Esta experiencia, como otras que se han presentado en la historia, deben ser guía para mitigar cualquier daño para nuestros conciudadanos, pues las consecuencias de una vulneración pueden acompañar hasta a las buenas intenciones.

La valorización de nuestra información y el respeto a la vida privada son metas en las que como país nos ha costado avanzar. Sí, es cierto, y sin generalizar debemos reconocer que realmente no dimensionamos el valor de los datos personales.

En “la mañanera” del pasado 11 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola (Ver AMLO revela cuánto gana Loret y viola el derecho a la protección de datos personales); unas semanas atrás, este último reveló información sobre el patrimonio de Carolyn Adams Solano, esposa del hijo del mandatario, José Ramón López Beltrán. Esto abrió la puerta a cuestionamientos sobre si dichas investigaciones se habían dado al margen del interés público, jurídico o legítimo, pero dejando grandes enseñanzas sobre lo que implica la distribución no consentida de datos.

Estamos presenciando un caso de gran impacto mediático principalmente por quienes protagonizan esta historia y los antecedentes de esta. Sin embargo, y pese a la desafortunada experiencia que implica este suceso, algo positivo debemos sacar de esto: visibilizar el riesgo de no proteger los datos personales de los terceros más allá de las consecuencias legales. 

Hoy, tras la difusión de cifras y cantidades, nos hemos imaginado los posibles actos de los cuales puede ser objeto una persona tras hacerse pública su información patrimonial; y no, no es simple paranoia injustificada, pues cobran relevancia el clima de inseguridad para las y los periodistas en el país y los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 del INEGI, en la cual se señala que durante 2020 hubo un total de 21.2 millones víctimas delictivas.

Esto no quiere decir que los delitos en México se propicien porque no se protegen los datos personales, y prueba de ello es el cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia, las cuales contemplan la publicidad de los ingresos de quienes se desempeñan en el sector público, por citar un ejemplo. Lo que sí debemos reconocer es la persistencia de grandes brechas de seguridad (principalmente administrativas) que representan una afectación potencial para los titulares, máxime cuando de información sensible se trata, como aquella vinculada a la salud, seguridad o finanzas.

Esta experiencia, como otras que se han presentado en la historia, deben ser guía para mitigar cualquier daño para nuestros conciudadanos, pues las consecuencias de una vulneración pueden acompañar hasta a las buenas intenciones, como ocurrió en 2009 durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando la familia del marino Melquisedec Angulo Córdova fue asesinada luego de que  a través de un ejercicio de rendición de cuentas se dio a conocer la participación del elemento naval en un operativo en contra de crimen organizado.

Como lo mencioné en mi columna anterior, cuando hablamos de protección de datos personales nos sigue castigando la falta de empatía (Día Internacional de Protección de Datos Personales en México: 4 años de conmemoración, 11 años tras el mismo reto), y sin querer lo hemos normalizado tanto que por mucho tiempo parecíamos acostumbrados a ello.

Hay dos lecciones por aprender: 1) el riesgo existe y 2) el riesgo es crisis.

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Marco Juárez

Comunicólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Consultor en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales con más de 7 años de experiencia en la administración pública. LinkedIn: Marco Juárez | Twitter: @SoyMarkoJuarez