El tercer informe del GIEI evidencia nuevas inconsistencias en la investigación sobre Ayotzinapa realizada por la PGR. Entre ellas, el encubrimiento de intervenciones en el Basurero de Cocula por parte de miembros de la Marina. Esto días antes de la orden de búsqueda de los cuerpos de los normalistas.

El tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) revela más inconsistencias en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizada por la Procuraduría General de la República (PGR), conocida posteriormente como “La Verdad Histórica”. A partir de documentos desclasificados, el GIEI descubrió que durante el desarrollo de la investigación no se informó sobre la presencia de miembros del ejército al momento del ataque contra los estudiantes. Tampoco de la intervención de la Marina sobre el escenario del Basurero de Cocula, lugar donde supuestamente fueron asesinados e incinerados sus cuerpos.

El GIEI es un comité formado actualmente por cuatro personas especializadas en derechos humanos, desapariciones y asesinatos políticos. Desde 2015 han colaborado en las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron.

¿Cuáles son las inconsistencias en la investigación de Ayotzinapa reveladas en el tercer informe del GIEI?

A partir de abril de 2021 el GIEI tuvo acceso a documentos militares que había solicitado desde años antes, todavía durante la administración de Enrique Peña Nieto. En ellos descubrió una serie de inconsistencias en la investigación sobre Ayotzinapa realizada en 2015 por la PGR conocida como “La Verdad Histórica”. 

A continuación las inconsistencias sobre la investigación de Ayotzinapa incluidas en el tercer informe del GIEI:

• A lo largo de la investigación los mandatarios del 27 batallón han declarado que los militares salieron a patrullar la ciudad de Iguala a partir de las 12:30 am del día 27 de septiembre, después de los ataques armados contra los normalistas. Sin embargo, nuevos archivos revelan que había miembros del ejército en el Palacio de Justicia antes de la hora que los militares señalan.
• Hasta 2019 las declaraciones hechas por mandatarios del ejército ocultaron la presencia de militares en la caseta 3 de Iguala, lugar al que llegó el autobús Estrella de Oro 1568 en la tarde del 26 de septiembre. Dichas instalaciones también se encuentran cerca del Palacio de Justicia de Iguala, lo que permitió a los soldados presenciar los acontecimientos que allí tuvieron lugar. Por años, el GIEI ha solicitado grabaciones de las cámaras de la caseta debido a que probablemente pasó por esa zona el quinto autobús no contemplado en documentos oficiales sobre esa noche.
• La supuesta llamada telefónica realizada el 25 de octubre de 2014 que dio pie a las primeras investigaciones en el Basurero de Cocula nunca existió. Más bien se planeó de forma intencional por orden de un director de la unidad antisecuestros de la PGR para cubrir detenciones que se habían realizado el día 27 de ese mes. Por tanto, la selección de la fecha permitió dar credibilidad a actuaciones de la PGR que ya estaban en marcha. Cabe recordar que la supuesta llamada es el origen de la investigación realizada durante el sexenio de Peña Nieto, lo que demuestra que esta versión fue manipulada desde el inicio.
• El pasado 12 de noviembre de 2021 el GIEI tuvo acceso a archivos confidenciales de la Marina resguardados como “secreto”. Estos documentos evidencian intervenciones de la Secretaría de Marina en el Basurero de Cocula y el Río San Juan entre los días 27 y 29 de octubre de 2014. Estas acciones no se incluyeron en el expediente de investigación de la PGR.
• En los videos obtenidos por el GIEI se encuentra una grabación del día 27 de octubre de 2014 en la que se aprecia a camionetas de la Secretaría de Marina (SEMAR) estacionadas en la parte alta del Basurero de Cocula, cerca de tres bultos blancos. Sus tripulantes descienden a la hondonada, lugar donde presuntamente se quemaron los cuerpos de los estudiantes. A las 7:27 am la cámara del dron captura humo blanco provocado por una fogata que han encendido en la parte media de la pendiente. Para este momento, los bultos blancos han desaparecido.
• En esta misma grabación se evidencia que dos horas después de iniciado el operativo llegan al Basurero otros seis vehículos de la PGR y la SEMAR. En uno viajaba el entonces Procurador General de la República: Jesús Murillo Karam.

