Un día cualquiera te preparas para salir. Al partir te despides del guardia somnoliento; pasas a comprar un café, en la entrada te saluda un guardia atento; llegas a la oficina, te recibe un guardia sonriente; más tarde vas al banco, te observa un guardia serio; en la comida ves a un guardia estático en la recepción de un restaurante; finalmente regresas a casa y es otro guardia el que aguarda tu llegada.

Seguramente en un día común tratamos más con guardias que agentes públicos. Pero casi nunca nos cuestionamos sobre lo que representa el apabullante crecimiento de empresas de seguridad, un negocio multimillonario que no sólo tiene guardias, sino que provee capacitación y equipo, protección personal y custodia de patrimonio (propiedades, transporte, proyectos).

La asociación Inter-American Dialogue, en su reporte “Security for Sale. Challenges and Good Practices in Regulating Private Military and Security Companies in Latin America”, sostiene que las empresas de seguridad privada desarrollan su auge con el incremento de delitos violentos, el cual inició el 11 de diciembre de 2006 cuando el ex presidente Felipe Calderón anunció la “guerra contra el crimen organizado” para combatir a los grupos del narcotráfico en México.

El tema de la inseguridad en el país ha alcanzado tal dimensión que en la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI (2017), 61.1% de la población expresó estar preocupada por ello, por arriba de problemáticas como el aumento de precios (36.5%), el desempleo (36.3%), la corrupción (29.1%), la salud (28.8%) y la pobreza (27.9%).

Actualmente existen cuatro mil 102 empresas de seguridad privada registradas en México; entre el año 2010 y 2016, el número de entidades se ha incrementado en 36.1%, lo que concuerda con el aumento de delitos violentos, y se podría suponer que el incremento de violencia se relaciona con la falta de capacidad de los cuerpos policiacos para responder a la demanda, lo que desemboca en la creación de empresas de seguridad privada.

En este sentido, la Inter-American Dialogue afirma que en América Latina se crean empresas para complementar y ofrecer seguridad, pero estas, a su vez, desarrollan las condiciones

• Generar policías que trabajan en el sector privado y en el público al mismo tiempo, lo que engendra conflictos de interés;
• Aumentar el uso de recursos públicos para capacitación de agentes que más tarde son atraídos por empresas;
• Importar de forma desmesurada armas para luego incorporarlas al mercado negro o gris;
• Desarrollar redes de corrupción entre elementos y ex elementos militares y de seguridad que generan impunidad y frenos institucionales; y
• Utilizar la fuerza pública para cometer homicidios o desaparición en contra de activistas ambientales que afectan los intereses de sus clientes.

En México existen 218 mil 649 elementos estatales frente a 113 mil 996 personas en la seguridad privada. Esto contrasta con las cifras en América Latina que muestran superioridad de la seguridad privada frente a la pública: en Brasil, por ejemplo, la proporción es de cuatro a uno, en Guatemala de cinco a uno, y en Honduras de siete a uno, según cifras de Inter-American Dialogue.

En México hay una clara superioridad de la fuerza pública (del 98.1 por ciento) sobre empresas privadas (sin considerar guardias sin registro), pero si observamos a nivel entidad federativa, encontramos señales preocupantes que podrían indicar cómo las empresas privadas han adquirido mayor fuerza que las corporaciones estatales (principales responsables de atender delitos del fuero común).

Si la suma de policías estatales y elementos privados es la fuerza total de una entidad, podríamos determinar su composición, donde el espectro privado sea más relevante. Las entidades con superposición de lo privado sobre lo público son Baja California (91.5 por ciento), Sonora (86.7 por ciento), Aguascalientes (86.1 por ciento ), Querétaro (84.2 por ciento ), Quintana Roo (76.9 por ciento ), Nuevo León (72.1 por ciento ) y Coahuila (72 por ciento ).

Por otra parte, si comparamos las tasas de elementos de seguridad privada respecto a agentes de seguridad pública, podemos detectar en qué entidades existe una diferencia significativa de fuerzas, donde destacan Quintana Roo (-329.1), Querétaro (-226.5), Aguascalientes (-225.7), Baja California (-211.6), Nuevo León (-207.5), Sonora (-172.2) y Coahuila (-118.7), las cuales no rebasan los 150 policías por cada 100,000 habitantes.

Estos datos son el esfuerzo para apuntar en qué estados las empresas podrían estar imponiendo condiciones adversas al desarrollo de las políticas de seguridad pública, en todo caso, las estrategias de seguridad deberían considerar con mayor seriedad a las empresas que han aflorado con una legislación de hace 11 años sin considerar buenas prácticas enumeradas en el documento Montreux.

La Inter-American Dialogue lanzó observaciones y preguntas, ¿serán reales o alucinaciones? Nos toca continuar analizando.