El huachicol fiscal en México no es solo una historia de combustible que cruza las aduanas bajo nombres distintos. También es una historia de funcionarios que han denunciado irregularidades, de millones de pesos en omisiones fiscales y de una disputa política sobre quién permitió que el negocio creciera.

Entre 2016 y las primeras tres semanas de 2026, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó 103 casos de combustible que entró o salió del país declarado bajo un nombre distinto al que realmente tenía.

Un análisis de los datos de la ANAM, obtenidos por medio de la respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio 342746500013026, muestra que el fenómeno se disparó a partir de 2024. Además, la aduana de Matamoros, Tamaulipas, acumula 26.2 millones de pesos de omisión registrada, casi siete de cada diez pesos detectados en los 103 casos.

En enero de 2026 ocurrió el salto más grande: en apenas 23 días, la ANAM registró 19.4 millones de pesos de omisión, más que en 2024 y 2025 juntos. No obstante, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, ha sostenido que el huachicol fiscal se originó durante los gobiernos del PRI y del PAN y ha vinculado el fenómeno con la reforma energética de 2013, aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Según su argumento, aquella reforma abrió la puerta a la importación privada de hidrocarburos y creó condiciones para el negocio ilegal.

Pero, ¿qué tan extendido está realmente el huachicol fiscal en México y desde cuándo existe?

¿Qué es el huachicol fiscal en México?

A diferencia del huachicoleo que se roba combustible directo de los ductos de Pemex, el huachicol fiscal ocurre en la aduana. Consiste en importar o exportar gasolina, diésel u otros combustibles declarándolos bajo una clasificación arancelaria distinta (como “aceite” o “biocombustible”) para pagar menos impuestos de los que corresponden, o evadirlos por completo. La Agencia Nacional de Aduanas de México es la autoridad que detecta estos casos en las revisiones de mercancía.

El mecanismo depende de que exista una discrepancia entre lo que físicamente cruza la frontera y lo que dicen los documentos que acompañan a la mercancía. Por eso, la detección no depende únicamente de revisar el combustible: también requiere contrastar el pedimento, la factura, la clasificación arancelaria, la información del transporte y, en algunos casos, los permisos y regulaciones aplicables.

El huachicol fiscal en México se dispara según registros de ANAM

De 2016 a 2023, la suma de omisión detectada en los 103 casos analizados nunca superó los 2.2 millones de pesos en un año. En 2024 saltó a 6.8 millones. En 2025 subió a 9.5 millones. Y en los primeros 23 días de enero de 2026, la cifra ya alcanzaba 19.4 millones de pesos, más que en 2024 y 2025 juntos.

El mayor salto aparece en 2026. En los primeros 23 días de enero, la ANAM ya había registrado 19.4 millones de pesos de omisión, una cantidad superior a la suma de los montos registrados durante todo 2024 y 2025. Es decir, en menos de un mes se concentró más dinero que en los dos años anteriores juntos.

La tendencia muestra un aumento claro en el monto de las irregularidades detectadas por huachicol fiscal en México, pero no permite concluir que esa cantidad corresponda al dinero que el Estado efectivamente dejó de recaudar. Esto se debe a que, en la base de datos de la ANAM, “omisión” no es una cifra oficial de daño al erario. Es un campo interno capturado en el sistema de la agencia.

Además, la propia ANAM aclaró que no cuenta con un indicador formal de “monto estimado de afectación económica al erario federal” y que comparte este dato solo como colaboración adicional, sujeto a actualizaciones posteriores.

Matamoros, el epicentro del huachicol fiscal

De las siete aduanas donde ANAM detectó casos, Matamoros concentra 69 de los 103 (67%) y 26.2 millones de pesos de omisión, más que las otras seis aduanas combinadas. Le siguen, muy por debajo, Nuevo Laredo (5.7 millones) y Mexicali (2.1 millones).

