El linchamiento en Puebla que dejó sin vida a Juan Felipe García Mena reabre el debate sobre la justicia por propia mano. Esto se sabe del caso, la investigación y el protocolo estatal para estos hechos.

El linchamiento en Puebla ocurrido la noche del 4 de julio en el municipio de Cohuecan volvió a poner en el centro del debate la justicia por propia mano y la respuesta de las autoridades ante este tipo de hechos.

La víctima fue identificada como Juan Felipe García Mena, de 33 años, quien murió después de ser golpeado y quemado por un grupo de pobladores que lo acusó del presunto robo de unas llantas usadas. De acuerdo con los primeros reportes, Juan Felipe recorría la zona junto con su empleador comprando fierro viejo cuando ambos fueron interceptados por un grupo de habitantes en la carretera federal a San Juan Amecac.

Los pobladores los señalaron de haber robado neumáticos de un inmueble cercano. Aunque ambos intentaron escapar, fueron alcanzados por la multitud. El patrón logró huir, pero Juan Felipe fue retenido y golpeado. Según la información de la Fiscalía General del Estado, durante la agresión una persona presuntamente lo roció con gasolina y le prendió fuego.

Cuando policías y cuerpos de emergencia lograron ingresar al lugar, encontraron a la víctima con quemaduras en gran parte del cuerpo. Los paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales. En la zona también fue localizada una camioneta completamente calcinada.

Gobierno de Puebla condena el linchamiento

Tras los hechos, el Gobierno del Estado emitió un posicionamiento en el que condenó la agresión y aseguró que no permitirá actos de justicia por propia mano. “En Puebla es inaceptable el uso de la violencia para hacer justicia en propia mano, por lo que no habrá impunidad”, señaló la administración estatal.

Además, informó que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes con apoyo de autoridades estatales y municipales.

La Fiscalía investiga el caso como homicidio tumultuario

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio tumultuario, una figura jurídica prevista cuando varias personas participan en una agresión que termina con la muerte de una persona.

El Código Penal de Puebla establece que, si se identifica a quien provocó la lesión mortal, esa persona puede ser procesada por homicidio simple.

Sin embargo, si no es posible determinar quién causó la muerte, la legislación contempla sanciones para quienes participaron en la agresión colectiva, con penas que pueden ir de tres a nueve años de prisión, dependiendo de cómo ocurrieron los hechos y del grado de participación de cada agresor.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas.

Puebla cuenta con un protocolo para evitar linchamientos

A diferencia de otras entidades, Puebla cuenta con un Protocolo de Actuación para Casos de Intento de Linchamiento, actualizado en abril de 2025.

El documento establece la forma en que deben actuar las autoridades municipales, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado antes, durante y después de un intento de linchamiento.

Su objetivo es coordinar la actuación de las instituciones para proteger a las personas retenidas por grupos que pretendan hacer justicia por propia mano.

El protocolo señala que la intervención debe realizarse con respeto a los derechos humanos y que las autoridades deben buscar, mediante el diálogo y la pericia policial, mantener a la persona retenida “sana y salva”.

Puebla, entre los estados con más casos

El caso de Cohuecan no es un hecho aislado. Después de este crimen, el secretario de Seguridad Pública de Puebla informó que en lo que va de 2026 se han registrado dos linchamientos consumados y alrededor de 80 intentos de linchamiento o retenciones ciudadanas.

Uno de esos casos ocurrió en mayo pasado en Tlachichuca, donde un hombre acusado de robo murió después de ser golpeado por habitantes del municipio.

Diversos estudios también muestran que Puebla concentra una parte importante de estos hechos.

Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana documentaron más de 1,600 linchamientos e intentos de linchamiento entre 2016 y 2022 en México. De acuerdo con ese análisis, más del 74 % de los casos registrados se concentraron en seis entidades: Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Ciudad de México.

Los especialistas señalan que estos episodios suelen estar relacionados con la desconfianza hacia las instituciones, la percepción de impunidad y la rápida propagación de rumores sobre presuntos delitos.

¿Qué sigue en la investigación?

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para identificar a las personas que participaron en la agresión y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

También se busca localizar al hombre que logró escapar durante el ataque para conocer su versión de lo ocurrido.

Mientras tanto, el caso de Juan Felipe vuelve a abrir el debate sobre la violencia colectiva y los límites de la justicia por propia mano, en un estado que desde hace años ha desarrollado protocolos específicos para intentar evitar que este tipo de hechos termine con la muerte de una persona.