¿Qué es la reforma a la Ley de Aguas? El Gobierno de México presentó una iniciativa que busca garantizar el derecho humano al agua, frenar la compraventa de concesiones y devolver al Estado el control total sobre el recurso hídrico, en medio de una severa crisis de disponibilidad y tensiones con productores.

La reforma a la ley de aguas presentada por el gobierno federal plantea un cambio profundo en la gestión del recurso hídrico en México. El objetivo central es garantizar el derecho humano al agua, frenar el acaparamiento y fortalecer la rectoría del Estado sobre un bien considerado estratégico para la nación.

Pero, ¿qué plantea esta iniciativa y por qué los agricultores se oponen?

Una nueva Ley General de Aguas y cambios a la Ley de Aguas Nacionales

La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados propone expedir la Ley General de Aguas (pendiente desde hace más de 13 años) y, al mismo tiempo, modificar la Ley de Aguas Nacionales. Ambas medidas forman parte del paquete conocido como “reforma a la ley de aguas“, cuyo propósito es ordenar las concesiones, combatir la corrupción y asegurar una gestión equitativa del recurso.

Según la presidenta Claudia Sheinbaum, la iniciativa “devuelve el agua a la nación” y elimina la posibilidad de que las concesiones sean tratadas como mercancías.

Puntos clave de la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas

El director de Conagua, Efraín Morales López, explicó que la reforma a la ley de aguas se compone de dos pilares:

1. Ley General de Aguas

• Reglamentaria del artículo 4 constitucional.
• Garantiza el derecho humano al agua y al saneamiento.
• Define competencias claras entre los tres niveles de gobierno.
• Reconoce a los sistemas comunitarios de agua.
• Impulsa la profesionalización de organismos operadores.

2. Reforma a la Ley de Aguas Nacionales

• Reglamentaria del artículo 27 constitucional.
• Fortalece la rectoría del Estado sobre el agua.
• Elimina la transmisión de concesiones entre particulares.
• Prohíbe el cambio de uso en las concesiones sin autorización de Conagua.
• Crea el Registro Nacional del Agua para dar certeza jurídica.

El agua deja de ser una mercancía

Uno de los cambios más relevantes es la prohibición de vender o transferir títulos de concesión. Las prórrogas, además, deberán pasar por el análisis técnico de Conagua, que revisará el uso real del agua, el cumplimiento de obligaciones fiscales y la correspondencia entre el permiso otorgado y la actividad realizada.

El Estado será el único responsable de regular el uso del recurso y reasignarlo cuando las concesiones no sean utilizadas o se detecten irregularidades.

Delitos hídricos y sanciones

La iniciativa incorpora un capítulo de delitos hídricos, que incluye:

• Explotación ilegal del recurso.
• Extracción o traslado no autorizado.
• Desvío de cauces.
• Corrupción vinculada a concesiones.

Las sanciones administrativas también aumentan, en algunos casos hasta tres veces más, para combatir el robo de agua y el mercado negro.

Fondo de Reserva de Aguas Nacionales

La reforma a la ley de aguas contempla la creación de un Fondo de Reserva que concentrará los volúmenes recuperados por cancelación, extinción o devolución de concesiones. Conagua será la encargada de asignarlos o reasignarlos con base en criterios técnicos, evitando el acaparamiento y priorizando el consumo humano.

Crisis hídrica y necesidad del cambio

El contexto es crítico: México enfrenta una disminución acelerada de su disponibilidad de agua per cápita, mientras que la mayoría de las concesiones carece de medición real. Según el IMCO, 97% de los títulos inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua no tienen medidor, lo que impide conocer la extracción real y limita la planeación.

Además, Conagua detectó inconsistencias en más de 536 mil concesiones, desde duplicidades hasta ubicaciones incorrectas.

Las resistencias: ¿por qué sectores productivos protestan?

Agricultores y transportistas han protestado afuera del Congreso debido a varias preocupaciones:

• Incertidumbre sobre qué pasará cuando vendan o hereden parcelas si ya no podrán transferir las concesiones.
• Temor a perder derechos de agua en procesos poco transparentes.
• Dificultades económicas para cumplir con la tecnificación obligatoria del riego.
• Riesgo de que solo las grandes agroindustrias puedan adaptarse al nuevo sistema.

El gobierno asegura que los derechos vigentes se respetarán, pero insiste en que la transmisión entre particulares quedará prohibida.

Críticas y áreas de oportunidad

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) reconoce el avance de la reforma a la ley de aguas para cumplir con el mandato constitucional, pero alerta sobre vacíos que deben corregirse:

• Garantizar el caudal ecológico para preservar ecosistemas.
• Ampliar la participación social y el acceso a la información en línea con el Acuerdo de Escazú.
• Reconocer plenamente los derechos de comunidades indígenas y afromexicanas, incluyendo el derecho a consulta.
• Homologar definiciones científicas, como la de “sobreexplotación”.
• Revisar disposiciones que podrían permitir concesiones para residuos mineros.

El organismo también pide fortalecer a Conagua para garantizar inspección, vigilancia y transparencia en el uso de recursos provenientes de multas.