Imagine que una basurilla en su ojo y no se la quita durante un largo tiempo. Esto podría causar daños, el ojo podría incluso quedar ciego. ¿Tiene algún sentido?,  ¿existirá una razón superior para quedar ciego de un ojo?, ¿habrá un beneficio en este procedimiento?

Esta sería la paradoja de las estadísticas criminales: en términos de coyuntura se resuelve el problema “político”, al recodificar los delitos para evitar aparecer en los rankings de violencia (lo que llaman “tapar el sol con un dedo”). Pero en términos estructurales, continúa la problemática y se acentúa, dado que las políticas se fundamentan en datos erróneos. Esto sólo pudiera explicarse considerando que los gobernantes son incapaces de apreciar la relevancia de los datos oficiales a largo plazo.

La pregunta es ¿cómo generaciones futuras de gobernantes, servidores públicos, organizaciones civiles y centros académicos desarrollarán estrategias de prevención y en contra del delito si el ojo tiene tiempo sin registrar claramente su realidad? Se generan cadenas de malas decisiones.

Se ha diseñado un ejercicio estadístico con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del  INEGI, las cifras extraoficiales recopiladas por la asociación civil Alto Al Secuestro y los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a fin de cuantificar la magnitud del daño sólo para el caso del secuestro.

La finalidad de retomar el secuestro se debe a que es un delito con –aparente– registro bajo, lo que facilita que asociaciones como Alto Al Secuestro hagan un monitoreo mediático de los hechos y sirvan como un espacio de observación entre cálculos de estimación y carpetas de investigación.

Contamos con el registro que hacen las autoridades comúnmente llamado “cifra blanca” y con instrumentos estadísticos que permiten cuantificar de qué tamaño es el delito (estimación total y cifra negra), pero en este trabajo se ha detectado un dato específico que podríamos denominar “cifra gris”.

La ENVIPE estima que en el año 2016 se cometieron 31.1 millones de delitos (estimación total), de los cuales tres millones fueron denunciados; de ese total, 1.9 millones iniciaron una carpeta de investigación (cifra blanca) y en un millón no lo hicieron, a pesar de acudir al Ministerio Público (cifra gris), por lo que la cifra negra rondaría los 29.1 millones de delitos.

El  SESNSP registra 1.6 millones de delitos en el mismo periodo: 300 mil delitos menos a los reportados en la estimación del INEGI. Con esos datos se podría estimar que en general la cifra gris representa el 64.1 por ciento sobre lo denunciado pero por una u otra razón no es registrada.

En el periodo de estudio (agosto de 2016 a julio de 2017), se detectaron en total  mil 841 secuestros, Mil 587 provienen de las Procuradurías o Fiscalías, y 254 más fueron captados por Alto Al Secuestro, lo que señalaría que la cifra gris asciende a 16 por ciento de los secuestros.

Si se hace un acercamiento a las entidades, ¿existen ciertos estados que tienden a subrepresentar el secuestro en sus registros? La respuesta es sí y los estados que destacan son Sonora (66.7 por ciento) y Sinaloa (52.9 por ciento), donde la cifra extraoficial de Alto Al Secuestro es igual o mayor a los registros oficiales del SESNSP.

En la lista continúa Chihuahua (47.6 por ciento), donde apenas lo oficial es mayor a lo extraoficial. Además, se encuentran Guanajuato (37.5 por ciento), Colima (36.4 por ciento), Coahuila (33.3 por ciento), Quintana Roo (31.6 por ciento), Tlaxcala (31.3 por ciento) y Baja California (31.3 por ciento), donde por cada dos secuestros registrados existe uno que no fue captado.

Esto tiene consecuencias en la sociedad, ya que se traduce en víctimas que no fueron atendidas de manera correcta. En total existieron dos mil 238 víctimas en el periodo, pero solo mil 884 fueron registradas de manera oficial, mientras que 354 víctimas no fueron parte de la estadística, o sea, 18.7% de lo captado por el SESNSP.

El daño hecho al registro estadístico del secuestro en el país podría parecer poco dañino dado que no se ha registrado 16 por ciento de los casos y 18.7 por ciento de las víctimas, pero si hiciéramos una multiplicación de los sucesos por cuatro años, tendríamos mil 270 secuestros y mil 770 víctimas no analizadas.

Eso implica que miles de datos y decenas de variables que pudieran coadyuvar en detallar una estrategia en contra del secuestro (modus operandi, zonas de riesgo, objetivo del delito, y características de las víctimas y victimarios) no están siendo utilizados por las autoridades.

En conclusión, aquel ojo que registra y nos otorga evidencia para comprender la realidad a través de datos está dañado porque no es capaz de captar adecuadamente, por lo tanto se pierde valiosa información y se reafirma la valiosa actividad de asociaciones civiles como Alto Al Secuestro.