Los datos de COVID en México han estado plagados de inconsistencias: desde el registro de hombres con embarazos hasta cambios inexplicables en miles de registros de un día para otro. El sistema de salud mexicano tiene fallas estructurales que conoce desde hace décadas y así se enfrentó a la emergencia sanitaria, con tecnología obsoleta y falta de transparencia. 

Los datos de COVID en México no son confiables ni homogéneos. Las inconsistencias en la base de datos del gobierno mexicano se han suscitado desde que la Secretaría de Salud (SSa) la hizo pública y poco se ha hecho para mejorarla o transparentar sus metodologías. Este problema va más allá de los datos: el sistema de salud mexicano tiene fallas estructurales que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado en más de 130 revisiones a lo largo de los últimos 20 años. 

Fueron esos factores estructurales los que repercutieron en la capacidad del Gobierno mexicano para atender la emergencia sanitaria por COVID-19, de acuerdo con lo que señala la ASF en la auditoría de desempeño 227-DS a la SSa. En ese sentido, los datos de COVID en México que tenemos hoy son evidencia de que faltan registros epidemiológicos fidedignos, así como una debida articulación entre los integrantes del Sistema Nacional de Salud (SNS), y un sistema informático óptimo que los sostenga.

Las fallas que la ASF menciona son las siguientes: 

1. La fragmentación del sistema de salud
2. La carencia de un modelo de atención primaria para proporcionar atención integral
3. Un reducido presupuesto para la operación de los sistemas de vigilancia
4. Debilidad en la respuesta de los servicios por problemas en todas las dimensiones del sistema de salud que afectan la calidad de la atención
5. Una deficiente gobernanza en los sistemas de salud, derivado de la verticalidad de las instituciones que lo componen.

Entonces, ¿cuáles son las fallas en el sistema de salud? ¿Cómo han evolucionado las bases de datos generadas por el gobierno en México sobre COVID-19? ¿Qué ha cambiado en ellas durante los tres años que ha durado la pandemia? 

Las mejoras que no se han hecho

La ASF ha señalado que falta claridad en quiénes integran el Sistema Nacional de Salud (entre ellos hospitales públicos, privados y hasta laboratorios), así como las atribuciones y responsabilidades de cada parte que lo integra. Aunado a eso, en 2020 identificó que al menos tres diferentes sistemas recababan información de vigilancia epidemiológica sobre COVID-19 (contagios, decesos, casos ambulatorios, hospitalizados, etc), lo que explica que los datos estuvieran duplicados y no fueran homogéneos ni confiables. 

En este caso, una de las recomendaciones a la SSa es que concluya la migración de la plataforma de vigilancia centinela SISVER (Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias) a la plataforma AAMATES (Ambiente de Administración y Manejo de Atenciones en Salud), para disponer de una sola base de datos.

Además de integrar los datos en una sola plataforma, la ASF también emitió varios dictámenes (227-DS, 230-DS y 221-DS) en febrero de 2022, resultado de auditorías de desempeño para la Secretaría de Salud ante la pandemia por COVID-19, en los que confirma:

1. La falta de un expediente clínico electrónico que tendría el objetivo de capturar, manejar e intercambiar la información estructurada e integrada que documente la atención médica prestada a cada individuo.

• La falta de sistemas informáticos que permitieran el intercambio de información entre los integrantes del Sistema Nacional de Salud. 

Dado que algunas de estas fallas son estructurales, las recomendaciones de la ASF no sólo son para la SSa, sino que también emitieron algunas sugerencias para la Cámara de Diputados, entre ellas, realizar reformas a la Ley General de Salud con los siguientes objetivos: 

1. Definir los criterios, periodicidad y características de la información que deberán proporcionar las dependencias y entidades del sector salud, con el propósito de contar con datos homogéneos, certeros, oportunos y de calidad.
2. Una vez que se instaure un sistema integral de información en salud, en el que se concentren los datos de todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud, analizar la factibilidad de reglamentar la implementación del Expediente Clínico Electrónico.

Ya lo afirmó la ASF: el gobierno mexicano y el sistema de salud en el país no estaban preparados para una pandemia y lo sabían desde hace décadas. En ese tiempo pudieron mejorar muchas cosas en términos estructurales, pero antes que la voluntad llegó un virus que ha dejado más de 330 mil defunciones y 7.4 millones de contagios en el país. ¿Pudieron ser menos si el gobierno hubiera implementado mejoras en el sistema de salud? Es algo que simplemente no puede ser respondido. 

Una cronología de los datos de COVID en México 

Con la llegada del nuevo coronavirus se hicieron más evidentes las deficiencias del sistema de salud, sobre todo porque los datos de COVID en México están plagados de irregularidades: primero no había una base de datos pública sobre el avance de la enfermedad en México: cuando la SSa la publicó se empezaron a detectar errores, cambios de datos sin explicación, las notas metodológicas son inexistentes y lejos de mejorar, han hecho cada vez menos accesibles y claros los datos.

