Periodista es censurado en Campeche luego de que una jueza le impusiera la suspensión de su actividad profesional por dos años y una multa millonaria.

Un periodista es censurado en Campeche. El 13 de junio, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna, por los presuntos delitos de incitación al odio y violencia de género en contra de la gobernadora del estado, Layda Sansores. 

Jorge Luis Gonzalez deberá suspender cualquier actividad periodística por un periodo de dos años, además de que deberá pagar una indemnización de 2 millones de pesos al director de Comunicación Social del estado, Walther Patrón Bacab, por presunto daño moral. El periodista continuará su proceso en libertad, pero bajo medidas cautelares que incluyen firma periódica ante la autoridad judicial. 

Según medios, la decisión de la jueza se tomó tras una audiencia que se prolongó más de 9 horas. Pese a que la defensa argumentó que González se jubiló en 2017 y no tiene funciones directivas en Tribuna, Martínez Taboada determinó que el periodista fue responsable de ordenar la publicación de “supuestas ofensas contra la gobernadora”. 

La jueza sostuvo que estas expresiones no constituyen crítica política legítima, sino ataques personales motivados por la condición de género de Sansores. Las calificó como manifestaciones de “libertad de agresión” y no de libertad de expresión.

El 9 de abril Gonzalez relató que fue detenido por la Policía Estatal tras defender a un joven que estaba siendo extorsionado por autoridades. Lo acusaron de “ultrajes a la autoridad”, pero no presentaron pruebas, por lo que fue liberado tras 48 horas en confinamiento. El periodista de 72 años denunció haber sido golpeado durante el arresto y traslado a las celdas en la Fiscalía General del Estado, a pesar de su condición de adulto mayoy y padecimientos cardiacos y renales. 

Periodista es censurado en Campeche; acusa persecución política 

En entrevista con Grupo Fórmula, Jorge Gonzalez calificó este proceso como una persecución política diseñada “desde el poder”. Aclaró que se jubiló hace 8 años y que actualmente solo conduce un programa de radio semanal por “nostalgia” sin funciones directivas en Tribuna, por lo que la acusación por “incito al odio” y “violencia” le pareció un intento de silenciar una voz incómoda para el ejecutivo local. 

Contó que a su domicilio llegó un ultimátum oficial: debía pagar 2 millones de pesos en 15 días o embargar su casa, donde ha vivido más de 40 años. Además, denunció que la orden de protección emitida por la Fiscalía lo obligó a retirar cualquier comentario crítico contra la gobernadora y la secretaría de Seguridad, bajo amenaza de arresto de hasta 36 horas. 

En otra entrevista con Mario González, del medio Enfoque Noticias, alertó que el uso de la figura de daño moral y de las acusaciones por incitación al odio está siendo instrumentalizado por el morenismo como una herramienta para silenciar al periodismo crítico. 

“La gobernadora se da el lujo de insultarme desde el poder… pero cuando se le critica, habla de misoginia o daño moral”, apuntó. Criticó el estado de la justicia local: “Creo que algunos jueces reciben línea directa del poder”, y anunció que promoverá un juicio de amparo, ya que considera que esto demuestra un “Estado de derecho derrumbado en Campeche” .

Postura de Sheinbaum sobre la censura y la libertad de expresión  

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del 18 de junio, afirmó que desconoce los detalles específicos del caso pero aseguró que la libertad de expresión está garantizada en México. 

“Cualquier cosa que tenga que ver con la censura, estamos en contra”, expresó Sheinbaum. 

Ante la pregunta de si la libertad de expresión está garantizada en el país, respondió: “Está garantizada la libertad de expresión, y las y los gobernadores deben garantizarla”.

Respecto a si haría un llamado a la gobernadora Sansores, la presidenta indicó que debe revisarse cualquier acto que coarte la libertad de expresión y que “no debe ser castigado, y menos penalmente”.

Precedente alarmante, alertan colectivos

Organizaciones como Artículo 19 califican este proceso como un acto de censura institucional que recurre a herramientas judiciales y económicas para amedrentar a la prensa. Denuncia tendencias similares en otras entidades, como la reciente Ley de ciberasedio en Puebla, que busca castigar el ejercicio de la crítica en redes y medios. 

El caso de Jorge Luis Gonzalez Valdez constituye un ejemplo de cómo la violencia física, las detenciones arbitrarias, el cierre profesional y las sanciones patrimoniales pueden ser instrumentalizadas para silenciar la disidencia. Su testimonio y experiencia evidencian un uso preocupante del aparato judicial contra la libertad de prensa y expresión en Campeche, lo que representa una seria alerta para la democracia en México.