El mapa muestra un patrón geográfico: Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Colombia (Nuevo León) están todos en el mismo tramo corto de la frontera con Texas, y en los 91 casos con esa ruta el origen declarado es Estados Unidos. Mexicali, en cambio, reporta el 100 por ciento de sus casos con origen Canadá, y Sonoyta, en Sonora, reporta el total de los suyos con origen México. Cada cruce fronterizo parece corresponder a una sola ruta de abasto, sin mezcla entre ellas.

Estos datos no permiten afirmar que todas las operaciones formen parte de una misma red ni que detrás de ellas esté una sola empresa. Sí muestran, sin embargo, que los casos detectados por ANAM están fuertemente concentrados en determinados puntos de entrada y que las rutas de procedencia presentan patrones muy definidos.

El truco: cómo se disfraza el combustible

El nombre con el que se declara el combustible cambió con el tiempo. En 2018, los casos se concentraban en “biocombustible” y “gasoil”. Entre 2022 y 2024, la etiqueta más común fue “gasolina” declarada de forma directa. De 2024 en adelante, migró a eufemismos como “aceite diésel gasóleo” y “aceite ligero derivado del petróleo”, que en conjunto concentran el 79% de toda la omisión detectada, aunque no son la categoría con más casos.

La lógica es sencilla: el producto que cruza la frontera tiene determinadas características físicas y comerciales, pero la información declarada ante la autoridad puede describirlo de otra manera. La diferencia puede tener consecuencias fiscales y regulatorias porque las mercancías están sujetas a distintas tasas, permisos, regulaciones y obligaciones dependiendo de su clasificación.

Este tipo de irregularidad ya había sido advertido antes del incremento registrado en los datos de ANAM. Desde 2019, la Auditoría Superior de la Federación documentó en distintas auditorías problemas relacionados con el control de las operaciones de comercio exterior, entre ellos el uso de RFC genéricos, la subfacturación y el registro incorrecto de claves arancelarias en operaciones vinculadas con hidrocarburos.

Durante 2020 y 2021, además, autoridades fiscales y aduaneras detectaron operaciones en las que productos declarados como aditivos y lubricantes correspondían en realidad a combustibles. Es decir, el uso de documentación o clasificaciones que no correspondían necesariamente con la mercancía real ya constituía un riesgo identificado por las autoridades antes del actual gobierno.

Casi todo el salto de enero de 2026 viene de un solo patrón: entre el 7 y el 23 de enero, Matamoros registró 23 embarques de “aceite diésel (gasóleo)” y “aceite ligero”, casi siempre por encima de 100 mil litros cada uno, cada dos o tres días. Esos 23 casos suman 17.4 millones de pesos de omisión, el 90 por ciento de todo lo que ANAM detectó en 2026 hasta ese corte. El patrón (mismo lugar, mismo tipo de producto, volúmenes casi idénticos, ritmo casi quincenal) no parece un conjunto de casos aislados, sino una sola operación sostenida durante más de dos semanas.

El incremento registrado en enero de 2026 está concentrado, además, en una misma aduana y en un periodo muy corto.

Entre el 7 y el 23 de enero, Matamoros registró 23 embarques de productos declarados como “aceite diésel (gasóleo)” y “aceite ligero”. En la mayoría de los casos, los volúmenes superaron los 100 mil litros.

En conjunto, esas 23 operaciones acumularon 17.4 millones de pesos de omisión registrada, aproximadamente 90% de los 19.4 millones correspondientes a todos los casos detectados por ANAM en 2026 hasta ese corte.

Los embarques ocurrieron cada dos o tres días y comparten características similares: el mismo punto de entrada, denominaciones de producto similares y volúmenes de gran escala.

La base no permite determinar si pertenecían a una misma empresa o si formaban parte de una sola operación, por lo que no es posible afirmar que se trate de una única red. Lo que sí muestran los datos es una sucesión de operaciones similares durante apenas 17 días, con un monto de omisión muy superior al observado en años anteriores.

