Todos y cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos preguntado sobre los costos y gastos vinculados al pago de obras y servicios por parte de las autoridades gubernamentales; ¿cuánto ganan los representantes en cada esfera del sector público o a quiénes son otorgados los apoyos o programas sociales?

Si usted, amigo lector, no se ha planteado alguna de las anteriores preguntas, permítame decirle que esta columna es para usted.

Considero que existe una condición para que el pueblo tenga un buen gobierno y es, efectivamente, que el poder resida en el pueblo. Para contribuir a ello, distintos gobiernos, como el de México, han desarrollado y legalizado el acceso a la información pública. Es cierto que en ocasiones dicho tema parece un complejo entramado de normas, leyes, principios, criterios, instituciones, autoridades, etcétera, pero, a final de cuentas, el tema ya se ha puesto ahí: en la Constitución.

No es momento ni objetivo de esta columna el debatir si históricamente nuestra democracia ha estado a la altura de lo que nuestra sociedad merece, pero es un hecho que el acceso a la información pública o gubernamental es una característica intrínseca de esta forma de hacer gobierno y, por cuanto hace a esto, resulta fundamental que la apertura de información tenga como sustento y fundamento un derecho humano y constitucional fundamental.

Ahora bien, el acceso a la información ya lo han puesto ahí, está normado, y nos han dejado en claro que la información está abierta y es para todos, sin excepciones; lo que nos queda es conocerla y utilizarla. Es más, la autoridad ya se obligó a poner la información en sitios de internet públicos y nos mandó el mensaje de que no es necesario visitar alguna oficina para conocerla, sólo es necesario prender una computadora. Además, la autoridad ya dejó en claro que la información que debe publicar será apegada a los principios de calidad, actualidad, será reutilizable y certera, a expensas de que si no lo hace tendrán que castigarse. 

Nuestras autoridades dijeron, también, que si la información que buscas no está en las plataformas de transparencia se puede pedir por otras vías y se tendrá que entregar porque de no hacerlo también serán sancionados. Se crearon ya sistemas para garantizar este derecho y se pusieron términos, se crearon instituciones autónomas a nivel nacional y estatal.

A lo que quiero llegar, amigo lector, es que si como ciudadanos no sabemos algo, ya tenemos las condiciones para investigarlo. Y en esto radica el que hasta ahora no hayamos tenido el buen gobierno que merecemos sino el gobierno que hemos permitido.

Hoy tenemos una nueva oportunidad: la de exigir y gobernar en apego a una sana rendición de cuentas. Sirva esta columna para invitarte a pedir, cuestionar, indagar e investigar esa información pública que podemos utilizar para decirle a nuestro gobierno lo que hizo mal y poder reclamar, demandar, denunciar; hagamos valer nuestro derecho a saber.

Tomemos ya, de una vez por todas, las riendas y encaremos nuestra obligación como ciudadanos. Ya no es dable argumentar que no lo hacemos porque no sabemos. Ahora las herramientas tecnológicas y las redes sociales nos dotan de lo necesario para poder denunciar o demandar de la autoridad tal o cual cosa en el momento preciso en que se suscita el hecho. Pues vamos a bien utilizar esas herramientas y hagamos ya lo que debemos hacer.

Actuemos si lo que queremos es mejorar. La información es poder. El conocimiento engrandece al ser humano. El acceso a la información empodera al ciudadano.