¿Hay corrupción en la Corte? De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la gestión financiera de la SCJN tiene inconsistencias. 

¿Hay corrupción en la Corte? La gestión financiera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumple con los lineamientos generales para la administración de su presupuesto en los rubros de salarios, prestaciones y mantenimiento. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que ejercen millones de pesos en subcontrataciones y se encontraron irregularidades por 159.7 mil pesos. 

Durante el sexenio pasado, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como una entidad corrupta y “truculenta”. Desde la presentación de su paquete de reformas a la Constitución Mexicana en febrero de 2024, el Poder Judicial sostuvo una relación de incertidumbre con el Ejecutivo; y el 11 de septiembre, el Legislativo aprobó la controvertida Reforma Judicial. 

Pero, ¿realmente hay corrupción en la Corte? De acuerdo con la auditoría al ramo de Gestión Financiera de la SCJN, existen aspectos de opacidad en el ejercicio presupuestal de 2023. Esto es lo que se encontró en el análisis de la Unidad de Fiscalización. 

Las tres irregularidades en la gestión financiera de la Corte

La auditoría de gestión financiera de la Corte contempla los siguientes ejercicios: 

• Servicios Personales
• Materiales y Suministros
• Servicios Generales
• Transferencias, asignaciones y subsidios
• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
• Inversión Pública

En 2023, el presupuesto total ejercido por la SCJN fue de 5 mil 487 millones de pesos. En este análisis de la ASF, se revisaron los 5 mil 28 millones que fueron ejercidos en los rubros previamente mencionados, que corresponden al ramo de “Gestión Financiera”. 

Los resultados indican que, en general, los mecanismos de control interno de la Corte son adecuados, principalmente en el uso de manuales y el cumplimiento normativo de sus sistemas y su administración de riesgos. 

El análisis reveló un total de 55 resultados, de los cuales 52 no presentaron irregularidades significativas. Sin embargo, se detectaron tres casos irregulares, uno de ellos consiste en un contrato con 159 mil 676.12 pesos sin aclarar. 

1. Este caso corresponde a la partida de Inversión Pública y corresponde al contrato número 40230087. 
2. De acuerdo con la auditoría, se suscribió un contrato de 793 mil pesos para la “Adecuación de la fachada principal en la Casa de la Cultura Jurídica de La Paz, Baja California Sur”. 
3. Y solo se comprobó el uso de 633.3 miles de pesos.

Sin embargo, al término de 2023 la SCJN informó que el monto de 159 mil 676.12 pesos fue cancelado. Para la publicación de la auditoría en 2024, la entidad ya había reintegrado este recurso a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

¿Hay corrupción en la Corte? Los manuales desactualizados podrían ser un indicador

El monto irregular de la Auditoría fue devuelto y las dos observaciones restantes consisten en temas inmateriales: 

• La subcontratación: Se ejercieron 61 millones 650 mil 900 pesos en subcontrataciones, principalmente para la “custodia del acervo judicial”. 
• Y se identificaron 11 manuales en proceso de actualización para el funcionamiento de los mecanismos internos de la Corte, entre ellos, la conciliación de recursos pasivos necesita mejorarse. 

Entonces, ¿realmente hay corrupción en la Corte? De acuerdo con la ASF, la Gestión Financiera de la SCJN tiene aspectos de mejora, pero son “generalmente adecuados”. Sin embargo, existen otros rubros de análisis que tienen que ver con los manuales y normas que no están actualizadas. 

De acuerdo con el análisis de ContraLínea, uno de ellos corresponde al manejo de los fideicomisos de la Corte. Y la auditoría DED-2024-04 que corresponde a ese rubro encontró lo siguiente: 

• Actualmente, la Suprema Corte mantiene seis fideicomisos activos, que suman un total de 6 mil 985 millones de pesos.
• Según el análisis de ContraLínea, estos fondos han sido utilizados de manera “discrecional”, ya que carecen de mecanismos adecuados para otorgar, autorizar y pagar pensiones complementarias.
• Principalmente, en el fideicomiso 80689 se reportó un gasto de 186 millones de pesos en 2023 para servicios relacionados con la seguridad física. Pero la auditoría señala que este gasto tiene “inconsistencias en la información” porque no fue transparentado en el Diario Oficial de la Federación.