AMLO y María Amparo Casar protagonizan una polémica por la filtración de datos personales y un supuesto caso de corrupción. ¿El mandatario violó alguna ley al exponer información personal de la directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad?

El presidente lo volvió a hacer. Desde la semana pasada Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y María Amparo Casar Pérez (presidenta de MCCI) están envueltos en un escándalo de filtración de datos personales y supuesta corrupción. El mandatario insiste en que puede publicar datos sensibles para exponer la corrupción.

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que ha iniciado una investigación de oficio por la divulgación de datos personales y que “se mantiene atento a las denuncias que pudieran presentar las personas afectadas”.

Pero, ¿de qué acusa el gobierno a Casar y qué dice la ley en México sobre la protección de datos personales?

Pemex acusa a María Amparo Casar de cobrar pensión millonaria ilegalmente

En la conferencia matutina del viernes 3 de mayo, Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), afirmó que Casar defraudó a la empresa productiva del Estado por una suma millonaria. Según Romero Oropeza Casar habría manipulado el dictamen de la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, quien fuera coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, para obtener beneficios económicos indebidos.

Márquez Padilla murió el 7 de octubre de 2004 en la torre A del Centro Administrativo de Pemex. El director de Pemex señaló que Casar y el intelectual mexicano Héctor Aguilar Camín habrían intervenido ante las autoridades para que el fallecimiento de su esposo fuese considerado como un “accidente laboral” en lugar de un “suicidio”, lo que le permitió a ella y a sus hijos cobrar una pensión mensual de alrededor de 125 mil pesos, que hasta ahora suma más de 31 millones de pesos.

De acuerdo con Oropeza, tras practicar un dictamen pericial se concluyó que Fernando Márquez, el esposo de María Amparo Casar, se quitó la vida voluntariamente, confirmando así que no hubo participación de terceros en su deceso. En consecuencia, se procedió de inmediato a suspender las prestaciones otorgadas a Casar y se iniciaron las acciones legales correspondientes contra aquellos involucrados en este presunto fraude.

En respuesta a estas acusaciones, Casar negó rotundamente haber realizado tales gestiones, calificándolas como una “infamia” y “mentira”. En entrevistas concedidas a distintos medios, la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) defendió su integridad y denunció el uso del aparato del Estado para silenciarla y vengarse de ella.

Un comunicado en apoyo a Casar fue firmado por politólogos, sociólogos, periodistas y académicos, quienes expresaron su solidaridad con Casar y criticaron la difusión de información personal por parte del gobierno federal, alegando que constituye una campaña de difamación y un abuso de poder por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El comunicado también señala que los documentos publicados no aclaran las presuntas irregularidades en el pago de un seguro de vida hace dos décadas y condenaron la vulneración de la privacidad en el manejo de datos personales.

¿AMLO difundió ilegalmente datos personales?

El mismo 3 de mayo, el gobierno de México publicó en sus redes sociales los “documentos del caso Márquez Padilla”, que incluyen el acta de defunción de Márquez Padilla, expedientes de Pemex y documentos escolares de las hijas del exfuncionario de Pemex y Casar Pérez. Se trata de 384 páginas con la información íntegra, sin proteger datos personales.

Después, el 5 de mayo el gobierno publicó un documento de 12 páginas con la causa de muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla. Según el informe, Márquez Padilla decidió “voluntariamente quitarse la vida”. El documento proporciona detalles sobre los testimonios obtenidos por las autoridades, así como una reconstrucción de los eventos ocurridos en octubre de 2004.

El 6 de mayo Romero Oropeza dijo durante la conferencia matutina del presidente que “con fundamento en el artículo 112 fracción 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública (…) no puede reservarse información relacionada con actos de corrupción”. El director de Pemex afirmó que “el propio pleno del INAI señala que (esta información) no puede ser clasificada como reservada”.

El presidente López Obrador dijo que “en vez de meterse a fondo si hubo o no hubo corrupción, recurren al Instituto de la transparencia que es hechura de ellos para decir que se violó la privacidad, como si es válida la corrupción, siempre y cuando se mantenga en secreto”.

Aunque hay un comunicado en apoyo a Casar, la investigación del INAI fue abierta de oficio. Esto quiere decir que aún nadie ha recurrido a este organismo autónomo, sino que las acciones del Ejecutivo provocaron la apertura de dicha investigación.

Además, el instituto explicó en su comunicado que “la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), la Presidencia de la República es responsable de proteger los datos personales que posee y trata en el ejercicio de sus atribuciones, y está obligada a cumplir con los principios, deberes y obligaciones, previstos en la normatividad“.

Pero la normatividad vigente en México permite hacer pública información relacionada con casos de corrupción sin vulnerar datos personales. El gobierno de México lo ha hecho con expedientes como el del caso Odebrecht, que en 2022 desclasificó con información relevante testada (oculta), después de que Quinto Elemento solicitara estos documentos.