Menos tiempo para campañas, menos capacitadores electorales y lineamientos “flojos” para la propaganda electoral: así serían las elecciones de 2024 con el Plan B de la reforma electoral de AMLO.
El Plan B de la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tendrá un impacto significativo en el sistema de elecciones tal y como lo conocemos. Desde el proceso de precampañas hasta el recuento de votos, la selección de candidatos, el uso de recursos públicos, la propaganda política y las actividades realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), todo será modificado.
Los legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) defienden que estas modificaciones ahorrarán miles de millones de pesos al gobierno mexicano, que podrán ser invertidos en áreas de bienestar social. Sin embargo, expertos en materia electoral argumentan que estos cambios ponen en peligro la integridad del proceso electoral en el país.
Además, el INE advierte que la reducción masiva de personal tendrá un impacto negativo en las tareas de capacitación y supervisión que lleva a cabo en cada elección.
A pesar de las críticas, el Plan B de la Reforma Electoral de AMLO fue aprobado por el Senado de la República el miércoles 22 de febrero, lo que sugiere que es inminente su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
¿Cómo serían las próximas elecciones con el Plan B de la reforma electoral de AMLO?
El presidente López Obrador ha afirmado que su Plan B implica cambios limitados en la legislación electoral de México y no tiene la trascendencia que planteaba su propuesta original. Su primera opción era una reforma electoral que implicaba cambios a la Constitución, incluyendo la sustitución del INE por otro instituto, la elección popular de los miembros del consejo de ese órgano y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como la reducción del número de legisladores en ambas cámaras.
Sin embargo, el Plan B sí incluye cambios significativos en la forma en que se han realizado las elecciones en México hasta la fecha. Si estos cambios entraran en vigor, las elecciones federales de 2024 se desarrollarían de la siguiente manera:
Con las modificaciones propuestas por el Plan B, el presidente tendría la libertad de utilizar su conferencia matutina para hacer comentarios a favor o en contra de algún candidato durante el proceso electoral. Esto, a diferencia de las actuales regulaciones en materia electoral, no estaría limitado ni regulado por la ley.
Según José Luis López Chavarría, doctor en Derecho y director del Seminario de Derecho Electoral de la Universidad Autónoma de México (UNAM), estas modificaciones contribuyen a plantear contiendas electorales desiguales, ya que las declaraciones de otros servidores públicos pueden incidir en el desarrollo de los comicios.
“En el pasado, se estableció que estas “presiones” debían ser suspendidas durante las campañas electorales. Y ahora, con estas modificaciones a las normativas, de golpe se suprime ese control o ese candado que limitaba a los servidores públicos en aras de una democracia imparcial y competitiva, de piso parejo, para que los distintos partidos y candidatos gozaran de ese equilibrio”, explicó López Chavarria en una entrevista con Serendipia.
Esta situación ya fue contemplada en el artículo 134 constitucional reformado en 2007, cuando se buscó remediar la campaña permanente que realizó el entonces presidente Vicente Fox Quesada, quien intervino durante el proceso electoral de 2006 mediante mensajes y propaganda en contra de López Obrador y a favor de Felipe Calderón Hinojosa, quienes competían por la presidencia en aquel momento.
María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva del INE en la Ciudad de México menciona que desde antes de arrancar el proceso electoral se llevan a cabo capacitaciones constantes al personal del INE. No obstante, ya entrado en forma el proceso, a los funcionarios Supervisores Electorales, Capacitadores Asistentes Electorales, Funcionarias de Mesas Directivas de Casilla y Observadoras Electorales se les brindan capacitaciones sobre el procedimiento de los cómputos distritales, así como la forma en la que asegura la recolección de los paquetes (mecanismos de recolección).
El Plan B altera estos procedimientos de dos formas: por una parte, ya no habrá vocales de capacitación en los 300 distritos electorales, lo cual implicaría no contar con los funcionarios que a su vez capacitan a los ciudadanos que integran las Mesas Directivas de Casilla.
