Rubén Rocha Moya pidió licencia como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo de 2026. Aunque buscó llegar al cargo desde 1986, una vez en el poder no logró concluir su sexenio. Pero antes de despachar desde el Palacio de Gobierno de Sinaloa, Rocha fue maestro, líder sindical, senador y hasta escritor.

En 2013 publicó un libro: El Disimulo, así nació el narco. La obra fue presentada en la Feria del Libro Mazatlán 2014, donde el entonces diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda comentó que muchos de los aspectos narrados en el libro seguían ocurriendo en la actualidad, “nada más que ahora con más modernidad”.

Una década después, Cuén Ojeda sería asesinado en Culiacán durante la administración de Rocha, y la Fiscalía estatal aseguraría que el homicidio fue cometido durante un asalto, a kilómetros del sitio en donde el hombre realmente murió. El narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada daría a conocer que en realidad fue asesinado en la misma reunión en la que el propio capo fue secuestrado.

Rubén Rocha Moya, el gobernador

Rocha Moya comenzó su trayectoria profesional como maestro rural. Más tarde fue dirigente sindical en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), institución de la que años después se convertiría en rector. También fue coordinador de asesores del gobierno estatal, funcionario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y senador de la República por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Tras contender en dos ocasiones por la gubernatura (1986 y 1998), finalmente ganó la elección de 2021. Rocha asumió el cargo el 1 de noviembre de ese año y su mandato estuvo marcado desde el inicio por señalamientos sobre la forma en que llegó al poder. Tras su triunfo electoral en junio de 2021, comenzaron a surgir señalamientos políticos sobre una posible intervención de grupos criminales en el proceso.

En la recta final de su periodo, el 29 de abril de 2026, fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron una acusación formal contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa, señalando que habrían facilitado el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos y apoyo político.

Según los fiscales, en junio de 2021 Rocha Moya se reunió con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, mientras eran protegidos por sicarios del cártel armados. Los Chapitos prometieron asegurar su triunfo electoral; a cambio, Rocha Moya prometió colocar a funcionarios afines al tráfico de drogas en posiciones de autoridad dentro del gobierno estatal. La acusación sostiene que para lograrlo, la organización criminal robó boletas y secuestró e intimidó a sus rivales políticos.

Lo que en 2026 describe el Departamento de Justicia de Estados Unidos como un esquema criminal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya lo había denunciado ante tribunales mexicanos en 2021. El expediente TESIN-INC-06/2021, del Tribunal Electoral de Sinaloa, recoge el recurso de inconformidad que el partido interpuso para pedir la nulidad de la elección de gobernador. La demanda documentó al menos 102 eventos de violencia ocurridos antes y durante la jornada electoral del 6 de junio de ese año: secuestros de funcionarios partidistas, robo de urnas por grupos armados, cierre de casillas por amenazas, y la renuncia forzada de una candidata tras el secuestro de su hermano.

Los hechos documentados en el expediente abarcaron múltiples municipios. En Ahome, comandos armados robaron urnas en al menos 23 casillas, obligaron a cerrar otras cinco en el Ejido Mochis y destruyeron material electoral. En Guasave, al menos ocho personas, entre ellas una regidora y varios promotores del voto, fueron privadas de la libertad durante la jornada. En Culiacán, el propio secretario de Organización del PRI en Sinaloa, José Alberto Salas Beltrán, fue secuestrado la noche previa a la elección. Apareció golpeado y con un mensaje: “Esto no termina aquí”. En Badiraguato, la candidata del PRI a la alcaldía, Guadalupe Iribe, renunció en plena jornada porque habían “levantado” a su hermano.

La Fiscalía General del Estado abrió 42 carpetas de investigación por delitos cometidos durante el proceso electoral, y el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó incidentes en 51 casillas, aunque su vocal ejecutivo señaló que la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar era tan amplia que el resultado no variaría.

Fue precisamente ese margen lo que selló la suerte del recurso. El Tribunal Electoral de Sinaloa confirmó la validez de la elección el 9 de julio de 2021. En su resolución, los magistrados reconocieron los hechos de violencia, pero concluyeron que se trató de actos aislados que afectaron apenas el 0.46 por ciento de las cuatro mil 986 casillas instaladas en el estado.

