El Ejército Mexicano ha asesinado a 43 personas desarmadas y ajenas a enfrentamientos de 2007 a 2021. Pero hay muchos más casos en los que las fuerzas armadas hacen pasar a las víctimas por delincuentes.
¿El ejército mexicano solo asesina a delincuentes? El largo historial de violaciones a los derechos humanos en las que han incurrido las fuerzas castrenses —desde la matanza de estudiantes de Tlatelolco (1968), el asesinato de 45 indígenas en Acteal (1997), y la desaparición de 43 alumnos de la escuela Normal de Ayotzinapa en Iguala (2014)—refleja que no.
Desde que en 2006 el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa declarara la “guerra contra el narco”, desplegando así las fuerzas armadas en todo el territorio mexicano, las ejecuciones a civiles se convirtieron en hechos habituales.
Entre enero de 2007 y diciembre de 2021 hay registro de cinco mil 186 civiles supuestamente armados que murieron en enfrentamientos contra miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esto de acuerdo con cifras recabadas por Animal Político a través de una solicitud de información.
De ese número, según refiere la Sedena, 43 personas que no portaban armas y eran ajenas a los enfrentamientos fueron asesinadas por el ejército.
De acuerdo con Animal Político, el listado señala hechos como la muerte de cuatro personas atropelladas por un vehículo militar en 2015, cuando supuestamente perseguían a miembros de la delincuencia organizada en Reynosa. También refiere casos como el de una mujer que murió por una bala perdida en 2011, durante enfrentamientos en Yurécuaro, Michoacán, en los que también murieron presuntos integrantes del crimen organizado.
No obstante, de entre las víctimas que el Ejército afirma que no estaban armadas y eran ajenas por completo a los hechos se incluyen casos en los que los militares atacaron directamente a civiles desarmados y que no representaban ninguna amenaza.
Este es el caso de Jacob Rodríguez, un joven de 21 años que fue asesinado a tiros en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando manejaba junto a su esposa, a quien trasladaba al hospital; o la masacre de Tlatlaya, en la que 22 civiles fueron ejecutados en junio de 2014 y luego los hicieron pasar por delincuentes que murieron en un enfrentamiento.
Recientemente, el caso de los siete jóvenes que salían de una discoteca y que fueron baleados por militares en Nuevo Laredo durante la madrugada del 26 de febrero, pone como evidencia que la vieja “táctica” de atribuir una ejecución extrajudicial o crimen militar a un combate contra el crimen organizado, sigue vigente.
Mucho se ha dicho que los jóvenes de Nuevo Laredo en realidad formaban parte de la delincuencia organizada, concretamente del Cártel del Noreste. Lo cierto es que hasta el momento la Sedena no ha confirmado estos rumores y las investigaciones apuntan a que los jóvenes no estaban armados cuando los militares detonaron sus armas de fuego.
Los siguientes son cinco casos que demuestran que el ejército mexicano no sólo asesina a delincuentes.
Alumnos del Tec de Monterrey: ejército alteró escena del crimen
Los hechos ocurrieron la noche del 19 de marzo de 2010, cuando Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, fueron baleados por seis elementos del Ejército Mexicano cuando salían de la universidad. Es decir, en las inmediaciones del Campus Monterrey.
En las primeras horas después del ataque, la Procuraduría del Estado de Nuevo León informó que los fallecidos eran dos delincuentes que pertenecían al crimen organizado y que murieron mientras los militares los enfrentaban.
Horas más tarde se supo que las víctimas eran estudiantes. Uno cursaba la maestría en Ciencias y el otro hacía su doctorado en Ciencias de la Ingeniería.
Para sustentar su versión de los hechos, los militares alteraron la escena del crimen y pusieron armas de fuego en los cuerpos de los jóvenes, según admitió el gobierno mexicano años más tarde. Sin embargo, por casi nueve años la Secretaría de Gobierno y el Ejército defendieron la versión de que la muerte de los jóvenes se trató, primero, de un enfrentamiento en contra de criminales y luego, de víctimas colaterales.
“No fue error, no fue fuego cruzado, los habían ejecutado a sangre fría y no conformes con eso los golpearon, los arrastraron, les robaron su identidad y de forma aún más infame declararon que eran sicarios”, relató en entrevista Rosa Elvia Mercado, madre de de una de las víctimas.
