Aunque la Alerta de Género está activa en Cadereyta Jiménez, Nuevo León desde 2016, en 2022 este municipio tuvo una tasa de 9.4 feminicidios por cada 100 mil mujeres. Esta cifra es siete veces el promedio nacional de 1.29 y posiciona a Cadereyta como el segundo municipio que, teniendo una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), resultó con la tasa más alta de feminicidios en 2022. Entre 2018 y 2021 el municipio de Cadereyta reportó un gasto comprobable de poco más de 8 millones de pesos para la atención de esta emergencia. Pero, ¿realmente ha mejorado la situación para las mujeres de ese municipio y de Nuevo León? Los datos parecen indicar que la respuesta es no. 

“Pues ojalá en algún momento logremos la utopía, ¿verdad? Pero avanzamos un paso y la utopía se va como 50 pasos adelante”, dice Irma Ochoa Treviño, activista feminista neoleonesa de 75 años respecto a la idea de terminar con la violencia contra las mujeres. Como parte de la asociación civil Arthemisas por la Equidad, Ochoa fue una peticionaria de que se declarara la alerta de género en Cadereyta y en general, en el estado de Nuevo León en 2012. 

Su expresión se refleja en lo que pasó en 2012, cuando la Secretaría Ejecutiva del Instituto de las Mujeres, del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, declaró la improcedencia de la solicitud a pesar de los datos de violencia que presentó la organización. No fue hasta después de interponer un amparo para que, 4 años más tarde, en noviembre de 2016, fuera declarada la AVGM en 5 municipios de la zona metropolitana de la entidad: Cadereyta, Guadalupe, Monterrey, Juárez y Apodaca. 

Irma Ochoa Treviño tiene contabilizadas 64 muertes violentas de mujeres en Cadereyta desde 2012 hasta 2022. También tiene contabilizadas las muertes violentas para el mismo periodo de los 5 municipios que contempla la alerta: 507. Y en todo el estado, durante el mismo periodo: 929. 

“La situación es bastante grave”, sentenció la activista. “Los datos de la fiscalía dan cuenta de ello, particularmente en delitos que aquejan a mujeres, adolescentes y niñas, como el acoso, la violacion, la violencia familiar, el estupro y el feminicidio. Además hemos visto el incremento de muertes violentas en municipios que no están en esta alerta de género: Salinas Victoria, Santa Catarina, Montemorelos, Ciénega de flores, Pesquería, General Zuazua y General Escobedo”. 

Cadereyta: el segundo municipio con AVGM y la mayor tasa de feminicidios en 2022

En 2022, a seis años de que, en teoría, el gobierno en todos sus niveles se ha dedicado a atender la AVGM en Nuevo León, Cadereyta se posicionó como el municipio que, teniendo una AVGM, registró la segunda tasa más alta de carpetas de investigación abiertas por el delito de feminicidio (9.4) por cada 100 mil mujeres, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Por un lado, esta tasa rebasa el promedio nacional de 1.29, y por otro, con 5 carpetas de investigación abiertas por el delito de feminicidio el municipio registró su tasa más alta desde 2017 que se documentan estos datos. Entonces ¿Qué está pasando en Cadereyta? ¿Cuánto presupuesto se ha destinado para la atención de la AVGM? ¿Qué impacto han tenido las acciones tomadas para erradicar la violencia de género en el municipio? Porque al menos tomando esta información, el panorama, lejos de mejorar, parece estar empeorando. 

Los datos del SESNSP dan cuenta de los 100 municipios con mayor número de feminicidios en el país, incluyendo sus tasas por cada 100 mil mujeres. De enero a noviembre de 2022, varios municipios de Nuevo León se ubican en los primeros 10 lugares por número de feminicidios y por tasa, además de Cadereyta. 

Los municipios con un mayor número de feminicidios registrados en 2022 son Juárez, Nuevo León (17 casos); Juárez, Chihuahua (15); Morelia, Michoacán (13), Guadalupe, Nuevo León (11); y Manzanillo, Colima (10). De estos municipios, Guadalupe y Manzanillo no cuentan con una declaratoria de AVGM. 

De los municipios en el país con las tasas más altas de feminicidios en 2022, el puesto número uno lo ocupa otro municipio de Nuevo León: Ciénega de Flores, que con una población de 25,976 mujeres y 7 casos de feminicidio tiene una tasa de 26.9.