Para declarar la nulidad, la ley exige que las violaciones sean generalizadas, sustanciales, plenamente acreditadas y determinantes para el resultado. Los magistrados consideraron que no se cumplían esos requisitos: Rocha Moya había obtenido el 56.60 por ciento de los votos (624 mil 225 sufragios) frente al 32.49 por ciento de su más cercano competidor, Mario Zamora Gastélum, una diferencia de 24.11 puntos porcentuales. Las irregularidades no podían, aritmética ni cualitativamente, haber determinado ese resultado, según determinó el Tribunal.

Rubén Rocha Moya, ¿el pacificiador?

La crisis de Sinaloa no se limita a lo económico ni a lo político. En los últimos 20 meses se ha vivido la peor crisis de inseguridad en el estado. La Fiscalía General reporta al menos dos mil 828 asesinatos, tres mil 671 desapariciones y casi 15 mil robos de vehículos de forma violenta.

Durante los primeros dos años y medio del gobierno de Rocha Moya (de noviembre de 2021 a julio de 2024) los homicidios dolosos en Sinaloa se mantuvieron en niveles relativamente bajos: entre 33 y 55 por mes. Todo cambió a partir de septiembre de 2024, cuando el número de asesinatos se disparó a 143 homicidios dolosos en un solo mes, como efecto de la guerra intestina entre facciones del Cártel de Sinaloa. Octubre de 2024 registró 182 homicidios; noviembre, 174; y diciembre, 157.

La violencia no cedió en 2025: junio alcanzó los 207 asesinatos, la cifra mensual más alta del periodo. Para los primeros meses de 2026, el estado seguía promediando más de 100 homicidios al mes.

El patrón de desapariciones siguió la misma curva. De registrar entre 10 y 25 personas desaparecidas por mes en 2022 y 2023, Sinaloa llegó a 104 desapariciones en octubre de 2024. Durante 2025, los meses de junio y marzo superaron las 89 y 95 desapariciones respectivamente.

En materia de extorsión, los registros anuales también se deterioraron durante su administración: de 48 casos en 2023 subieron a 90 en 2024 y a 105 en 2025. Los delitos de lesiones pasaron de cuatro mil 699 en 2023 a cinco mil 136 en 2025.

Así, Sinaloa registró en 2024 y 2025 sus peores cifras de violencia en al menos una década. Rocha Moya gobernó esos meses sin dar explicaciones públicas satisfactorias sobre su relación con los grupos que se disputaban el territorio a balazos.

Rocha pidió licencia el 1 de mayo de 2026, cuando las acusaciones de Estados Unidos lo dejaron sin margen político, algo que ni siquiera las demandas de la ciudadanía lograron en enero de 2025. En ese entonces, los asesinatos de dos niños en Culiacán provocaron una movilización masiva en la ciudad. Al llegar al Palacio de Gobierno, los manifestantes rompieron cristales y paredes hasta llegar a la oficina del mandatario, en donde al grito de “¡Fuera Rocha”! exigieron justicia por los menores y paz para toda la sociedad sinlaoense.

El gobernador dejó el cargo sin que la violencia cediera: en los primeros cuatro meses de 2026, Sinaloa acumuló 394 homicidios dolosos y 178 personas desaparecidas.

Rubén Rocha Moya, el autor

Mucho antes de convertirse en gobernador, Rubén Rocha Moya desarrolló una faceta como escritor. En 20143 publicó el libro El Disimulo, así nació el narco, una obra presentada durante la Feria del Libro Mazatlán 2014.

La persona a cargo de presentar el libro fue Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien en ese entonces era diputado y exrector de la UAS. De acuerdo con lo reportado entonces por el medio Sinaloa en línea noticias, Cuén Ojeda “se extendió más de lo debido en el tiempo, pues prácticamente repasó cada uno de los capítulos del libro”.

