México, país de paso para personas en situación de movilidad humana, transitó por un episodio complejo de acceso al trabajo para las personas que solicitaban asilo en 2019. Terminado el sexenio de López Obrador, no existen cifras reales de apoyo laboral para las personas que recurrieron a las autoridades en búsqueda de sustento humanitario.

Uzmel, hombre homosexual cubano de poco más de 40 años de edad, llegó a México en una de las caravanas migrantes que tanto atormentaron a la primer administración de Donald Trump y una de las motivaciones para implementar las medidas antimigratorias más alarmantes de la última década. Hoy, sigue en México y espera se abra una puerta que le permita llegar a Canadá para estar con su familia. El refugio LGBT+ Casa Frida, fue “el salvavidas de su Titanic”, asegura.

El primer mes de 2019, para Centroamérica, comenzó con un éxodo derivado de múltiples conflictos civiles y desastres naturales. Y esa movilización marcó, en gran medida, el rumbo de la política de asilo de todo el sexenio del gobierno de México en ese entonces liderado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La caravana migrante, según las estimaciones de organizaciones como el Strauss Center, movilizaron de enero a diciembre de 2019, a más de 700 mil personas que transitaron del Triángulo Norte de Centroamérica (TNC) —Guatemala, Honduras y El Salvador— hasta México. La solicitud era impostergable: mejores condiciones de vida para las personas que padecían situaciones difíciles en su país de origen.

Debido a esto y a una constante exigencia del gobierno estadounidense,  las autoridades mexicanas se vieron obligadas a implementar medidas de control migratorio y asistencia social en puntos estratégicos como las aduanas fronterizas, con el objetivo de detener el flujo hacia los Estados Unidos. Al concluir el gobierno de AMLO, al conjunto de esas mismas medidas se le denominó Plan nacional México te abraza. 

Se trata de una de las políticas públicas más importantes, por la cantidad de personas que fueron interceptadas, entidades federativas (10 del centro y sur del país y seis en Frontera Norte) y dependencias participantes (34). 

El proyecto inicial, es decir, cuando aun no era contemplado como un plan integral sino como respuesta a las oleadas migratorias, arrancó en el mes de julio de 2019 y fue anunciado por el expresidente López Obrador como respuesta a las caravanas de personas que buscaban asilo. En ese contexto, el gobierno federal anunció la apertura de hasta 40,000 puestos de trabajo en empresas maquiladoras a lo largo de la frontera norte de México para los inmigrantes que esperaban en el país por sus trámites de asilo en Estados Unidos o Canadá. 

Aquel primer intento de atención a personas en situación de movilidad humana concluyó con varias deficiencias, entre otras, la falta de atención especializada a población de la diversidad sexual y de género, tal y como denuncian activistas como Raúl Caporal fundador de Casa Frida. También, la falta de espacios laborales para las personas refugiadas, particularmente aquellas de la comunidad LGBT+ . Pues a pesar del apoyo que podrían significar las ferias del empleo, la realidad, según Raúl Caporal, es que en México se vive un problema con la proliferación de empleos informales, poco especializados y con escasa capacitación para las personas sexodiversas.

De hecho, el propio sitio oficial de la Secretaría del Trabajo reconoce que, desde 2001 a 2019, la cantidad universal de empleos otorgados en estas ferias (contemplando específicamente las que se realizan para la población migrante) es tan sólo de 365 mil, es decir, apenas el 50% de la población de personas en situación de movilidad humana reportada en 2019, por lo que la atención es insuficiente. Este medio de comunicación solicitó entrevista a la Secretaría del Trabajo para indagar sobre los datos faltantes pero hasta el momento del cierre no recibimos respuesta. 

Uzmel, tiene la misma experiencia. “Cuando llegué a Chiapas pensé que los mexicanos nos hacen, inconscientemente, lo que los americanos les hacen a ellos cuando cruzan la frontera. Los trabajos son pocos y muy mal pagados.” Uzmel llegó a Tapachula con cuatro mil pesos mexicanos que un cajero automático le arrebató en un intento de transacción, y cuando quiso atención en la sucursal no pudieron responder ya que la cuenta pertenecía a su hermana quién vive en Canadá. Al no poder continuar sin recursos, acudió al único espacio donde podía pedir ayuda sin ser discriminado y/o deportado, Casa Frida.

Para lograr reunir el costo del avión hacia la Ciudad de México, tuvo que pasar por varias ferias del empleo donde el pago por día laborado no superaba los 200 pesos mexicanos, un ritmo imposible para quienes tienen la vida a contrarreloj.

Para Uzmel, un trabajo en las medianías del Tren Maya no era una opción, debido a la cercanía con militares así que terminó trabajando como florista para un artista local, es decir, el Estado fue incapaz de otorgarle  un trabajo donde se respeten sus derechos humanos. El conjunto de estas problemáticas orillan a algunos activistas y organizaciones civiles a señalar insuficiencia y rezago en materia de inclusión para la diversidad sexual y de género en los programas migratorios. 

“Lo que más duele no es huir de tu país, es llegar a otro donde no hay lugar para ti. Y sí, sin trabajo eso es una realidad”, dice Raúl Caporal. “El problema es que el acceso al trabajo para personas LGBT+ migrantes es casi una ilusión si no hay una voluntad institucional que respalde su derecho a existir”, continúa. 