En mayo de 2020, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, reconoció en entrevista con Serendipia que el sistema que usaban para los registros de casos era de hace más de una década, cuando llegó el AH1N1 a México. En términos de tecnología, diez años representan una brecha considerable, y si bien la actualización no hubiese representado grandes obstáculos, no se hizo nada al respecto en esa última década. 

Actualmente la base de datos de COVID en México se alimenta de información de múltiples actores del SNS en todo el país, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pero al inicio de la pandemia, pasaron casi dos meses para que el gobierno transparentara la información sobre los contagios y las defunciones por COVID-19 en el país. 

Desde las primeras semanas de lanzar los datos abiertos (en abril de 2020) comenzaron las inconsistencias, sobre todo porque aunque los números estaban al alcance de todos, faltaban aclaraciones por parte del gobierno respecto a qué fuentes de información estaban consultando, si eran o no fiables, y también faltaban aclaraciones sobre qué metodologías estaban usando, es decir, sobre cómo estaban procesando esos datos. Y en ocasiones, aunque anunciaran los cambios en la base de datos durante las conferencias de prensa, sin una nota metodológica y la actualización de su diccionario de datos (un glosario de términos), seguía siendo complicado realizar análisis independientes. 

El más reciente cambio en la base de datos ocurrió en abril de 2022, cuando siete mil 115 casos casos de muertes por COVID-19 fueron reclasificados para pasar de muertes de pacientes ambulatorios a muertes de pacientes hospitalizados. Al contrario de otras ocasiones en las que al menos se dio un anuncio en conferencia de prensa, sobre esto solo ha habido silencio absoluto, incluso ante las preguntas y solicitudes directas que hizo este medio a la SSa. 

Estos son algunas otras inconsistencias que han presentado los datos de COVID en México: 

• Uno de los primeros errores cuando se publicó la base de datos es que había registros de hombres donde el campo de embarazo era positivo. El error se corrigió en poco tiempo pero señala la falta de ciertos candados de seguridad para evitarlos. 
• La SSa publicó un mapa que indica los casos acumulados por entidad de residencia, no obstante, la cifra corresponde a la entidad de la Unidad Médica. 

Esto significa que están presentando los datos de los contagios y defunciones determinando el lugar de residencia de la persona afectada, sin embargo, eso es incorrecto en términos estrictos, pues lo que realmente están contabilizando es la cantidad de casos registrados en cada Unidad Médica. 

¿Por qué es importante esta diferencia? Para empezar, estos datos deberían servir para hacer un seguimiento puntual de la enfermedad. Por ejemplo, si se registra un alto número de contagios en una entidad determinada, esta información debería servir para actuar rápido sobre el territorio específico para evitar que el problema crezca. Sin embargo, si muchas personas de otras entidades habían viajado a la entidad de esta Unidad Médica, no quiere decir que el brote se haya dado en esa entidad (ahí la diferencia entre hablar de la residencia de una persona o la ubicación de una Unidad Médica), lo que haría que las acciones emprendidas no tengan la misma efectividad. 

Por otro lado,  al no conocer todas las variables que presenta la base de datos, podría parecer que el mapa es incorrecto o que el gobierno está publicando datos diferentes en sitios diferentes, cuando en realidad lo único que cambia es la selección de la variable que se muestra. 

• En octubre de 2020 la SSa actualizó la base de datos añadiendo criterios respecto a los contagios para incluir casos por asociación y casos por dictaminación clínica-epidemiológica, sin embargo, por la falta de una nota metodológica, se complica tener certeza sobre el procedimiento que están siguiendo. 
• Respecto a la capacidad hospitalaria, por meses estos datos no fueron publicados. La justificación era que querían “evitar aglomeraciones” por parte de las personas que buscaban un hospital. Cuando al fin hicieron públicos estos datos (en octubre de 2020), los porcentajes de ocupación se presentaban redondeados y no compartía las fuentes originales, por lo que no son datos replicables. 

Que los datos sean replicables significa que hay transparencia. Organizaciones de la sociedad civil y cualquier otra persona podría hacer sus propios análisis (que serían certeros y confiables) ya sea para uso personal o para investigaciones, estudios, o para generar propuestas o mejoras en una comunidad.  

En este caso, no es sólo la ASF quien vigiló la actuación del gobierno, sino también otras personas, organizaciones y hasta medios de comunicación. En términos generales, la ASF es la voz oficial que encontró los puntos en los que la SSa podría mejorar tanto en su estructura y procesos no sólo para generar datos de vigilancia epidemiológica confiables, sino también para desempeñar mejor sus funciones y que así pueda reaccionar de mejor manera frente a futuras emergencias.