Nueve años después, el 19 de marzo de 2019, el gobierno mexicano reconoció la participación del Ejército y ofreció disculpas públicas a los familiares de los estudiantes.
Hasta la fecha tres militares involucrados están procesados por homicidio, dos están prófugos y los demás están “desaparecidos”.
Jorge Otilio Cantú, médico asesinado camino a su trabajo
El 18 de abril de 2011, Jorge Otilio Cantú fue asesinado también en la ciudad de Monterrey por militares que hacían funciones policiales.
Jorge, recién graduado de Medicina, ayudaba a su padre en su consultorio. En la noche, al salir de ese lugar a bordo de su camioneta, Jorge tomó la lateral de la avenida Lázaro Cárdenas, cuando dos camionetas de la policía estatal se colocaron detrás suyo y le dispararon sin mediar palabra.
Otilio Cantú perdió el control del vehículo y chocó contra una de las camionetas de la policía estatal. Según se pudo comprobar la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los “policías” en realidad eran soldados que cumplían con tareas de seguridad pública.
Después del choque los militares bajaron de los vehículos, se acercaron y volvieron a disparar en contra de Jorge, a menos de un metro.
“La manera en que mataron a mi hijo fue un crimen de estado. Iba solo en la camioneta, iba a su trabajo, cuando lo atacaron de una manera cruel (…) más de 30 disparos fueron en la camioneta y en el cuerpo de mi hijo. No contentos, van y le dan seis balazos en su cara, en su cabeza“, mencionó el padre de la víctima en una entrevista a Multimedios.
La versión de la Sedena fue que el joven murió en un fuego cruzado, cuando los soldados respondían a una agresión. Pero cinco años después, en 2016, un juez penal sentenció a 22 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio calificado con ventaja a los cinco militares que participaron en el asesinato.
Más tarde, en 2021, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer circuito determinó que la Sedena tendría que indemnizar por daño moral, daño físico (por el homicidio) y gastos funerarios, los padres y la esposa de Jorge Otilio deberán recibir 5 millones 469 mil 824 pesos cada uno.
Jethro Sánchez, torturado y enterrado vivo
Al momento de su asesinato, Jethro Ramsés Sánchez Santana tenía 27 años. Era ingeniero electromecánico con grado de estudios de maestría e impartía clases en la Universidad Politécnica de Morelos.
El 1 de mayo de 2011, después de jugar un partido de fútbol con sus amigos, Jethro y estos últimos se dirigieron a una feria organizada por el Ayuntamiento de Cuernavaca. Dentro del recinto comenzó una trifulca que involucró a varios de los amigos de Jethro. Policías municipales intervinieron y llevaron a Jethro y otro amigo suyo con policías federales.
En lugar de trasladar a los detenidos ante el Ministerio Público, los agentes federales entregaron a Jethro y su amigo a un convoy militar bajo la excusa de pertenecer a un cártel de drogas.
Los militares llevaron a los detenidos al cuartel de la 24ª Zona Militar, donde los torturaron. Jethro se desmayó y por órdenes de un coronel militar, elementos del ejército trasladaron su cuerpo al municipio de Atlixco, Puebla, en donde fue semienterrado de forma clandestina.
De acuerdo con la necropsia número 574, llevada a cabo en mayo de 2011 por el Servicio Médico Legal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Jethro fue enterrado cuando aún estaba vivo.
A mediados de 2019, el abogado defensor del caso de Jethro mencionaba que tres militares estaban próximos a ser sentenciados y dos más se encontraban prófugos de la justicia, además de policías municipales que habían sido liberados por el asesinato del joven.
Funcionario federal secuestrado por el narco y ejecutado por soldados
Jorge Antonio Parral Rabadán tenía 38 años de edad y trabajaba en la ciudad de Camargo, Tamaulipas, en la agencia de gobierno Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Parral Rabadán se desempeñaba como Administrador General del Puente Internacional y había pedido en múltiples ocasiones a los dirigentes de Capufe que les brindaran protección a los trabajadores, debido al clima de inseguridad que azotaba la región.
El 24 de abril de 2010, cuando Jorge salía de las instalaciones de su trabajo, un comando de la delincuencia organizada lo privó de su libertad. Los delincuentes trasladaron a Jorge al Rancho “El Puerto”, en Nuevo León, junto con otro grupo de personas.
