En México tenemos leyes, institutos y mecanismos para garantizar el derecho de acceso a la información, pero estos fallan una y otra vez.

Hace un mes, a las 10:29 de la mañana, envié un correo electrónico a la Unidad de Transparencia de la Oficina de la Presidencia de la República. En el mensaje iban adjuntas dos fotografías de un comprobante de pago: les notificaba que había cubierto el pago de las copias que corresponden a la respuesta de una solicitud de información que hice el 12 de julio pasado.

¿Qué información pedí? Copias de los comprobantes que avalan el gasto realizado por el gobierno federal para organizar una visita de Estado. A este cuestionamiento, la Presidencia respondió de una manera muy amable que sí tiene la información, pero que como son más de 20 hojas, debía pagar 33 pesos con 50 centavos si quería acceder a ellas. Pagué. Fotografié el comprobante. Lo envié a la Unidad de Transparencia.

Era 19 de septiembre.

Un par de horas después, a las 13:14, el sismo de magnitud 7.1 detuvo el tiempo. Puebla, Morelos, Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México pusieron en pausa todo lo que no tuviera que ver con rescatar a las personas atrapadas entre las ruinas de los edificios, hacer que las personas damnificadas tuvieran comida y abrigo y empezar a planear la reconstrucción. ¿Mi solicitud de información? ¿Cuál solicitud de información? Olvidé el pago, olvidé las copias, olvidé hasta lo que pregunté.

Este lunes, casi un mes después del sismo -y del día que pagué esas copias-, la información que solicité no estaba en mis manos. Y no sólo eso, el pago no había sido notificado.

Las copias que pagué no son más importantes que los cientos de personas que murieron atrapadas entre los escombros. La frustración que siento cuando las instancias encargadas de garantizar mi derecho de acceso a la información incumplen con su tarea no tiene paralelo con la frustración de tantas personas que perdieron su hogar el 19 de septiembre.

Mi queja contra los funcionarios que perdieron el rastro de un pago se siente diminuta al lado de los padres que exigen que alguien asuma la responsabilidad por una escuela cimentada en corrupción, entre cuyas paredes y techos quedaron atrapados sus bebés, sus niños, sus hijas e hijos.

Es cierto: mi enojo no tiene nada que ver con el sismo, y mencionarlo cuando se cumple un mes del temblor puede parecer frívolo, ocioso, ávido de protagonismo.

Pero no lo es.

Resulta que las fotografías que tomé y envié por correo electrónico no sirven. Así de simple. No sirven porque es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) quien debe informarle a la Unidad de Transparencia de la Presidencia que mi pago ya fue realizado.

Hace una semana llamé por teléfono a esa Unidad y pregunté por la información solicitada. Me dijeron que el INAI no había notificado el pago. Este lunes volví a llamar y la respuesta fue la misma.

Entonces acudí a la línea de atención telefónica del INAI. Después de esperar media hora a que ese instituto buscara en sus registros, se comunicara con la Oficina de la Presidencia y después consultara con su área de vinculación, la respuesta fue que debido al “caos provocado por el sismo”, mi pago no había sido reportado, pero en ese momento lo notificarían. ¡Listo! El tiempo empezó a correr otra vez.

Con esto, la Oficina de la Presidencia puede fotocopiar los documentos que pedí y enviarlos por correo postal como solicité (aquí no termina la aventura, ahora hay que rezar para que no se pierdan en el camino).

Y todo esto, ¿qué tiene que ver con el sismo?

Cuando una ciudadana -o un ciudadano- solicita información y el sujeto obligado (la Secretaría, el partido, el instituto) responde que es necesario pagar por las copias, la ciudadana -o el ciudadano- tiene 30 días hábiles para realizar el pago. Si el plazo vence y el monto no fue cubierto, la información ya no puede ser reclamada.

En este caso, habían pasado 19 días cuando el INAI puso en espera mi llamada durante más o menos media hora para al final decirme que con el caos del sismo olvidaron reportar mi pago. Y está bien, somos humanos, todos olvidamos muchas cosas entre el caos.

Pero son detalles como este los que no podemos olvidar. Los que no podemos dejar pasar.

Las copias que recibiré en unos días costaron 33 pesos, dinero que hubiera preferido gastar en un helado, pero que gasté en papel porque quiero saber cuánto gastó el gobierno -y cómo lo gastó- por una simple razón: también es mi dinero. Es el dinero de todos los ciudadanos, invertido en cenas de gala, vuelos de funcionarios, decoración de salones para recibir a jefes de Estado de otros países.

Y es así que todo está relacionado. En México tenemos una ley que garantiza la transparencia y el acceso a la información. Tenemos una plataforma exclusiva para solicitar información al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los partidos políticos, a los sindicatos…. Tenemos también un instituto encargado de proteger este derecho.

Pero todo esto falla. Una y otra vez. La Ley es manipulada, manoseada y tergiversada por los funcionarios para usarla según les convenga. De la Plataforma Nacional de Transparencia he dicho mucho (aquí, aquí, aquí y aquí), y todo se resume en esto: está cimentada en buenas intenciones, pero el resultado es fatal. ¿Y el INAI?

El INAI, se supone, protege el derecho de acceso a la información; y casi siempre lo hace, pero hay días, como hoy, en que no puedo evitar sentirme desamparada.

Que mi pago no haya sido reportado debido al caos que provocó el sismo me parece una explicación sincera. Pero, ¿y si nadie hubiera hecho su trabajo debido al caos que provocó el sismo? Las personas no hubieran sido rescatadas de los escombros, muchas mascotas hubieran quedado atrapadas también bajo edificios derrumbados, los víveres no hubieran llegado a los lugares afectados. ¿Qué tal si los periodistas se paralizaban ante el caos? Nadie hubiera tenido idea de lo que pasaba, para acabar pronto.

Así que no, por muy sincera que me parezca su explicación, no la tomo y no me parece bien. La entiendo, pero creo que es parte del problema. El Colegio Rébsamen se cayó porque a alguien le dio flojera hacer su trabajo, porque no tuvo la ética, el sentido común, el valor -bueno, ni el corazón- para advertir que estaba mal construido, que ni siquiera tenía los permisos que necesitaba. Porque fue más cómodo recibir un soborno, ver hacia otro lado, perderse en el caos.

Porque, ¿qué hubiera pasado si yo no llamo al INAI, si se me olvida la solicitud y doy por perdidos 33 pesos o mejor aún, nunca los recuerdo? Es injusto suponer, pero estoy casi segura de que el pago nunca hubiera sido reportado, el tiempo hubiera pasado y ya está.

Pues no, no está. Así sean 30 pesos o 500 mil, es dinero que una ciudadana paga para acceder a información pública, lo cual es debatible per se, pero además el pago se pierde, no se reporta y la información nunca llega porque el INAI estaba absorto en el caos.

El instituto tuvo tres días inhábiles tras el sismo. Necesarios para poner las cosas en orden, para ayudar, para hacer lo que quisieran, ¿y después?

Aunque esta experiencia sea un grano de arena junto al océano de tragedias que provocó el sismo, es parte del problema. Si los funcionarios públicos dejan de hacer su trabajo escudados en el caos que provoca un fenómeno natural, y si además esos funcionarios son los encargados de garantizar la transparencia y el acceso a la información, ¿qué podemos esperar del resto del gobierno?