El miedo, la desinformación y la ausencia de directrices claras se convierten en un filtro silencioso que excluye sistemáticamente a esta población. “Hay un temor infundado entre las empresas. Piensan que si contratan a una persona refugiada podrían meterse en problemas legales con migración, aunque no hay ninguna norma que lo prohíba”, dice. Él también recuerda aquel proyecto de inclusión laboral del que se desconocen los resultados. En 2018, el Sistema Nacional del Empleo (SNE) publicó una carta a través de la Secretaría del Trabajo donde invitaba a los empresarios a contratar migrantes. “Anunciaron más de 8 mil empleos”, recuerda Caporal. “Pero también fue solo para la foto. Al final, no pasó nada”. Lo que debía ser una política pública transformadora quedó en un acto simbólico sin seguimiento.

El empleo, diversidad sin fronteras y el gobierno

La mayoría de las personas LGBT+ en movilidad que llegan a Casa Frida enfrentan una precariedad inmediata: no saben dónde van a dormir, qué van a comer o cómo conseguir estabilidad. Hasta hace poco, el Programa de Emergencia Social y Natural de la Secretaría del Bienestar (PBPESN) brindaba apoyos económicos temporales a personas solicitantes de refugio, pero cerró su sistema de asistencia. 

Este fondo permitía cubrir necesidades básicas y daba margen a las organizaciones para apoyar procesos de capacitación e inserción laboral. Sin embargo, desde enero de este año, el programa fue suspendido sin explicación, señala el fundador del refugio migrante. Y tiene razón. De hecho, las autoridades no han actualizado la información del PBPESN desde el 2004 y la documentación oficial respecto a esta decisión es nula.

En la Ciudad de México la realidad es un tanto más alentadora. El ámbito hotelero y restaurantero ha sido relativamente receptivo con la contratación de personas LGBT+ en movilidad. “La CDMX sigue siendo vista como una ciudad segura y más abierta para la diversidad. Y en ese contexto, estos sectores han trabajado con nosotros con cierta apertura. Pero no es suficiente”, señala Raúl Caporal.

Porque más allá de los esfuerzos aislados, lo que falta es un mensaje claro desde el Estado: un llamado público, institucional, que le diga a las empresas que la inclusión no solo es legal, sino necesaria. “Nosotros pedimos que se publique ese llamado en la Gaceta oficial. Que las empresas vean que el gobierno está del mismo lado. Sin ese respaldo político, el miedo sigue mandando”, advierte.

Este año, la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México tiene como tema central a las personas LGBT+ en movilidad humana. Por primera vez en más de cuatro décadas, la visibilidad de este grupo ocupará un lugar central en el contingente. Casa Frida convoca a migrantes, solicitantes de asilo, desplazados y refugiados a marchar con orgullo, pero también con demandas claras: acceso al trabajo, políticas públicas efectivas y respeto integral a sus derechos. “El futuro se construye con seguridad, empleo y comunidad”, dice Caporal. 

México en incumplimiento

Una solución posible a esta crisis migratoria y laboral podría recaer en la comunidad internacional y en algunos de los principios a los que México se ha suscrito. Por ejemplo para Zue Valenzuela, oficial de vinculación estratégica e incidencia en PODER, los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, podrían enmarcar una solución para poblaciones vulneradas como la LGBT+ en movilidad y el acceso al trabajo. Sin embargo, señala “el Estado mexicano ha permitido, por omisión y complicidad, que la agenda de Empresas y Derechos Humanos (EDH) se diluya”.

Los Principios Rectores, a los que Valenzuela hace referencia, son el estándar internacional más ampliamente reconocido para prevenir y abordar los impactos negativos de las actividades empresariales en los derechos humanos. Se basan en tres pilares fundamentales: el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos, y el acceso a mecanismos de reparación para las víctimas. 

Y para hacer frente a dicho reto, PODER cofundó hace 10 años el Grupo Focal sobre empresas y derechos humanos de sociedad civil, conformado actualmente por: Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Oxfam México, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Fundación Avina y el propio PODER, quien coordina el espacio. El Grupo Focal es observado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Para Valenzuela, el trabajo del Grupo Focal en México es necesario debido a que actualmente no existe una armonización legal que integre una perspectiva de derechos humanos, género o interculturalidad al actuar de las empresas. 

La experiencia de Uzmel y de tantos otros migrantes LGBT+ en México revela una verdad incómoda: la exclusión laboral de personas en situación de movilidad no solo es consecuencia de la precariedad institucional, sino también del miedo, la desinformación y la falta de voluntad política. Las iniciativas que surgieron como respuesta a la presión internacional, como el Plan Nacional “México te abraza” o los programas de ferias de empleo, se quedaron cortas en su implementación y seguimiento, dejando sin respaldo a miles de personas que, como Uzmel, enfrentan discriminación múltiple. En este escenario, la migración y la diversidad sexual y de género convergen en un espacio de vulnerabilidad sistemática que el Estado ha sido incapaz de atender con políticas públicas integrales, sostenibles y con perspectiva de derechos humanos.

El abandono institucional, sumado al cierre de programas como el PBPESN y la falta de normativas claras sobre inclusión laboral para personas refugiadas, deja en evidencia espacios de oportunidad para el Estado mexicano con sus propios compromisos internacionales. Si bien existen esfuerzos locales y alianzas entre sociedad civil y sectores receptivos —como el hotelero en la CDMX— son acciones fragmentadas que no pueden reemplazar un marco estructural de protección y garantía. El llamado desde Casa Frida, desde la Marcha del Orgullo, y desde articulaciones de sociedad civil como el Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos es urgente y claro: se necesita una política estatal robusta, con respaldo legal y voluntad institucional, que garantice que nadie quede fuera del derecho más básico para existir con dignidad: el trabajo.