Hace unos días leí una nota periodística en la que se advertía el inicio de un procedimiento sancionatorio en contra del Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, a consecuencia de una negativa de información cuando un ciudadano pidió datos acerca de un organismo de inteligencia contra el crimen.

Esta institución es un tipo de “CIA o Inteligencia de Israel solo que en chiquitito…” de acuerdo con el presidente, quien también dijo que “nadie va a revelar sus datos de inteligencia por más que la IAIP lo diga” (el IAIP es el Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador). Esta nota me lleva a realizar dos análisis.

El primero es el establecer esa delgada línea que separa a la información de las instituciones de seguridad como pública o reservada, es decir, aquella información que por ley debe ser puesta a disposición de todos y la otra que, por ley, deba permanecer oculta por algún tiempo. En la nota se refiere que el instituto de transparencia resolvió que el Presidente debía entregar la información solicitada, a saber: “…versión pública del expediente personal del Director del OIE, la estructura organizativa, detalle anonimizado del personal que lo conforma y detalle desagregado del presupuesto asignado al organismo…”  

A mi parecer, si este caso hubiese llegado en nuestro país al INAI (Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales), de igual forma se habría resuelto en favor del solicitante y se obligaría al Presidente a entregar la información.

La verdad de las cosas es que las instituciones de seguridad han tratado de sacar ventaja del “beneficio” que la ley les otorga y pretenden reservar toda información con la que cuentan con el argumento de que se compromete la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. En ese punto es en donde se debe definir de manera muy clara cuando la información de verdad compromete al estado y cuando deba privilegiarse a la transparencia y difusión.

Si yo le pido a la Policía Federal que me informe cuánto gastó en 2019 por concepto de gasolina, viáticos y por pagos de luz y agua en sus instalaciones, ¿comprometo a la seguridad nacional? Si le pido que me entregue el Curriculum Vitae del Director General, o de la persona con el más alto rango dentro de la corporación, en su versión pública, o sea, que no contenga ningún dato personal, ¿comprometo de alguna manera a la seguridad pública? Si solicito el organigrama de la institución, ¿comprometo a la defensa nacional? La respuesta a las tres interrogantes es no. Es mayor el beneficio que me causa el que me entreguen esta información que los daños que pudieran provocarse.

Con esta información, yo como ciudadano me cercioro del correcto destino de los recursos públicos y los conceptos por los cuales fueron erogados (cúanto y a dónde). También me cercioro de que la persona que esté a cargo de la institución cuente con la preparación académica y con la experiencia necesarias para dirigir una corporación como esta, además de conocer cómo se encuentra organizado estructuralmente el instituto encargado de salvaguardar mi seguridad.

Es muy común en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información que las instituciones encargadas de la seguridad utilicen argumentos poco válidos para ocultar información. Los órganos garantes no deben solapar a estas entidades cuyo fan solo es no divulgar información que es pública y que debe estar en posesión del ciudadano, por muy “incómodo” que esto resulte.

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En la próxima columna, el segundo análisis.

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