Dos días después del secuestro, el 26 de abril de 2010, elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en el lugar donde Jorge se encontraba privado de su libertad, y le dispararon a muy corta distancia.
Días después la Sedena declaró que su muerte sucedió durante un “enfrentamiento entre elementos del Ejército y sicarios”. Después de años de presión por parte de la familia de Jorge, la CNDH reconoció la responsabilidad de la Sedena, la Procuraduría General de la República y el Gobierno del Estado de Nuevo León en la ejecución extrajudicial de Jorge Parral.
Sin embargo, a 12 años del caso, los participantes en el crimen (entre los que se encuentran altos mandos del Ejército) se encuentran en libertad.
Tlatlaya, la masacre que quisieron pasar por enfrentamiento
La madrugada del 30 de junio, ocho militares del 102° Batallón de Infantería realizaban labores de reconocimiento sobre la carretera Federal Número 2, en las inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
De acuerdo con el informe de la CNDH sobre el caso, al pasar frente a una bodega en obra negra, sin puertas, el sargento segundo de Infantería se dio cuenta que había una persona armada custodiando el recinto. El sargento informó a sus compañeros y el vehículo detuvo su marcha.
El enfrentamiento comenzó alrededor de las 4:20 horas de la madrugada, según testimonios de cinco vecinos de San Pedro Limón.
Según los militares, estos fueron agredidos por las personas que estaban dentro de la bodega, por lo que repelieron el ataque. Sin embargo, una versión de una sobreviviente y testigo de los hechos refiere que los militares dispararon primero mientras todos dormían en la bodega.
Según el reporte de la CNDH el intercambio de disparos entre militares y las personas armadas que se encontraban en la bodega duró entre cinco y 10 minutos. Alrededor de las 5:00 de la mañana, los militares entraron al recinto. Ahí encontraron a tres mujeres y a otras dos personas amarradas, presuntamente secuestradas. Según los testimonios de los vecinos, durante una hora, aproximadamente, se escucharon disparos aislados, accionados por el Ejército en contra de las personas rendidas.
Los testimonios de las mujeres coinciden en que los militares entraron a la bodega y encontraron a civiles rendidos y desarmados. Después, los sacaron uno por uno, los obligaron a hincarse, a decir su apodo, su edad, su ocupación, y después les dispararon.
La CNDH documentó que el lugar de los hechos se alteró para hacer creer que todos los muertos eran resultado del enfrentamiento y no de la ejecución.
Entre las víctimas había una chica de 15 años y los demás eran varones, dos de ellos de 17 años de edad. En realidad, menciona el informe de la CNDH, la mayoría de las víctimas eran personas secuestradas por criminales y forzados a trabajar con ellos en actividades delincuenciales.
¿El ejército mexicano solo asesina a delincuentes? Por cada agresor herido hay cinco que mueren en enfrentamientos con el Ejército
Desde el inicio del actual Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta agosto del 2022, los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han asesinado a 739 presuntos agresores y herido a 155, esto según cifras pertenecientes al último informe de la Sedena, el cual es uno de los millones de documentos que se publicaron en los Guacamaya Leaks, como resultado de la vulneración al servicio de correo electrónico de la institución en octubre del año pasado. El diario El País los publicó en octubre pasado.
Estas cifras arrojan una un índice de letalidad del Ejército, (número de agresores muertos dividido entre el número de agresores heridos) de 4.7, es decir, casi cinco agresores muertos por cada herido.
Comparado con los datos del reporte “La letalidad del Ejército mexicano” elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la letalidad de los militares mexicanos en sus ataques (el número de agresores fallecidos entre el número de heridos) se ha mantenido durante el actual gobierno e, incluso, es superior al de otros sexenios.
Si bien el número de “agresores” asesinados ha ido disminuyendo, pues de 2013 a 2018 hubo mil 673, y 254 más heridos. Esto arroja un índice de letalidad del Ejército de 2.6. Es decir que, año con año, la fuerza letal de los militares aumenta, con lo que la afirmación realizada recientemente por el presidente acerca de que “ya no estamos en el tiempo de mátalos en caliente”, es únicamente una cuestión de discurso y no de realidades.
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