Tren Maya es obra de seguridad nacional: gobierno de México

El gobierno de México declaró al Tren Maya como obra de seguridad nacional, motivo por el que los trabajos de construcción de su Tramo 5 han sido reanudados. 

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El gobierno de México declaró al Tren Maya como obra de seguridad nacional, motivo por el que los trabajos de construcción de su Tramo 5 han sido reanudados. 

El Gobierno de México declaró al Tren Maya como obra de seguridad nacional el pasado 18 de julio, lo que significa que se puede reanudar la construcción de su Tramo 5 (con trazo de Playa del Carmen a Tulum). Esta resolución llega menos de dos meses después de que el juez Adrián Fernando Novelo ordenara suspender los trabajos debido a que provocarán un daño irreversible en los ecosistemas de la región. 

En noviembre de 2021, la administración de Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo por medio del que proclamó a los proyectos de infraestructura del Estado mexicano como obras de interés público y de seguridad nacional. Cabe recordar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información contempla la categoría de ‘seguridad nacional’ como una de las causales por las que una información puede declararse como reservada. Esto significa que no puede darse a conocer hasta después de un periodo máximo de cinco años.

Gobierno Federal declara al Tren Maya como obra de seguridad nacional

El 27 de mayo de 2022, Adrián Fernando Novelo (titular del Juzgado Primero de Distrito del Estado de Yucatán) ordenó suspender la construcción del tramo 5 del Tren Maya, con trazo de Playa del Carmen a Tulum (Quintana Roo). Esto después de que un grupo de espeleólogos y buzos, acompañados por la organización civil Defendiendo el Derecho al Medio Ambiente Sano, interpusieran una demanda argumentando que los trabajos provocarán un daño irreversible en los cenotes y ríos subterráneos de la región.  

Entre sus argumentos, el juez Novelo expuso que para la construcción se llevó a cabo una deforestación de la selva sin contar con los permisos ambientales correspondientes. Si bien el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presentó su Manifestación de Impacto Ambiental, esto se hizo después del inicio de las obras. En teoría, los trabajos de tendido no se reanudarían hasta que se resolviera este juicio de amparo en su contra, lo que podría haber durado meses o incluso años.   

Sin embargo, menos de dos meses después (el pasado 18 de julio) se informó sobre la decisión federal de retomar los trabajos de construcción tras declarar al Tren Maya como obra de seguridad nacional. Esto tras una sesión del Consejo de Seguridad realizada en Palacio Nacional este mismo lunes. Fue Javier May, director general del Fonatur, el encargado de dar a conocer esta resolución.

En sus palabras, esta decisión no violenta la suspensión interpuesta por el juez Novelo, ya que el Fonatur no fue la institución convocante para la sesión del Consejo. “La Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación fueron los que determinaron que la obra se reinicie”, afirmó May. También informó que por su parte Fonatur ya ha presentado la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente, por lo que el gobierno sólo se encuentra en espera de que se levante la orden de suspensión. 

Esta respuesta del Gobierno Federal llega sólo tres días después de que la asociación Sélvame del Tren denunciara que los trabajos en el Tramo 5 se han retomado sin esperar la resolución del juicio. “Han reactivado las obras (…) violando de manera flagrante la ley y poniendo en riesgo a la Riviera Maya, a su gente, su economía, su riqueza natural…”, se lee en el comunicado publicado en sus redes sociales.

Durante la conferencia matutina del 3 de mayo, el presidente López Obrador había adelantado que su gobierno enfrentaría las demandas interpuestas en contra del proyecto para continuar con su construcción. “Se resolverá la lluvia de amparos como se resolvieron los del Aeropuerto Felipe Ángeles”, dijo el mandatario. 

¿Qué significa esta declaración?

El pasado 23 de noviembre de 2021 entró en vigor un acuerdo por medio del que se declaran como obras de interés público y de seguridad nacional a los proyectos de infraestructura del Gobierno de México. Esto con la intención de agilizar la realización de obras públicas (relacionadas con el sector de comunicaciones, medio ambiente, turismo, entre otros) que sean consideradas prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional. 

Durante la conferencia matutina de ese día, el presidente López Obrador afirmó que el objetivo del acuerdo sólo era dar la instrucción a instancias federales para apoyarse en la pronta culminación de este tipo de obras. También recalcó que el documento no tiene repercusiones sobre el derecho de acceso a la información de la población mexicana. “Todos estamos obligados a rendir cuentas”, afirmó al respecto el mandatario.

Sin embargo, ese mismo día (23 de noviembre de 2021) el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) publicó un comunicado mediante el que advirtió que analizaría a profundidad el acuerdo recién publicado. Principalmente porque la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, en su Artículo 110 Fracción I, establece que la categoría ‘seguridad nacional’ es una causa viable para la reserva de información en el país. 

Esto significa que las dependencias pueden llegar a reservar, de forma general, toda la información relacionada con las obras públicas que el gobierno federal lleve a cabo

A pesar de las declaraciones del INAI, el acuerdo fue respaldado por Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República. De acuerdo con él, aunque este documento significa acelerar los procesos para un mayor avance en las obras, durante los trabajos se respetarán las normas ambientales, legales y de transparencia establecidas en el país. Algo que, en la práctica, no se ha llevado a cabo con la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.

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