En este video, Ernesto Aroche, reportero del portal LadoB en Puebla, comparte la anécdota de un expediente que la Contraloría del estado hizo público por 10 mil pesos.

Ernesto Aroche es reportero en el portal  LadoB, en Puebla. Para ejercer su profesión, debe trabajar con solicitudes de acceso a la información pública de manera regular. En este video comparte dos anécdotas con el sistema de acceso a la información estatal.

Aroche equipara el proceso de solicitud de información pública con un juego de ajedrez: “ya me bloqueaste por acá, mi siguiente jugada va a ser moverme para acá para llegar por este lado y conseguir la información”.

En este sentido, recuerda que en 2015 solicitó tener acceso a un expediente de sanción contra Marcelo García Almaguer, vocero del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas por promocionar la imagen del mandatario local en otros estados.

La respuesta fue que las copias del expediente costaban 10 mil pesos.

El medio decidió hacer una colecta del dinero por medio de una campaña en Internet porque sus finanzas no le permitían pagar ese monto. Con este método lograron llegar a la meta y fueron a pagar el expediente a la Contraloría del estado.

Al llegar, el vocero del gobernador les dijo que les podía dar el expediente en formato digital, pero el portal LadoB ya tenía el dinero que había recolectado por medio de una campaña, por lo que decidieron pagarlo y solicitar las copias.

Días después, al recibir las copias del expediente, Aroche encontró que más de la mitad de los documentos estaban testados y que faltaban datos como el nombre del entonces gobernador Moreno Valle porque, argumentaba la Contraloría, “era un dato personal”.

Ante esto, el portal interpuso un recurso de revisión y el Instituto de Transparencia de Puebla (ITAIP) le ordenó al sujeto obligado entregar la información sin testar.

No obstante, la versión final del expediente era, casi en su totalidad, la resolución de sanción del Instituto Nacional Electoral (INE) que ya era público en el sitio web oficial del organismo. En este caso, la Contraloría debía proporcionar la liga electrónica y no cobrarle al solicitante por la información.

Además, la conclusión del expediente fue que el vocero de Moreno Valle fue sancionado con “una amonestación privada”. Es decir, el portal LadoB pagó 10 mil pesos por copias de un expediente que no contenía información novedosa ni valiosa.

El juez que no debió serlo

El reportaje “El juez que no debió serlo” fue realizado con base en solicitudes de información. Esta investigación revela que un juez penal en el municipio de Cholula, Puebla, ejerció su profesión durante 30 años sin título ni cédula profesional.

Al solicitar el título del juez a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la institución respondió que se trataba de datos personales y no podían hacerlo público. Los reporteros de LadoB interpusieron un recurso de revisión, pero el Instituto de Transparencia de Puebla (ITAIP) ratificó la respuesta de la Universidad.

De esta manera, LadoB debió recurrir a un amparo ante un juzgado federal que ordenó la publicación del documento, pero el ITAIP apeló esta respuesta. El proceso legal para obtener este documento duró alrededor de ocho meses.