un símbolo de la indignación social por las muertes de civiles durante operativos de seguridad. El asesinato del estudiante de Derecho, ocurrido el 13 de enero en Culiacán tras disparos del Ejército, detonó marchas, exigencias de justicia y pronunciamientos de autoridades estatales, federales y organismos de derechos humanos.
A casi dos semanas de los hechos, familiares, colectivos y ciudadanos mantienen la presión pública para que el caso no quede impune y para que se esclarezca la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
¿Quién era Fernando Alan y qué ocurrió?
Fernando Alan Arce tenía 23 años y estudiaba Derecho. Estaba por concluir su servicio social en el Tribunal y planeaba continuar su formación en Ciencias Políticas. La tarde del 13 de enero, salió de un gimnasio en la colonia Tierra Blanca junto con su novia, Rosa Guadalupe “N”, cuando su vehículo quedó en medio de una persecución.
De acuerdo con la información oficial preliminar, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército perseguían a civiles armados que viajaban en un Honda Accord blanco y que habían arrojado ponchallantas durante la huida. En ese contexto, Fernando Alan circulaba en un Mazda 6, también de color blanco, lo que habría provocado la confusión.
El joven murió en el lugar por los disparos; su acompañante resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital.
El uso excesivo de la fuerza en el caso de Fernando Alan
En el caso de Fernando Alan en Sinaloa, el marco legal aplicable es la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que establece que tanto los elementos de seguridad pública como las Fuerzas Armadas (cuando participan en tareas de seguridad pública) solo pueden recurrir a la fuerza letal como último recurso en cualquier operativo.
De acuerdo con una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en las declaraciones de los elementos militares involucrados no se advierte que se hayan intentado maniobras menos letales antes del uso de armas de fuego, ni que dicho uso haya sido estrictamente inevitable, como lo exige la ley.
La legislación establece una gradualidad en el uso de la fuerza, que obliga a agotar opciones menos letales antes de llegar a la fuerza letal. Estas maniobras son:
- Persuasión
- Restricción de desplazamiento
- Sujeción
- Inmovilización
- Incapacitación
- Lesión grave
La aplicación de esta escala busca reducir riesgos para la población civil y garantizar que cualquier intervención de las fuerzas de seguridad se apegue a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
Marchas y reclamos por el asesinato de Fernando Alan en Sinaloa
El caso de Fernando Alan en Sinaloa provocó movilizaciones en la capital del estado. Alrededor de 200 personas marcharon desde la Catedral hasta La Lomita para exigir justicia, coreando consignas como “Justicia para Fernando” y “No era un criminal”.
Durante las protestas, familiares y ciudadanos extendieron sus reclamos al gobierno estatal y al gobernador Rubén Rocha Moya, exigiendo acciones ante la violencia que persiste en Culiacán y en otras zonas del estado.
Las movilizaciones también se entrelazaron con otras demandas, como las de madres de personas desaparecidas, quienes denunciaron la falta de apoyo institucional y el desgaste económico y emocional que enfrentan en las búsquedas.
La postura de la familia
Bryan Humberto Arce, padre de Fernando Alan, agradeció públicamente a quienes se han sumado a las movilizaciones y reiteró que la familia no busca confrontación, sino verdad y justicia.
“Aunque pasen años, no vamos a descansar hasta que tengamos justicia por mi hijo”, afirmó.
En mensajes difundidos por la familia, se ha insistido en que Fernando Alan era un estudiante, no tenía vínculos criminales y que ningún “error” puede justificar la pérdida de una vida.
Reacciones oficiales y reconocimiento del error
El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reconoció que la muerte de Fernando Alan ocurrió por un error durante un operativo y aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes para que no haya impunidad.
Según explicó, el intercambio de disparos se dio en el marco de una persecución a presuntos delincuentes y fue en ese contexto donde el joven quedó atrapado en el fuego.
“Se investiga, se apoya y se procede conforme al derecho”, afirmó el titular de la Defensa, al señalar que existe el compromiso institucional de esclarecer los hechos.
Derechos humanos y advertencias sobre la impunidad
Como parte del contexto del caso de Fernando Alan en Sinaloa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos informó que el expediente fue atendido desde los primeros momentos y turnado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para su seguimiento.
El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, advirtió que la falta de sanciones en casos similares puede propiciar que este tipo de hechos se repitan y reiteró su postura crítica frente a la militarización de la seguridad pública.
Un caso que vuelve a poner en debate la estrategia de seguridad
Más allá de las investigaciones en curso, el asesinato de Fernando Alan volvió a abrir el debate sobre el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, los riesgos para la población civil y la necesidad de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Mientras las autoridades aseguran que no habrá impunidad, la familia y la sociedad civil insisten en que el caso de Fernando Alan en Sinaloa no debe convertirse en una estadística más y que su resolución será clave para medir si el Estado puede garantizar justicia en hechos de esta naturaleza.
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