Lo que la autoridad detecta, pero no rastrea

Cuando se le pidió a ANAM información sobre personas detenidas, empresas responsables y carpetas de investigación derivadas de estos 103 casos, la Dirección General de Investigación Aduanera respondió que no localizó esa información, y que no cuenta con una base de datos consolidada que junte esos campos.

Es decir: la misma autoridad que detecta y cuantifica el fraude no lleva un registro de qué pasó después, información que en teoría corresponde a la Fiscalía General de la República. Serendipia presentó una solicitud de seguimiento ante la FGR para conocer cuántos de estos 103 casos derivaron en una carpeta de investigación. En caso de recibir respuesta, será materia de una segunda entrega de esta investigación.

El salto registrado en enero de 2026 ocurre además en un momento de cambios importantes en el sistema aduanero mexicano.

Desde el 1 de enero de 2026 entraron en vigor las modificaciones a la Ley Aduanera publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2025, junto con las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2026, publicadas el 27 de diciembre de 2025. El nuevo marco modifica las obligaciones y responsabilidades de quienes intervienen en las operaciones de comercio exterior y refuerza los mecanismos de control y trazabilidad de las mercancías.

Uno de los cambios relevantes está en la responsabilidad de los participantes. La reforma elimina las excluyentes de responsabilidad que durante décadas permitieron a agentes aduanales argumentar que determinados datos incorrectos habían sido proporcionados por el importador. Bajo el nuevo esquema, el importador mantiene la responsabilidad directa sobre la clasificación, el valor y el pago de las contribuciones, pero el agente aduanal también puede responder solidariamente por las irregularidades. La responsabilidad alcanza además, en distintos supuestos, a las agencias aduanales y sus socios, a los transportistas y a los recintos o almacenes.

El cambio es importante para casos como los que aparecen en la base de ANAM porque una operación aduanera no depende de una sola persona. En ella intervienen quien importa la mercancía, quien la despacha, quien la transporta y quien la recibe y resguarda. La nueva legislación busca que cada uno tenga obligaciones más claras sobre la información que proporciona y conserva.

Las sanciones también se endurecen. La reforma contempla multas de entre 250 por ciento y 300 por ciento del valor comercial de la mercancía cuando no se acredita el cumplimiento de determinadas regulaciones no arancelarias o cuotas compensatorias. Además, se eliminó una excepción que anteriormente existía para algunas normas oficiales mexicanas de información comercial.

El nuevo marco también amplía las causales para suspender el Padrón de Importadores. La suspensión puede tener un efecto particularmente fuerte para una empresa porque, en la práctica, impide que continúe realizando operaciones de importación mientras permanece suspendida.

A esto se suma la posibilidad de aplicar embargos precautorios cuando se detecten determinadas irregularidades relacionadas con la documentación, el valor de las mercancías o el cumplimiento de permisos y regulaciones.

¿Estas medidas serán suficientes para terminar con el huachicol fiscal en México?

Metodología

• Los datos provienen de la respuesta de ANAM a la solicitud de transparencia con folio 342746500013026, recibida el 9 de abril de 2026.
• La base original tenía 120 registros; 28 eran duplicados exactos y se eliminaron para este análisis, dejando 103 casos únicos.
• El campo “omisión” es un dato de captura interna de ANAM, no un indicador oficial de daño al erario, y la propia agencia advierte que no debe considerarse un número definitivo.
• Aunque la solicitud pedía información desde el año 2000, el sistema de ANAM solo tiene incidencias registradas desde 2014, sin embargo solo fueron proporcionados datos desde 2016.
• Siete registros de la base traían una inconsistencia de fecha (marcados como 2026 pero con fecha de captura de enero de 2020); se excluyeron del análisis de tendencia por año y se incluyeron en la solicitud de aclaración enviada a la FGR.