Por cuarta ocasión, desde Impunidad Cero evaluamos el sistema de justicia monitoreando la opinión pública relacionada con la impunidad, el punitivismo y la militarización en México. Para lograrlo utilizamos una serie de preguntas realizadas en el marco de la encuesta Ómnibus Nacional Académico (ONA) 2023, levantada por la empresa encuestadora DataOPM. Este ejercicio se realizó a través de una muestra probabilística representativa que permite generar estimaciones aplicables al comportamiento de la totalidad de la población¹. Los resultados de este ejercicio son consistentes con el panorama de impunidad estructural que impera en México.

Una vez más, el ejercicio realizado nos muestra que los mexicanos consideran que la impunidad es generalizada y va en aumento. Casi la mitad de las personas encuestadas consideran que el nivel de impunidad se ha mantenido (45%), mientras que el 42% percibe que va en aumento. Sólo el 10% considera que la impunidad disminuyó respecto al año anterior. Este resultado se alinea con los obstáculos para acceder a la justicia que han sido evidenciados.

Una muestra de ello es que las personas encuestadas tienen la sensación de que sólo obtienen justicia cuando los casos se mediatizan. El 77% está totalmente o algo de acuerdo con que la presión política y/o mediática influye en el esclarecimiento de los delitos. Únicamente el 18% está parcial o totalmente en desacuerdo. Como lo ilustra la siguiente gráfica, lamentablemente esta percepción se ha mantenido en cada una de las ediciones de la encuesta. 

Detrás de este resultado identificamos la noción de que en México la justicia está condicionada. Cuando preguntamos a la ciudadanía sobre el origen del problema los y las mexicanas identifican problemas tanto en la procuración como en la impartición de justicia. El 22% considera que la impunidad se debe a que las autoridades están coludidas con los delincuentes. El 15% identifica que los policías no detienen a los delincuentes. Por su parte, el 14% considera que la falta de denuncia influye en la impunidad, y un mismo porcentaje de las personas encuestadas opina que los jueces liberan a los delincuentes. De manera similar, el 12% opina que los agentes del ministerio público no investigan los delitos, y otro 12% percibe la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones como parte del origen del problema.

Lo reflejado por la opinión pública es preocupante, pues el acceso a la justicia es el principio básico detrás del Estado de derecho. En contextos donde hay obstáculos para acceder a la justicia el ejercicio de los derechos se ven restringidos. El inicio de un nuevo gobierno abre una ventana de oportunidad para replantear la dirección de las políticas públicas en materia de seguridad, derechos humanos y justicia. En este sentido, es importante tomar las medidas necesarias para proporcionar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables que promuevan el acceso a la justicia para la ciudadanía en su totalidad.

Para atender las causas de la impunidad es importante fortalecer a las instituciones de seguridad pública de corte civil, construir capacidades en las instituciones de procuración de justicia, y apostar por la prevención. Una estrategia integral de seguridad y justicia puede ayudarnos a revertir el contexto de inseguridad y la crisis de derechos humanos en la que México se encuentra. En este levantamiento logramos identificar algunos de los puntos clave a los que se deberían orientar los esfuerzos de las autoridades. Para conocer más a detalle los resultados de esta encuesta y nuestras reflexiones sobre los mismos consulta Percepciones de Impunidad 2024.