La asociación civil neoleonesa Alternativas Pacíficas (Alpaz) ha contabilizado, también a través de registros hemerográficos, las muertes violentas de mujeres ocurridas desde la declaratoria de la AVGM. De 2016 a 2022 contabilizan 712 en todo el estado, donde 34 de ellas sucedieron en Cadereyta.

“Para nosotras es fundamental visibilizar cada muerte que ocurre en contextos de violencia, sin importar si están asociadas a delincuencia o crimen organizado, pues incluso en esos casos a veces hay elementos diferenciadores entre las muertes de mujeres y hombres”. Explica en entrevista Sofía Lozano, Codirectora de Alpaz.

“El visibilizar a cada mujer víctima de las muertes violentas es también una acción política, de traer a la memoria a las que ya no están y de no olvidar la impunidad del Estado ante los feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres. Es reconocer los diferentes contextos de violencias y cómo nos afectan de forma distinta”.

Cadereyta comprueba sólo 69.5% del presupuesto asignado para la AVGM 

Deyana Montserrat fue asesinada por su novio en la madrugada del 13 de septiembre de 2019 en la colonia Salinas de Gortari en Cadereyta. El hombre de 25 años le disparó en la frente. Deyana tenía apenas 14 años. 

En 2019 el SESNSP registró 3 feminicidios en Cadereyta e Irma Ochoa registró 11 muertes violentas de mujeres (es decir, posibles feminicidios) en ese municipio el mismo año a través de registros hemerográficos. 

Tan solo un mes antes del feminicidio de Deyana, el ayuntamiento de Cadereyta anunciaba con bombo y platillo la inauguración de un Centro de Justicia para las Mujeres y el lanzamiento del programa Mujeres Seguras, en el que 4 patrullas se encargan de hacer patrullaje en colonias clave  del municipio (como Salinas de Gortari) para proteger a las mujeres. 

De acuerdo con las respuestas a solicitudes de información realizadas por Serendipia, Cadereyta de Jímenez reporta, según los convenios de participación que ha firmado con el gobierno del estado entre 2018 y 2021, un total de 11,530,032.21 pesos para la atención a la AVGM en el municipio, sin embargo, en sus respuestas sólo ha demostrado el gasto de 69.5% de ese total.

Las facturas y pólizas de cheque que envío el municipio, comprueban el gasto de 2018 a 2021 de 8,021,249.73 pesos para atender la violencia de género en el municipio, donde el mayor porcentaje (54.6%) fue destinado a la construcción de un Centro de Justicia para las Mujeres en 2018 y una Casa de Tránsito para la atención de mujeres que viven situaciones de violencia familiar en 2020.

Para la campaña de difusión del programa de patrullaje de Mujeres Seguras en 2019, el municipio reportó un gasto de 331,400 pesos de los cuales, el 52% fue para comprar pulseras de silicón con el nombre del programa y un número de teléfono. Aunque el mayor gasto ese año fue la adquisición de 4 patrullas, lo que sumó un total de 1.3 millones de pesos. 

Mujeres Seguras, según el proyecto del municipio, se enfoca en el grave problema que identifican con la violencia familiar y que puede poner en riesgo a una mujer a formas más extremas de violencia (como el feminicidio). 

Según datos del SESNSP, en 2022 el número de carpetas de investigación (CDI) que se han abierto por violencia familiar en Cadereyta fue de 541. Y de acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad y Justicia de Nuevo León, Cadereyta ocupa el lugar 21 a nivel nacional por ese delito y el lugar 10 a nivel estatal. 

Sin embargo, también es importante mencionar que estas cifras son apenas la punta del iceberg, pues se trata únicamente de los casos en los que existe una denuncia, y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021) arroja que se denuncian apenas el 6.9% del total de delitos en Nuevo León. 

Si la estrategia de Mujeres Seguras funcionó o no en Cadereyta, es difícil de saber. No hay investigaciones que aseguren que a partir de su implementación las mujeres hayan recibido una mayor protección o al menos mayor confianza en denunciar. 