Por otro lado, habría una reducción en los tiempos de capacitación electoral y para llevar a cabo las actividades relacionadas con la asignación y designación de los funcionarios de las Mesas De Casilla. A esto hay que sumarle que con la entrada en vigor del Plan B electoral, la mayoría de estas capacitaciones se darían en línea —a través de la plataforma que ya utiliza el Tribunal Electoral— y no de manera presencial, como se realizaba anteriormente.
Para el diputado federal de Morena, reducir los tiempos de las capacitaciones electorales y cambiar la modalidad en la que se realizan es uno de los tres puntos sustanciales que propone el Plan B para generar ahorros en el presupuesto del INE (los otros dos puntos son el recorte de plazas a funcionarios del Instituto electoral y la disminución de la renta de inmuebles por parte del INE).
“Creemos que allí también hay una oportunidad: que la capacitación de funcionarios en mesas directivas de casillas en zonas urbanas para cierto nivel escolar y para cierta edad pueda realizarse en línea y de manera permanente. No es muy caro. También se prevé la capacitación electoral presencial, solo que esta ya no es tan extensa. Eso implica pagar menos salarios para supervisores y capacitadores”, mencionó García Almaguer.
Los grupos vulnerables que deben ser incluidos en las candidaturas a diputaciones, de acuerdo con el Plan B son los siguientes:
- Personas indígenas
- Personas afromexicanas
- Personas con discapacidad
- Personas que pertenezcan a un grupo diversidad sexual
- Personas residentes en el extranjero
- Jóvenes
No obstante, mediante los acuerdos INE/CG18/2021 y INE/CG160/2021, en las elecciones de 2021 el Instituto ya obligaba que cada partido o coalición destinara al menos 30 postulaciones para diputaciones a personas indígenas, otras ocho a personas con discapacidad, cinco a migrantes y residentes en el extranjero, cuatro a personas afromexicanas y tres a integrantes de la comunidad LGBTI. Esto quiere decir que había un total de cincuenta candidaturas de grupos vulnerables, el doble de lo que exige el Plan B.
A pesar de que las modificaciones que propone el Plan B son parte de las acciones “afirmativas”, es decir las políticas públicas que tienen como objetivo compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales, existen organizaciones que no lo ven del todo bien. Tal es el caso de la organización Mujeres en Plural, quienes han señalado que con el Plan B no se asegura que las autoridades electorales intervengan para hacer cumplir el principio de igualdad de género, pues obliga a que las candidaturas a diputaciones sean contemplando de manera forzosa a grupos vulnerables, pero no obliga a los partidos políticos a postular igual número de mujeres y hombres en distritos o municipios de alta, media, y baja competitividad.
De este modo, con el Plan B, el día de las elecciones veríamos menor representación de grupos vulnerables, y, probablemente, también menos mujeres.
Durante el proceso de las votaciones, según refiere el Informe sobre las implicaciones del Plan B de la reforma electoral, se necesita del personal que integra las Mesas Directivas de Casilla, que son quienes acompañan los procesos de ubicación de casillas, conteo, sellado y recolección de boletas electorales, así como la integración de los paquetes electorales.
Con el Plan B, disminuye el porcentaje de este personal, pasando del 13 al 10 por ciento de los ciudadanos en el Listado Nominal. Además de que, de manera preferente, deberán ser ciudadanos de mayores de 60 años quienes integren estas casillas.
El hecho de que los partidos deban registrar a sus representantes 48 horas antes de la votación y que los representantes puedan ser sustituídos el día previo a las elecciones, implicaría que los presidentes de casilla no sabrán con certeza quiénes son los representantes acreditados, lo cual da pie a que se pueda anular esas casilla de votación, esto de acuerdo con el Consejero del INE, Ciro Murayama.
“Si se niega el ingreso de un representante a una casilla, toda esa votación puede ser anulada; si se deja entrar a alguien que no sea representante acreditado, también se anula la casilla”, menciona el Consejero del INE Ciro Murayama (citando el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral) en una columna de opinión publicada el 1 de febrero de este año, publicada en el medio Reforma y retomada por el Instituto Nacional Electoral.
Según refiere el consejero del INE, Ciro Murayama, en la columna antes citada, un aspecto a tener en cuenta y que podríamos presenciar en las próximas elecciones, es el hecho de que una vez terminado el trabajo en cada casilla, los paquetes electorales sean trasladados sin asistencia.
