La consulta ciudadana sobre el Tren Maya realizada en cinco estados del sur de México avaló uno de los proyectos prioritarios de AMLO que a meses de empezar a ser construido carece, por ejemplo, de estudios de impacto ambiental.

El fin de semana pasado, el Tren Maya fue aprobado por medio de una consulta ciudadana en la que 92.3 por ciento de los habitantes de las comunidades indígenas consultadas votaron por el “sí”.

Este es uno de los 25 proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador recorrerá 40 municipios de cinco estados: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De acuerdo con el gobierno federal, el Tren Maya estará compuesto por mil 525 kilómetros de vías férreas y tendrá 18 estaciones; requerirá una inversión de alrededor de 120 mil millones de pesos: la mitad recaudada por medio de impuestos a turistas y la otra mitad proveniente del gobierno federal y beneficiará el desarrollo de la región, así como la calidad de vida de 12 millones de habitantes y la experiencia de 17 millones de turistas. 

La consulta para este proyecto fue realizada el 14 y 15 de diciembre. Desde el 15 de noviembre fueron instalados 15 módulos en los cinco estados por donde pasaría el tren con información sobre el proyecto en español y maya, y fueron realizadas asambleas informativas para los habitantes de estas entidades. 

El presidente López Obrador dijo que si el resultado de la consulta era negativo, el proyecto no seguiría adelante. 

Pero la ingeniería básica del Tren Maya había sido adjudicada en agosto pasado a un consorcio integrado por cuatro empresas (SENERMEX Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V., Daniferrotools, S.A. de C.V., Geotecnia y Supervisión Técnica, S.A. de C.V. y Key Capital, S.A.P.I. de C.V.).

Los anteproyectos arquitectónicos y conceptuales de las estaciones y los polos de desarrollo inmobiliario también han sido licitados. El estudio integral de seguridad para el proyecto también está en la etapa de licitación desde el 4 de noviembre pasado. 

Y aunque académicos mexicanos y organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han advertido sobre el impacto negativo de este proyecto en el medio ambiente, el gobierno federal pretende que 726 kilómetros del Tren Maya queden exentos de la manifestación de impacto ambiental porque, dicen, en ese tramo ya existe una vía férrea que solo sería modernizada.

La OCDE presentó en mayo pasado el estudio “Financiando los futuros climáticos”, en el que asegura que proyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas “apuntarían en dirección contraria a los compromisos climáticos internacionales de México y al esfuerzo mundial por combatir el cambio climático, lo cual sería muy delicado”. 

En ese documento, la OCDE advierte que “la valoración y gestión de los riesgos climáticos en un contexto de total transparencia, será un factor determinante para atraer el financiamiento necesario. Esperamos que obras como la carboeléctrica, la refinería y el Tren Maya cumplan con este requisito”.

En este contexto, la consulta ciudadana para el Tren Maya fue realizada y 100 mil 940 mexicanos participaron: 93 mil 142 (92.3 por ciento) votaron por el “sí”, siete mil 517 (7.4 por ciento) por el “no” y 281 (0.3 por ciento) se abstuvieron.  

No obstante, activistas opositores a este proyecto denunciaron que la consulta ciudadana estuvo plagada de irregularidades y que el gobierno no informó sobre el impacto ambiental real del proyecto.

Pero el presidente ya dijo que la consulta legitima este proyecto y anunció que el resto de las licitaciones iniciarán en enero de 2020 y las construciones empezarán entre marzo y abril del próximo año.