En 2021 el ayuntamiento de Cadereyta reportó un gasto de 1,391,200 pesos que pagó a una sola empresa de consultoría en materia de estrategia de negocios, mercadotecnia y publicidad bajo el nombre de Ledi Pro-Negocio, para realizar lo siguiente: 

• Realización de una app para establecer y difundir programas de apoyo a víctimas de la violencia en tiempo real, así como darle seguimiento a las políticas públicas del municipio
• Proyecto de Cultura de prevención de acoso sexual en el transporte público
• Protocolo para ejecución, vigilancia y seguimiento de las órdenes de protección a víctimas de la violencia
• Programa de difusión de jóvenes en prevención de la violencia de género evitando el uso de drogas y alcohol
• Protocolo para una brigada multidisciplinaria de atención a casos de violencia de género
• Programa de apoyo preventivo a mujeres en materia de justicia para acceder sin riesgos a denunciar
• Programa de difusión de la campaña Escuela Libre de Violencia de Género

De todos los protocolos, programas y proyectos, el municipio no entregó pruebas de que fueran realizadas. A más de un año de haber realizado el pago a la empresa, Antonia Silva, actual directora del Instituto de las Mujeres de Cadereyta (quien entró al cargo a finales de 2021) dijo en entrevista para Serendipia que la app “todavía está en proceso”.

La organización Data Cívica realizó un análisis de las AVGM en el país y se señala que distintas activistas que le dan seguimiento al tema en los estados, han denunciado que en muchas ocasiones “las consultoras encargadas de realizar los diagnósticos, las investigaciones y redactar los protocolos solían ser “gente cercana o conocida de funcionarios”, quienes no contaban con el conocimiento ni la experiencia suficiente en los temas o los contextos municipales como para desarrollar diagnósticos y estrategias para atender la violencia feminicida”.

De Ledi Pro-negocio se sabe poco. No existe una página de internet de la compañía pero su nombre aparece en convenios y listas de proveedores de otros municipios de Nuevo León y también de otros estados como Jalisco, Morelos y Michoacán. 

En una lista de proveedores de Morelia Michoacán, el contacto telefónico de Ledi Pro-Negocio también coincide con el teléfono de un centro de mediación y conciliación de abogados llamado Centro Privado en Masc Kadepa. 

En un convenio celebrado con el municipio de Tlajomulco, Jalisco, esta misma empresa señala como su representante legal a Ricardo Oceguera Ramírez, quien al menos hasta 2018 figuraba como director de planeación de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

La atención de la Alerta de género en Cadereyta es difícil de evaluar

Antonia Silva es abogada y hasta antes de tomar el puesto como titular del Instituto de las Mujeres de Cadereyta se había dedicado a la compra de botes para la empresa Walker Bay. Ante el cuestionamiento en entrevista sobre cómo va el municipio en la atención a la AVGM, Silva respondió: 

“Si te pones a trabajar en la atención de este tema de la Alerta de la violencia de género, te vas a dar cuenta que con índices, va a aparecer que va aumentando, pero no es porque esté aumentando, es porque se está atendiendo. Entonces entre más se atiende, más va a parecer que salen más casos y que hay más violencia. Digo, desgraciadamente el tema de la violencia pues es un tema cultural que pues necesitamos años de educación para poder eliminarla, pero decir que los índices van a bajar en 3 o 4 años, yo creo que al contrario, entre más trabajes, más va a parecer que está aumentando”.

Silva agregó que “no es que estén saliendo casos nuevos” de violencia de género, sino que eran casos a los que antes no se les daba atención y ahora sí, por lo que son más visibles.

Sin duda las cifras de Cadereyta en delitos como el feminicidio, la violencia familiar, el acoso y la violación (del que la mayoría de víctimas suelen ser mujeres) han aumentado en el municipio desde 2017, pero decir que esto es una mero asunto de visibilidad o sobre la erradicación de un “tema cultural” que llevará un largo tiempo, sería de entrada incorrecto. La respuesta de la funcionaria necesita matizarse. 

De acuerdo con el análisis de Data Cívica, las AVGM en inicio buscan atender una emergencia. Para ponerlo como una metáfora, es una alerta para atender un incendio donde el fuego que consume es la violencia de género, sin embargo, “la persistencia, y en algunos casos, el incremento de la violencia contra las mujeres indica que lejos de apagar el incendio –es decir, accionar efectivamente un conjunto de estrategias gubernamentales para erradicar las violaciones graves a los derechos de las mujeres que en muchos casos terminan en muertes violentas– las alertas se han instalado al parecer de forma permanente, sin claridad sobre la permanencia, alcance y posible adecuación de las acciones gubernamentales para atender la emergencia”.