De acuerdo con el artículo 303 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es responsabilidad de los ciudadanos presidentes de cada casilla trasladar los paquetes la noche de la elección. Pero, debido a la importancia de esta tarea, estos pueden ser auxiliados por los Capacitadores Asistentes Electorales del INE para que estos lleguen a una de las 300 sedes del INE y los votos sean incluídos en el cómputo distrital. Pero con el Plan B, esta responsabilidad se elimina.
“En la elección federal de 2021, el 55% de los paquetes electorales (88 mil) fueron entregados por los CAEs. En serio ¿buscan que más de la mitad de los paquetes no regresen y sus votos no sean debidamente computados?”, menciona Murayama.
En ese sentido, en el Informe sobre las implicaciones del Plan B de la reforma electoral, el INE advierte que comenzar el cómputo el día de la jornada electoral sin contar con la participación del personal profesional para hacerlo podría derivar en múltiples impugnaciones por recuento de votos y conflictos en cada sede.
¿Por qué una reforma electoral en estos momentos?
Desde 2014 hasta ahora han sido desarrollados más de 330 procesos electorales (federales y locales), de participación ciudadana y de elección interna de los partido con la estructura actual del INE. Entre ellos está la victoria en las urnas del presidente López Obrador en 2018, después de que en las dos elecciones anteriores intentó ganar la presidencia de la República —y falló—.
Pero una pregunta sigue vigente: ¿cuáles fueron las motivaciones que llevaron al presidente y al grupo parlamentario de Morena a iniciar esta propuesta de reforma?
Para José Luis López Chavarria, detrás de la formulación del Plan B electoral — y también del A— existe un tema político y no una intención por mejorar aspectos legales, pues a su parecer noy hay en las actuales leyes secundarias en materia electoral, ningún aspecto que requiriera urgentemente cambios en estos momentos.
“Yo creo que (el “plan B”) está matizado por elementos de tipo político”, dice López Chavarría.
En 2021, el INE inhabilitó a dos candidatos de Morena por no reportar gastos de campaña por 10 mil 560 pesos, decisión que les pareció “desproporcionada” a lo militantes del partido. A partir de entonces, el presidente empezó a dedicar mucho más tiempo a hablar del organismo electoral, por lo general de forma negativa. Para 2022, López obrador mencionaba a la institución en sus conferencias matutinas más del doble de veces que en 2019, de acuerdo con Natalie Kitroeff periodista de The New York Times.
Pero la versión del presidente (y del partido) siempre ha sido que el “Plan B” responde a un tema de austeridad.
“Se mantiene una élite, una casta divina, una burocracia dorada del INE y de otros organismos que le cuestan mucho al pueblo, le cuesta mucho mantenerlos, son organismos mantenidos y buenos para nada”, mencionó el mandatario en su conferencia de prensa del 8 de febrero.
Pero para los críticos y la “oposición”, los cambios del Plan B son un intento de debilitar un pilar clave de la democracia de México.
“¿Qué acaso el actual gobierno y su partido tiene temores que uno desconoce o dudas infundadas que los han llevado a cambiar las reglas y principios electorales que actualmente nos rigen? (…) No somos renuentes a que un sistema electoral deba de cambiar, de que las reglas y principios, todas son ajustables, pero con estas reglas y principios del Plan B, se pondría en serios aprietos al Instituto Nacional Electoral. Sería muy complicado y riesgoso trabajar y desarrollar unos comicios”, dice López Chavarría.
Por lo pronto, los comicios que se realizarán en 2023 en el Estado de México y Coahuila, tendrán lugar sin poner en marcha sin los cambios a La Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 27 de diciembre (es decir, la primera parte del Plan B). Esto porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una impugnación presentada por el bloque opositor y legisladores en contra de la reforma.
En cuanto se publique la segunda parte del Plan B electoral de López Obrador, el INE lo impugnará ante la Suprema Corte, adelanta María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva del INE en la Ciudad de México, a este medio digital. De esta manera, aún no hay certidumbre sobre si las elecciones federales de 2024 serán desarrolladas con la estructura actual o la contemplada en el plan B de la reforma electoral de AMLO.
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