El libro aborda, por medio de la ficción, los orígenes del narcotráfico en la entidad y las relaciones de poder que permitieron su expansión. En entrevista con el diario El Debate en enero de 2014, Rocha dijo que su objetivo era mostrar que “el fenómeno del narco nace al amparo del propio Estado”.

Además, aseguró que le preocupaba que “no se adopte la salida más adecuada, que no se canalicen adecuadamente los efectos de este fenómeno. Yo creo que, en buena medida, hace falta que se precisen las políticas y se adopten con mayor certeza. Me preocupa que no se haga porque entonces es un fenómeno que va a generar conflictos mucho mayores con los factores aledaños o ingredientes que trae consigo, como la violencia y la drogadicción, que son las dos manifestaciones más preocupantes”.

El colega de Rocha que presentó ese libro en Mazatlán, Héctor Melesio Cuén, fue asesinado el 25 de julio de 2024, el mismo día en que Ismael “El Mayo” Zambada fue secuestrado en Sinaloa por Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para trasladarlo a Estados Unidos, en donde ambos están presos desde entonces.

El asesinato de Cuén abrió una nueva crisis política en Sinaloa. La Fiscalía estatal inicialmente sostuvo que había sido asesinado en una gasolinera durante un intento de asalto. Esta versión fue contradicha por videos y por la propia Fiscalía General de la República, que posteriormente atrajo el caso. Desde entonces, crecieron los cuestionamientos sobre la actuación del gobierno estatal y el manejo político de la investigación.

Semanas después, “El Mayo” Zambada difundió una carta en la que aseguró que ese 25 de julio había sido citado a una reunión con Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén en el rancho Huertos del Pedregal, en Culiacán. Según su versión, el encuentro terminó siendo una emboscada que derivó en su traslado forzado a Estados Unidos y en el asesinato de Cuén.

Rocha Moya negó públicamente estar en Sinaloa ese día. Afirmó que se encontraba en Los Ángeles, California, en un viaje familiar, y posteriormente mostró documentos migratorios para intentar acreditar su versión.

Sin embargo, las dudas sobre su paradero persistieron y la Fiscalía General de la República le solicitó pruebas formales de ubicación. Aunque no existe evidencia pública concluyente que lo coloque en la reunión descrita por Zambada, el episodio profundizó la crisis política y las sospechas alrededor del gobernador sinaloense.

Rubén Rocha Moya, ¿el austero?

En su última declaración patrimonial, Rocha Moya reportó ingresos anuales por dos millones 336 mil 583 pesos. Su salario como gobernador fue de 798 mil 208 pesos anuales, mientras que el resto provino de tres pensiones: 731 mil 647 pesos de la UAS (institución que dirigió de 1993 a 1996), 490 mil 626 pesos del IMSS y 316 mil 102 pesos por una pensión por viudez del ISSSTE.

Sobre su patrimonio, la declaración que firmó ante la Secretaría de Transparencia de Sinaloa, consultada por este medio digital, muestra un perfil modesto en papel. Declara una sola propiedad: una casa adquirida en 1984 por 650 mil pesos, con una superficie de terreno de más de 10 mil metros cuadrados y apenas 155 metros cuadrados de construcción.

También registra dos vehículos alemanes: un Volkswagen Gol 2017 que afirma haber ganado en una rifa, y un Mercedes-Benz GLC 2018 adquirido a crédito por 850 mil pesos. Completan el cuadro cinco cuentas bancarias (en Banamex, Banorte y Scotiabank), muebles de hogar valuados en 500 mil pesos comprados en tiendas como Liverpool y Muebles Dico, y un crédito hipotecario con Fovissste de 1.4 millones de pesos.

Un dato que llama la atención es que en en su declaración de 2021 reportó ingresos por apenas 352 mil pesos, de los cuales más de 220 mil fueron clasificados como “otros ingresos” sin detallar su origen. En contraste, en su declaración más reciente informó percepciones superiores a los dos millones de pesos. Además, declaró un crédito hipotecario superior a 1.4 millones de pesos adquirido en 2015, aunque el inmueble relacionado no aparece en su declaración. Rocha Moya no reporta participación en ninguna empresa, fideicomiso ni asociación