En ese sentido, la organización explica que la eficacia de las medidas para atender las AVGM depende de la voluntad política y la infraestructura de cada municipio. Además, “la evaluación de estas medidas tiende a ser poco detallada pues se limita a un criterio de cumplimiento o incumplimiento, lo cual favorece la falta de claridad en cuanto a qué les toca a las autoridades locales para erradicar esta problemática”.

En conclusión, pese a ser una herramienta para visibilizar la problemática de la violencia de género en el país, las AVGM han resultado ser un mecanismo “cuya eficacia, en términos de erradicar las violaciones a derechos humanos de las mujeres, es cuestionable”.

Avances y retrocesos a nivel estatal

Como impulsora de la AVGM en Nuevo León, Irma Ochoa considera que ha habido adelantos importantes desde su declaración, entre ellos, la creación de unidades de igualdad de género en distintas instituciones del gobierno del estado. La Fiscalía General del Estado, por ejemplo, cuenta con 17 unidades, una para cada uno de sus departamentos. 

Otros avances importantes desde su perspectiva fue la reforma al Código Penal en 2021 para que toda muerte violenta de una mujer se investigue de entrada como feminicidio, así como la creación del protocolo para atender el acoso y el hostigamiento.

“Íbamos bien hasta octubre de 2021. Yo creo que hubo un grave problema, un error, desde mi punto de vista, del gobierno estatal al crear una Secretaría Estatal de las Mujeres teniendo ya un Instituto”. 

El gobernador Samuel García creó la Secretaría Estatal de las Mujeres en enero de 2022, unos meses después de tomar la administración del estado de Nuevo León. En general, el primer año de su gestión ha sucedido a la par de un fuerte reclamo de la sociedad, particularmente por parte de mujeres feministas, ante la ola de desapariciones de mujeres y los casos de feminicidio que ocurrieron en la entidad.

En abril de 2022 Nuevo León tuvo los reflectores mediáticos encima por el caso de Debanhi Escobar, una joven de 18 años que fue reportada como desaparecida el 10 de abril y su cuerpo fue encontrado 13 días después en la cisterna del Motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León. El caso causó indignación porque las autoridades declararon haber buscado ya en ese lugar, pues sabían que en la ubicación de ese motel el celular de Debanhi emitió señal por última vez, pero habían asegurado que no estaba ahí. 

El feminicidio de Debanhi sigue impune (apenas hace unos días, 9 meses después de su feminicidio se ha vinculado a proceso dos ex empleadas del Motel Nueva Castilla por presunto encubrimiento) y se suma a un hecho avasallador: No es un caso aislado. 

Una semana antes de que la noticia de la desaparición de Debanhi llegara a los titulares, ya se habían realizado al menos dos manifestaciones más por el feminicidio de María Fernanda Contreras, de 27 años, quien también había sido reportada como desaparecida y cuyo cuerpo fue encontrado 4 días después en una casa en Apodaca, pese a que desde que se reportó su desaparición, la familia había dado esa ubicación a la policía para ser investigada. 

En medio del descontento social y otras trifulcas políticas, ese primer año la nueva Secretaría Estatal de las Mujeres ha tenido ya tres titulares: Alicia Leal Puerta, quien renunció el 13 de abril después de que el Congreso Local pidió su renuncia y la acusaba de haberse ido de vacaciones; Eusebia González González, quien incluso había renunciado a su puesto como magistrada pero que también renunció un mes después; finalmente, la actual secretaria es Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, quien hasta entonces se había desempeñado como Magistrada en la Quinta Sala Unitaria Familiar del Tribunal Superior de Justicia.

Irma Ochoa explica que con la creación de esta Secretaría se han dividido las estrategias para atender la violencia contra las mujeres en el estado. En teoría, la Secretaría de la Mujer se encarga de la violencia contra las mujeres, y el Instituto Estatal de las Mujeres se encarga del tema de igualdad y no discriminación. Sin embargo, esta división no ha sido clara.

“Estos temas están íntimamente relacionados, o sea, no puedes separarlos. Creo que esta división provocó también una desatención de las recomendaciones de la AVGM porque hasta ahorita no hay informe del segundo semestre del 2021 y tampoco tenemos el informe del 2022”.

