Hoy revisé una solicitud de información cuyo plazo para ser respondida venció el 11 de febrero y sigue sin respuesta. Esto no es nuevo ni sorprendente, es algo que pasa. Pero en los últimos meses es algo que pasa con más frecuencia y no puedo evitar pensar que se trata de un complot de la cuarta transformación contra el acceso a la información.

Hice mi primera solicitud de acceso a la información hace cinco años, cuando estudiaba los últimos semestres de la carrera. En ese momento no imaginé que años después los mecanismos de acceso a información pública serían mi principal herramienta de trabajo. Desde entonces, he solicitado información a todos los estados de la República y a casi todas las dependencias federales y con las respuestas he escrito notas y reportajes.

Claro que el camino nunca ha sido fácil: a veces he recibido las respuestas dentro de los plazos de ley y a veces he tenido que interponer recursos de revisión porque información que sí existía era entregada a medias, negada o declarada inexistente; pero desde diciembre pasado, el proceso para recibir información pública es significativamente más difícil.

Esto no tiene nada que ver con mi opinión sobre López Obrador como persona, ni siquiera como presidente; tampoco está relacionado con lo que opino sobre los secretarios de Estado. Esto es un hecho: desde que el gobierno federal cambió, no he podido acceder a información pública tan fácil y rápido como lo hacía en la administración pasada y eso ya es mucho decir, porque el gobierno de Peña Nieto no se caracterizó por su transparencia.

Describiré los problemas para que la administración federal responda las solicitudes porque aunque también he solicitado información a algunas entidades desde diciembre, la realidad es que a nivel estatal siempre ha sido mucho más difícil tener acceso a información por este medio y es de esperarse que los sujetos obligados no respondan, respondan mal, fuera de tiempo y el solicitante tenga que interponer recursos de revisión ante el órgano estatal o de inconformidad ante el INAI. No quiero decir que esté bien, pero es lo “normal”.

A nivel federal, sin embargo, las dependencias sí habían entregado la mayoría de la información; a regañadientes, pero lo hacían.

Creo que existen varias explicaciones para que tener acceso a la información pública del nuevo gobierno federal sea tan complicado: la incorporación de nuevos sujetos obligados a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el desconocimiento de la forma de trabajar del nuevo gobierno y la falta de “maña”.

Cuando empecé a trabajar con solicitudes de información, la administración de Peña Nieto iba casi a la mitad y, al principio, mi trabajo no dependía (tanto) de que los sujetos obligados respondieran. Tenía tiempo para interponer recursos de revisión, llamar a las secretarías para aclarar las respuestas o la falta de estas y, con el tiempo, aprendí los atajos para obtener la información, las palabras que había que utilizar para que entregaran los documentos en formato digital y no tuviera que pagar las copias, la frase que daba acceso a facturas, tickets y/o contratos sin tener que especificar uno de ellos: “solicito todos los documentos…”.  

Pero el gobierno cambió y con él, la forma de relacionarse con los mecanismos de acceso a la información. En primer lugar, el presidente López Obrador cambió la estructura de las secretarías de Estado al reemplazar unas por otras, eliminar algunas y crear otras más.

Esto, para la operación de la PNT, fue desastroso: el nuevo gobierno empezó a operar el 1 de diciembre, es 18 de febrero y las nuevas dependencias no han sido incorporadas a la plataforma. El centro de atención telefónica del INAI dice que basta con dirigir la solicitud a una dependencia que esté “relacionada con el tema”.

Además, ahora no basta con solicitar “todos los documentos” que comprueben la inversión del gobierno. Contrario a lo que sucedía durante el sexenio pasado, este gobierno responde a esa frase con documentos igual de vagos. Una respuesta otorgada el 25 de enero dice que “no se está en posibilidad de proporcionar el monto erogado (…) toda vez que se encuentra dentro de un contrato por servicios integrales”. La solicitud solicitaba “todos los documentos (facturas, tickets o cualquier otro) que comprueben los gastos…”. La respuesta dice que hay un contrato, pero la dependencia no entregó el contrato. Esto significa que tuve que dirigir otra solicitud de información para pedir ese contrato y ahora debo esperar otros 20 días hábiles. Demasiado tiempo perdido.

En otros casos, como el de la captura de pantalla que muestro aquí abajo, los organismos federales simplemente no responden la solicitud. La fecha límite de respuesta venció y el FONATUR no contestó.

No digo que esto no haya pasado durante el gobierno pasado, pero sí que el actual presidente prometió total transparencia en su administración. Esa, tal vez, fue una de las razones por las que 30 millones de mexicanos votaron por él.

A tres meses del inicio de la cuarta transformación, parece que todo sigue igual y en algunos casos, peor. Es cierto que estas trabas para obtener documentos públicos entorpecen el trabajo periodístico, pero un deficiente acceso a la información lastima, en primer lugar, a la sociedad.

Hasta ahora, todo parece indicar que, por desconocimiento o falta de voluntad, esto es un complot de la cuarta transformación.