El acceso a la información es un derecho humano. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNHD), es “una herramienta esencial para hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de la democracia”. Es por eso que el Estado debe garantizar que todas las personas puedan buscar, obtener y difundir con total libertad la información pública en cualquier formato.

Que un funcionario público ofrezca entregar información que las instituciones se han negado a hacer pública al ser requerida por medio de los sistemas de acceso a la información me parece una violación a este derecho, que por definición es universal.

Porque, ¿de qué sirve tener una ley de transparencia, plataformas y mecanismos si obtener la información depende, como tantas otras cosas, de las personas a las que conoces o con las que puedes sentarte a hablar?

Utilizar solicitudes de información como punto de partida para iniciar una investigación periodística es un arma de doble filo, porque por un lado obtienes información oficial que puedes contrastar con otras fuentes, pero por otro lado debes esperar dos semanas (en el mejor de los casos) para acceder a ella.

El periodismo siempre está bajo presión, por lo que depender de los plazos legales puede ser frustrante. El caso de la información clasificada como reservada es el clímax de la frustración: después de tanto tiempo de espera, la respuesta es que no podrás conocer la información hasta dentro de cinco años.

Ante esto es posible impugnar la resolución en el mismo órgano garante; si su resolución tampoco favorece al solicitante, está el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Si el INAI avala la reserva, queda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El camino puede ser descrito con cierta facilidad, pero se trata de meses de un proceso legal que acaba por agotar a la persona más paciente.

Es por eso que si en algún punto de este camino el periodista puede hablar con un funcionario de la dependencia a la que solicitó la información y este servidor público le promete entregarle la información, parece que todos sus problemas han sido resueltos.

Para mí, en realidad es aquí en donde todo se complica. ¿Más complicado que pasar meses peleando por información pública? Sí, mucho más.

El “yo con mucho gusto me comprometo a entregarles sus documentos” de cualquier funcionario viene del mismo lugar del que saldría un “no sabes con quién te estás metiendo” si algún día intentan multarlo por ir a exceso de velocidad, en el mejor de los casos.

Es un sinónimo de “porque soy yo, la ley no importa, me la puedo saltar”.

Pero prefiero recorrer el largo y tormentoso camino legal que recurrir a una variante del compadrazgo para tener los documentos en mis manos. Y es que si acepto este trato preferencial, ¿la transparencia es en verdad un derecho humano o es un privilegio al que solo podemos acceder cuando los funcionarios son evidenciados en un programa de radio y creen que la forma de salir del paso es prometer que ignorarán la reserva de información y entregarán los documentos?