Según la declaratoria de la AVGM en Nuevo León, el gobierno del estado debe presentar un informe semestral sobre el trabajo hecho para atender la alerta ante el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), el grupo que se encarga de dar seguimiento a la AVGM.

En 2022 el presupuesto para la AVGM en los municipios llegó hasta finales del año fiscal

Otro de los problemas administrativos de esta gestión tiene que ver con la entrega del presupuesto que el gobierno del estado le da a los Institutos de las mujeres en los municipios, pues al menos en 2022 en Cadereyta no recibieron esa partida hasta los últimos meses del año fiscal.

Por ley, un recurso que no sea usado al final del año fiscal debe ser devuelto, pero en la práctica los gobiernos gastan ese dinero improvisadamente por el temor a no recibirlo el año siguiente. No puede asegurarse que el dinero destinado a erradicar la violencia de género en 2022 se gastó improvisadamente por los municipios con AVGM en Nuevo León, pero lo que sí es un hecho es que, por un lado, el recurso llegó hasta agosto o septiembre de 2022, y por otro, que al menos el gobierno de Cadereyta no ofreció una respuesta directa a la pregunta sobre ese gasto. 

“Efectivamente no hay una respuesta y no te puedo pasar información de lo que se ha hecho porque es un tema en el que se sigue trabajando”. Declaró Antonia Silva en entrevista el 10 de enero de 2023. “Desgraciadamente, un recurso que debimos haber recibido desde principios del año 2022 pues no lo recibimos hasta finales. Entonces ahorita seguimos trabajando en el cumplimiento de las metas y medidas que se están haciendo para el proyecto del 2022 y no tengo un reporte ya que yo te pueda proporcionar”.

Su respuesta confirma el retraso del presupuesto (lo cual además esperan que suceda de nuevo en 2023) pero no respondió exactamente para qué lo usaron, si ya tenían un plan para ese presupuesto desde meses antes o si lo gastaron con premura frente al final del año fiscal. 

El peligro de ser mujer en Nuevo León

El estado de Nuevo León cometió omisiones y tuvo fallas en la investigación de varios casos de feminicidio y desaparición: el de Debanhi Escobar Bazaldúa, María Fernanda Contreras y Yolanda Martínez Cadena, por lo que el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) busca modificar el Resolutivo de Declaratoria de AVGM para que incluya medidas referentes a desaparición de mujeres, niñas y adolescentes.

De acuerdo con Irma Ochoa, el GIM estuvo en Nuevo León en noviembre de 2022 y también están analizando a qué municipios se incluirá en esta ampliación de la AVGM en el estado, aunque es difícil dar una fecha para que el proceso concluya. 

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO), en 2022 Nuevo León fue el estado donde hubo más personas reportadas como desaparecidas que fueron encontradas sin vida. 

De un total de 580 personas localizadas sin vida, 141 corresponden a Nuevo León, de las cuales 24 eran mujeres. Con ese dato, Nuevo León es también el estado donde se localizaron sin vida un mayor número de mujeres en el país durante 2022. Ahí es donde entran las historias de Debanhi, Fernanda y Yolanda. 

De 2012 a 2022 suman en Nuevo León 1,338 mujeres desaparecidas y no localizadas. Tan sólo en 2022 se reportan 158 mujeres desaparecidas y aún no localizadas, 10 de ellas desaparecieron en Cadereyta. Con esa cifra el municipio se posiciona como el octavo en el estado con un mayor número de mujeres desaparecidas no localizadas.

En su investigación, Data Cívica también da cuenta de que, si bien la tendencia de la tasa de feminicidios no parece cambiar de manera importante ni sostenida en el tiempo a partir de que se activa la AVGM, la tasa de mujeres desaparecidas va en aumento, y son los municipios en los que se activó la AVGM de 2015 a 2019 los que tienen niveles más altos o iguales al promedio nacional de mujeres desaparecidas no localizadas.

En ese sentido, la organización admite que no les sorprendería que la AVGM sea un factor en términos políticos para alterar las dinámicas de registro de la violencia extrema contra las mujeres, y que “la aparente contención de violencia extrema en términos de homicidios puede ser un reflejo de una mayor ausencia del registro de los cuerpos”.