Durante la presentación del tercer informe, Ángela Buitrago (integrante del GIEI) recalcó que el vuelo del dron que obtuvo la grabación del día 27 de octubre sólo pudo ser permitido por mandato de un funcionario de alto nivel dentro del gobierno. “La posibilidad de ordenar que salga un dron la hace solamente el Presidente de la República, o en su defecto el Secretario del área de inteligencia”, declaró. “Entonces toda la información estaba en conocimiento de las autoridades desde ese momento”.

Por su parte, Francisco Cox recordó también el asesinato de actores clave en los hechos a manos de la delincuencia. “Algo que impide conocer el destino final de los 43 estudiantes es la labor desempeñada ilícitamente por el crimen organizado. De 22 personas fallecidas que pudieron haber tenido información, sólo dos perecieron por muerte natural”, declaró.

¿Qué otra información fue encontrada por el GIEI?

Además de las inconsistencias en la investigación de Ayotzinapa, el GIEI encontró nueva información relacionada con los hechos. Los datos que brindan estos documentos militares, aún no entregados en su totalidad para el tercer informe, son los siguientes:

• Alumnos de la escuela rural Raúl Isidro Burgos y de otras normales fueron monitoreados años antes de los sucesos de septiembre de 2014. De hecho, el ejército y la policía hacían un reporte del seguimiento en tiempo real de todos los normalistas. En consecuencia, las autoridades estaban al tanto de que la Normal de Ayotzinapa era la encargada de realizar el aprovisionamiento para los eventos por la conmemoración del 2 de octubre. También de conseguir el transporte.
• El ejército tenía personas infiltradas en la Normal de Ayotzinapa que actuaban como estudiantes. Incluso uno de los normalistas desaparecidos ingresó a la institución para ejercer como agente de inteligencia. Los documentos también evidencian la existencia de otro informante en la ciudad de Tixtla. Esta persona observó de cerca los movimientos de los estudiantes después de los hechos para comunicárselos al ejército.
• Antes, durante y después de los ataques el ejército intervino las comunicaciones de autores clave sin una autorización judicial. Por tanto, autoridades tanto del ejército como del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) estaban informadas en tiempo real de los hechos. Estos datos tampoco se compartieron con las personas encargadas de la investigación. 
• Desde un inicio el GIEI solicitó conocer los adelantos en la investigación hechos por el ejército, pero la reiterada respuesta de sus mandatarios fue que no se habían realizado averiguaciones previas. Sin embargo, los nuevos documentos revelan que sí se llevó a cabo una investigación por parte de las autoridades militares. Una investigación a la que no se ha tenido acceso hasta la fecha.

Un día después de la presentación del tercer informe, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos se pronunciaron al respecto. Durante su conferencia de prensa agradecieron los avances reportados por el GIEI. También exigieron a las fuerzas armadas entregar toda la información relacionada con el caso. “Quisiera decirles que las instituciones jugaron con nosotros. Nos hicieron firmar un decreto presidencial en donde se comprometieron a entregar toda la información que existiera sobre Ayotzinapa”, exclamó don Mario, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos.

Por su parte, durante la conferencia matutina de ese mismo día, el presidente López Obrador aseguró que los involucrados en el video del Basurero de Cocula ya han declarado ante la Fiscalía. “Se dio la instrucción de investigar a los jefes de marina que participaron en el operativo. Sobre todo al almirante responsable de la operación”, declaró. 

¿Qué sucedió en Ayotzinapa según el GIEI?

El 26 de septiembre de 2014 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos tomaron dos autobuses de la línea Estrella de Oro. Esto con la intención de dirigirse a la Ciudad de México para asistir a la marcha conmemorativa por la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968. Diez días antes se había elegido a esta localidad como sede para la salida de los normalistas rurales de todo el país debido a su cercanía con la capital. Según el primer informe presentado por el GIEI, la llegada a Ayotzinapa de los demás contingentes estaba programada para los días 30 de septiembre y 1 de octubre.

La tarde de ese 26 de septiembre los autobuses Estrella de Oro 1531 y 1568 partieron de la Normal con cerca de cien estudiantes, la mayoría de primer año. Al llegar al cruce con Huitzuco, la unidad 1531 permaneció en la zona del restaurante La Palma. La segunda se dirigió a la Caseta de cobro número 3 de Iguala. Posteriormente se reportó que ambos autobuses arribaron a la Central de camiones cerca de las 9:16 horas, donde los estudiantes intentaron tomar otras tres unidades.

