La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto que permitía reservar la información de los proyectos estrella de AMLO, pero el presidente no tardó en volver a brindarlos

Nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) blinda obras prioritarias de su gobierno sin considerar el derecho a la información de la ciudadanía. Y esta vez con la desaprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) incluida.

El jueves 18 de mayo, al mediodía, la SCJN —el máximo órgano de justicia en México— invalidó el decreto que clasificaba como un asunto de seguridad nacional a las obras prioritarias del gobierno de AMLO.

Sin embargo, el mismo día, por la tarde, el presidente de México publicó otro decreto en el mismo sentido, con el que volvió a blindar algunos de sus proyectos.

El decreto invalidado, publicado en noviembre del 2021, permitía a dependencias como la Secretaría de Turismo (Sectur) o la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) reservar información acerca de los recursos ejercidos o los planes de construcción de obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Pero sobre todo, le ahorraba tiempo a las dependencias involucradas en procesos para determinar, por ejemplo, si la obra afectaba en extremo al medio ambiente. Esto porque establecía que los permisos y licencias necesarias para la construcción debían ser otorgadas en un plazo máximo de cinco días hábiles.

El “decretazo” consideraba a proyectos de infraestructura de  los sectores de comunicaciones y telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, energético, puertos, aeropuertos y cualquiera considerado como estratégico para el desarrollo nacional.

De este modo, obras como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el Tren Transístmico estaban exentas de pasar por el proceso completo para obtener los permisos necesarios, y de brindar información sobre los proyectos a la ciudadanía.

¿Por qué la Suprema Corte declaró inconstitucional el decreto de AMLO?

El 18 de mayo de 2023, con ocho votos a favor y tres en contra, la Suprema Corte declaró —año y medio después— que el decreto era inconstitucional. 

El argumento fue que ese acuerdo obstaculizaba e inhibía el derecho al “acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del Gobierno de México”.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá consideró que esto ocurría debido a la amplitud y ambigüedad del acuerdo. Alberto Pérez Dayán, ministro que también se posicionó a favor de la inconstitucionalidad, recalcó que el decreto afectaba las facultades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo que impugnó ante la SCJN el decreto.

Los tres votos en contra del proyecto que declara como inconstitucional el decreto fueron emitidos por las ministras Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz y el ministro Arturo Zaldívar.

Esquivel y Ortíz expusieron que dicho acuerdo no establecía que toda la información de los proyectos era reservada, pese a ser considerada como un asunto de seguridad nacional. 

AMLO blinda sus obras de nuevo, ¿qué establece el nuevo decreto?

El nuevo decreto es más específico con las obras que blinda ante la rendición de cuentas. 

Mientras el decreto anterior solo mencionaba que se considerarían como un asunto de seguridad nacional las obras a cargo del gobierno mexicano en ciertos sectores, el recién publicado señala que las obras que se clasifican de esta forma son el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; y de Chetumal y Tulum, Quintana Roo.

Además, el nuevo decreto detalla que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación y administración de la infraestructura de las obras será lo que se considerará como asuntos de seguridad nacional, mientras que el previo sólo contemplaba la realización.  

Por último, el nuevo decreto no menciona nada sobre el otorgamiento inmediato de licencias y permisos para las obras.