El fiscal especial del caso Ayotzinapa deja el cargo tras presión de familiares; Mauricio Pazarán asume interinamente mientras se redefine el rumbo de la investigación.

El fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, ha dejado oficialmente su cargo al frente de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), tras más de dos años de encabezar las indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa.

Durante la mañanera del 16 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que fue una decisión voluntaria del funcionario, quien, aseguró, consideró que había concluido su etapa en la investigación.

En su lugar, Mauricio Pazarán asumirá de manera provisional la conducción del caso, informó la mandataria federal durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Sheinbaum subrayó que Pazarán ya ha sostenido reuniones con los familiares de los estudiantes desaparecidos y que se encuentra “muy familiarizado” con el expediente. “Él fue incorporado hace algunos meses a la fiscalía, ya ha platicado con los padres y madres, y por lo pronto queda a cargo mientras se formaliza su nombramiento”, detalló.

La salida de Gómez Piedra ocurre en un momento de presión creciente por parte de los familiares de los normalistas, quienes desde mayo solicitaron directamente a la presidenta su remoción, acusando falta de avances, omisiones e incluso corrupción al interior de la unidad. Durante su gestión, Gómez Piedra enfrentó denuncias internas por supuestos actos de abuso de autoridad, desvío de recursos y mal uso de instalaciones oficiales.

Estas quejas, junto con una declaración suya sobre la búsqueda de “cadáveres” de los estudiantes (que provocó fuerte indignación), terminaron por erosionar la confianza en su papel como fiscal especial del caso Ayotzinapa.

La presidenta Sheinbaum aseguró que la decisión de Gómez Piedra fue autónoma, aunque reconoció que existían cuestionamientos legítimos desde hace tiempo. “Él decidió dejar el cargo, y pensamos que se abre una nueva etapa que permitirá avanzar de manera más efectiva”, afirmó.

Fiscal especial del caso Ayotzinapa: Acusaciones y presión social marcaron el fin de su gestión

El exfiscal, originario de Tabasco y cercano colaborador de Andrés Manuel López Obrador durante su jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, fue designado en 2022 por el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Su llegada respondió a la salida forzada de Omar Gómez Trejo, quien dejó el cargo tras enfrentarse a obstáculos para ejecutar órdenes de aprehensión contra militares implicados en el caso.

Desde entonces, la gestión de Rosendo Gómez Piedra como fiscal especial del caso Ayotzinapa fue polémica. A lo largo de los últimos dos años, se acumularon denuncias públicas e internas que incluyeron acusaciones de peculado, cohecho, intimidación, y uso indebido de recursos. Entre los hechos que llamaron la atención estuvo la realización de fiestas dentro de la sede de la unidad, el uso de vehículos oficiales para fines personales y un desfile de disfraces previo a una audiencia crucial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que ningún representante de la Fiscalía acudió.

Uno de los puntos de mayor tensión fue una declaración del propio Gómez Piedra en la que afirmó que los esfuerzos de la fiscalía estaban centrados en encontrar los “cadáveres” de los normalistas. Este pronunciamiento fue interpretado por los familiares como un abandono de la búsqueda con vida y causó un fuerte rechazo. La presidenta Sheinbaum posteriormente negó que el Gobierno diera por muertos a los estudiantes y aseguró que la investigación seguía abierta en todos los frentes.

Una nueva etapa con Mauricio Pazarán al frente

Con el relevo en la UEILCA, el Gobierno federal busca dar un nuevo impulso a las pesquisas. El nombramiento de Mauricio Pazarán, exfiscal territorial en la Ciudad de México y considerado cercano a figuras como Ernestina Godoy, representa una reestructuración estratégica. Pazarán ha trabajado previamente en asuntos de narcomenudeo, apelaciones y amparos, y desde hace meses se integró a los trabajos del caso Ayotzinapa, incluso antes de la renuncia de Gómez Piedra.

Según lo indicado por Sheinbaum, el nuevo fiscal especial del caso Ayotzinapa encabezará una etapa con “nuevas orientaciones” sustentadas en análisis científicos, revisión de llamadas telefónicas y procesamiento de datos que, hasta ahora, no habían sido suficientemente explotados en las carpetas de investigación. “Se está haciendo una revisión profunda, basada en evidencias objetivas, dejando de lado versiones contradictorias que se modifican al interés de los detenidos”, explicó la presidenta.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, respaldó este nuevo enfoque, al señalar que uno de los compromisos centrales es garantizar un acceso transparente a la documentación y los archivos militares que han sido solicitados por las familias desde hace años.

Expectativas renovadas y diálogo permanente con los familiares

La relación entre el Gobierno federal y los padres y madres de los 43 estudiantes se ha mantenido tensa, pero constante. De acuerdo con lo señalado por Sheinbaum, los familiares están al tanto del cambio en la fiscalía y de las nuevas líneas de investigación. “Se les ha informado de cada paso. En cuanto haya resultados, primero se les comunicará a ellos y después a la sociedad”, sostuvo.

La próxima reunión de seguimiento entre los representantes del Gobierno y las familias está programada para finales de julio, y uno de los temas prioritarios será revisar los avances en el acceso a más de 800 expedientes vinculados con el Ejército mexicano, así como las nuevas búsquedas en campo.

A más de 11 años de la desaparición de los normalistas en Iguala, Guerrero, el caso Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta y una exigencia nacional de verdad y justicia. Con el cambio de fiscal especial del caso Ayotzinapa, las familias y la sociedad civil esperan que esta nueva etapa no repita los errores del pasado y avance hacia una resolución integral, sin pactos de impunidad.

En palabras de Melitón Ortega, vocero del grupo de padres: “Queremos respuestas reales, no simulaciones. Ya no basta con el cambio de nombres. Queremos ver resultados”. La continuidad del caso Ayotzinapa depende ahora de que la nueva fiscalía actúe con independencia, compromiso y transparencia.