Durante la actual administración se ha focalizado la atención de la pobreza a partir de programas sociales para el bienestar como Jóvenes Construyendo el Futuro, la Pensión para Adultos Mayores y las Becas Benito Juárez. Esta política de atención ha sido objeto de crítica debido a que se ha considerado que los apoyos económicos no son efectivos para mejorar la calidad de vida de los individuos. No obstante, ¿de qué forma se ha abordado la pobreza en los últimos sexenios? 

Durante más de 20 años, en México se implementaron programas sociales para combatir la pobreza y la marginación social como el Programa Nacional de Solidaridad Pronasol (1988-1995), el Programa de Educación, Salud y Alimentación Progresa (1997-2002), que fue renombrado en la siguiente administración como Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (2002-2014), y que finalmente se convirtió en Prospera, Programa de Inclusión Social (2015-2019). 

Pese al cambio de nombre en cada sexenio y a algunas modificaciones que podrían ser consideradas de menor grado, el objetivo de estos programas se mantuvo intacto. Este consistía en otorgar una suma de dinero a las madres de familia de hogares en situación de pobreza, a cambio de que los miembros de la familia cumplieran con ciertas responsabilidades atribuidas en materia de salud, alimentación y educación. Las condiciones para que se entregara el apoyo económico consistían en que los niños asistieran a la escuela (para lo cual se otorgaban becas), que asistieran de forma periódica a citas médicas, y también se otorgaba un apoyo económico alimentario para mejorar la nutrición de los menores.

A partir de la aplicación de cuestionarios socioeconómicos a distintas localidades del país se establecía qué familias en situación de pobreza extrema serían dadas de alta en el padrón de beneficiarios de Prospera. Más que entregar apoyos económicos, el objetivo a largo plazo del programa consistía en el desarrollo de capital humano. Es decir, buscaba romper con la pobreza generacional al promover que los niños de familias de escasos recursos tuvieran mejores condiciones de salud, educación y mejor alimentación que la de los padres, y así, al ser adultos se incorporaran al mercado laboral en una mejor posición.

A nivel institucional, Prospera otorgaba transferencias económicas a través de la Secretaría de Desarrollo Social, las becas escolares dependían de la Secretaría de Educación, mientras que las visitas médicas eran establecidas por las instituciones de salud. De acuerdo con un informe de la Secretaría del Bienestar, en 2018 este programa benefició a 6.7 millones de familias en 111 mil 844 municipios del país con un presupuesto entregado de 41 mil 339 millones de pesos.

En sus inicios Prospera se posicionó como un programa pionero dada la metodología de transferencias condicionadas y la coordinación entre distintas instituciones, que fue replicado en distintos países de Latinoamérica, Asia y África. No obstante, a partir de 2016 se hicieron visibles los retos del programa en cuestión. Los analistas y académicos señalaron que la implementación de este programa no mejoraría por sí misma la situación de pobreza, sino que se requería en conjunto una estrategia de desarrollo económico y social. En otras palabras, si bien podría ponerse empeño en la generación de capital humano, este enfrentaba retos como la falta de generación de empleos de calidad que garantizaran una mejor calidad de vida. 

Para 2019, la Coordinación Nacional de Prospera declaró que este programa era utilizado con fines políticos, ya que se obligaba a las madres de familia a asistir a mítines políticos. También se puso en duda la autenticidad de los rubros de alimentación y salud, ya que se señaló que las familias eran forzadas a comprar alimentos en establecimientos específicos y las visitas médicas consistían únicamente en la firma de hojas de asistencia en clínicas. 

Finalmente, en 2020 Prospera desapareció de la Estructura Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para dar paso a la Coordinación de Becas Benito Juárez. La justificación de esta transición por parte de las autoridades no hizo mención de evaluaciones hechas al programa ni realizó estudios de su funcionamiento e impacto, sino que se limitó a señalar problemas de operación como el clientelismo. Queda la duda de si la decisión de eliminar Prospera se basó en la evidencia de los estudios de Coneval o en decisiones políticas.