Seguridad
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“Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables”.
Andrés Manuel López Obrador, 1 de diciembre de 2018
Avance
El 3 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso (CVAJ) Ayotzinapa, creada a consecuencia de los sucesos de la noche del 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, cuando se cometieron distintos ataques en contra de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa que derivaron en la desaparición de 43 de ellos.
El 18 de agosto de 2022 el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas presentó el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, en donde, después de múltiples investigaciones, realizó algunas conclusiones. Entre ellas destacan las siguientes:
“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal ‘Isidro Burgos’ de Ayotzinapa constituyó en un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”.
“En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes hasta su desaparición y ejecución, así como el homicidio de otras seis personas”.
“La creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
Un día después, el 19 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien condujo la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Inmediatamente después de la detención, la Fiscalía libró 83 órdenes de aprehensión contra mandos militares y personal de tropa en la ciudad de Iguala, Guerrero.
Posteriormente, el 25 de agosto, el juez Marco Antonio Tapia vinculó a proceso Murillo Karam; además le ratificó prisión preventiva justificada, al considerar que la FGR presentó elementos de prueba suficientes para juzgarlo como presunto responsable de los delitos de desaparición forzada, obstrucción de la procuración de justicia y tortura.
Hasta el cierre de la edición, no se tiene registro de otra detención derivada de las investigaciones presentadas por la CVAJ.
Mientras tanto, según refirió el subsecretario de Derechos Humanos, la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa continuará con sus labores de “investigación, búsqueda y coadyuvancia con la fiscalía especial con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.
El GIEI, grupo que junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), ha realizado investigaciones independientes en el caso de Ayotzinapa desde 2014, denunció que no ha tenido acceso a los peritajes de las pruebas que se presentaron en el informe e hizo un llamado a que se entregue cuanto antes la información correspondiente.
Estatus: En proceso