Antes de las 9:30 pm de ese 26 de septiembre, los cinco autobuses partieron de la Central en recorridos distintos. Una caravana compuesta por tres de las unidades avanzaba por la calle Galeana cuando fue objeto de ataque por patrullas de la policía que dispararon al aire desde diferentes direcciones. Una cuadra antes del Zócalo los uniformados cargaron directamente contra los autobuses. Incluso ante la presencia de civiles que recorrían las calles. En consecuencia, la unidad Estrella de Oro 1568 que cerraba la comitiva resultó con 30 disparos que impactaron en su interior.

Mientras la caravana era atacada, patrullas de la policía también perseguían al autobús Estrella de Oro 1531 que se detuvo frente al Palacio de Justicia de Iguala al encontrar bloqueada la carretera. Los estudiantes que iban a bordo del autobús fueron detenidos tras salir de la unidad debido a las granadas de gas lacrimógeno que lanzaron a su interior. Actualmente, todos los normalistas que viajaban en esta unidad se encuentran desaparecidos.

El saldo de estos brutales ataques fue de seis personas asesinadas (entre ellas un estudiante con visibles señas de tortura) y otros cuarenta heridos. Además de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada cuyo paradero aún se desconoce hoy en día. Según los testimonios obtenidos por el GIEI, la actitud de los uniformados esa noche no correspondía con el actuar habitual de la policía local. También señalaron que portaban mejor equipo del que usaban regularmente.

¿Cuál fue la sucesión de los hechos narrada en “La Verdad Histórica”?

Ante la presión por el esclarecimiento de estos hechos, el 7 de noviembre de 2014 se presentó una versión distinta a la referida en el apartado anterior. Ese día, Jesús Murillo Karam (entonces Procurador de la República) expuso durante su conferencia de prensa una sucesión de los acontecimientos que después sería conocida como la Verdad Histórica. “Se cumplen 33 días en los que no se ha dejado uno solo sin que haya habido acciones de búsqueda con el propósito de encontrar a los desaparecidos”, declaró.

La versión asumida en ese entonces por la Procuraduría General de la República (PGR) fue que los 43 normalistas desaparecidos habían sido trasladados al Basurero de Cocula donde fueron asesinados y posteriormente incinerados. Esto tras ser entregados por los policías de Iguala al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes cometieron el crimen y esparcieron los restos en el Río San Juan.

De acuerdo con la investigación de la PGR, el 25 de octubre de 2014 se recibió una llamada telefónica anónima de un hombre que denunciaba vínculos de la policía de Iguala con Guerreros Unidos. A partir de esta denuncia se permitió a la Policía Federal Ministerial indagar en los hechos. La inspección daría como resultado el hallazgo de restos humanos en el Basurero de Cocula.

Sin embargo, ya en su segundo informe presentado en 2017 el GIEI denunció que la escena del Río San Juan, donde presuntamente se habían desechado los restos de los estudiantes, había sido alterada. Un día antes de la investigación, Tomas Zeron de Lucio (entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal) llegó al lugar junto a dos personas. Los acompañaba también uno de los supuestos responsables del crimen. Agustín García Reyes, El Chereje, miembro de Guerreros Unidos.

El GIEI reanudó su participación en el caso a partir de marzo de 2020. Principalmente a raíz de las inconsistencias encontradas y la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) en 2019. Sin embargo, la investigación enfrentó diversos retrasos debido a la contingencia sanitaria. El tercer informe, presentado el 28 de marzo de 2022, resulta del análisis de documentación militar desclasificada que fue solicitada reiteradas veces por el GIEI desde 2015. Hasta 2021 el GIEI pudo tener acceso a ella.

¿Qué es el GIEI?

El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) es un comité que tiene como objetivo contribuir en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014. El GIEI se creó a partir del Acuerdo de Asistencia Técnica firmado en noviembre de ese año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de las víctimas y el Gobierno Mexicano.

El grupo se conformó durante enero de 2015 con personal designado por el CIDH. Sus integrantes actuales son: 

• Carlos Martin Beristain. Español experto en atención a víctimas de violaciones de derechos humanos.
• Ángela Buitrago. Abogada colombiana experta en desapariciones, asesinatos políticos y corrupción.
• Francisco Cox Vial. Abogado chileno involucrado en la extradición del dictador Augusto Pinochet. 
• Claudia Paz y Paz Bailey. Abogada guatemalteca especializada en derecho penal.