Tras la intervención estadounidense en Venezuela, Nicolás Maduro aseguró que es “inocente” y que enfrenta un proceso político que lo convierte, dijo, en “un prisionero de guerra”, luego de que el gobierno de Estados Unidos reforzara acciones legales en su contra
La intervención estadounidense en Venezuela escaló esta semana a un nivel sin precedentes tras la detención y traslado a Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El 5 de enero, Maduro dijo ante una corte federal de Nueva York que es un hombre decente, sigue siendo el presidente de su país y es un prisionero de guerra.
La decisión del presidente estadounidense Donald Trump deja muchas preguntas abiertas: ¿cuáles son las acusaciones formales en contra del presidente venezolano?, ¿qué implicaciones legales tiene su captura?, ¿qué pasará ahora con Venezuela y qué precedente deja esta intervención para América Latina y el orden internacional?
¿Qué pasó durante la intervención estadounidense en Venezuela?
Estados Unidos ejecutó una operación militar encubierta en territorio venezolano para detener al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. La incursión, bautizada como “Operación Resolución Absoluta”, fue descrita por el presidente estadounidense Donald Trump como “uno de los ataques más precisos en la historia militar” de su país y como una “acción de soberanía y justicia”.
La operación fue encabezada por el general John Daniel “Razin” Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, quien detalló que se trató de una acción “discreta, precisa y ejecutada en el momento más oscuro de la noche”, tras meses de preparación militar y de inteligencia. De acuerdo con Caine, agencias como la CIA, la NSA y la NGA participaron en labores de vigilancia para estudiar los movimientos, rutinas y entorno del mandatario venezolano.
El operativo inició la noche del viernes 2 de enero, cuando Trump autorizó personalmente la misión desde su residencia en Florida. Más de 150 aeronaves (incluidos helicópteros, cazas F-18, bombarderos B-1 y drones) se desplazaron a baja altura desde el mar Caribe hacia Caracas. En el trayecto, fuerzas estadounidenses neutralizaron sistemas de defensa antiaérea venezolanos para garantizar el paso seguro.
Durante aproximadamente cinco horas, se registraron explosiones en distintos puntos estratégicos de la capital de Venezuela y sus alrededores, como Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, el puerto de La Guaira y antenas de telecomunicaciones. Videos difundidos en redes sociales mostraron helicópteros sobrevolando zonas urbanas y columnas de humo en Caracas.
Según el gobierno estadounidense, Maduro y Flores fueron detenidos en un complejo fuertemente resguardado. Unidades de élite, presuntamente de la Fuerza Delta, participaron en la captura. Ambos fueron trasladados al buque militar USS Iwo Jima y posteriormente llevados a Estados Unidos, sin que se reportaran bajas entre las fuerzas estadounidenses. Esta acción marcó un punto de quiebre sin precedentes en la relación bilateral y reavivó el debate internacional sobre una intervención estadounidense en Venezuela.
¿Cuáles son las acusaciones contra Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro enfrenta en Estados Unidos cuatro cargos federales relacionados con narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas de guerra. Desde 2020, el Departamento de Justicia lo señala como presunto líder del Cártel de los Soles, una organización integrada (según las acusaciones) por altos funcionarios civiles y militares venezolanos que habrían utilizado instituciones del Estado para facilitar el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense.
Las imputaciones incluyen conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos explosivos, así como conspiración para el uso de estas armas. Las autoridades estadounidenses sostienen que Maduro habría colaborado con organizaciones criminales como las FARC, el ELN, el Tren de Aragua y cárteles mexicanos, entre ellos el Cártel de Sinaloa, para producir, proteger y transportar toneladas de droga.
La red criminal habría utilizado infraestructura estatal venezolana (aeropuertos, puertos y protección diplomática) para mover cargamentos de cocaína y lavar dinero. La investigación también involucra a la esposa de Maduro, Cilia Flores, y a su hijo, Nicolás Maduro Guerra, señalados por presuntamente recibir sobornos y coordinar envíos de estupefacientes.
De acuerdo con la acusación, altos funcionarios venezolanos habrían facilitado el traslado de grandes cargamentos de cocaína producida en Sudamérica, utilizando rutas aéreas y marítimas que conectaban Venezuela con territorio mexicano, donde organizaciones criminales se encargarían de su posterior introducción a Estados Unidos. El texto menciona de manera reiterada la cooperación con grupos de narcotráfico mexicanos, a los que señala como actores clave en la fase final de distribución.
El indictment no acusa al Estado mexicano ni a funcionarios del gobierno de México, pero sí describe al país como un punto estratégico de tránsito dentro de la supuesta conspiración. Según los fiscales, la red encabezada por Maduro habría ofrecido protección institucional a las rutas de la droga desde Venezuela, permitiendo que los cargamentos llegaran a México con relativa facilidad antes de cruzar la frontera norte.
De ser hallado culpable, Maduro podría enfrentar penas que van desde décadas de prisión hasta cadena perpetua, además de multas millonarias. El caso será clave no solo para su futuro legal, sino para el rumbo político de Venezuela, que ahora enfrenta una transición encabezada por Delcy Rodríguez bajo la presión directa del gobierno estadounidense.
El patrón de las intervenciones de Estados Unidos en América Latina
La intervención estadounidense en Venezuela no ocurre en un vacío histórico. Por el contrario, se inscribe en una larga tradición de acciones directas de Washington en América Latina durante los últimos 75 años, justificadas bajo argumentos como la defensa de la seguridad nacional, la restauración de la democracia o el combate al narcotráfico y al comunismo.
Desde operaciones encubiertas hasta invasiones militares a gran escala, Estados Unidos ha intervenido de manera decisiva en el rumbo político de múltiples países de la región. Casos como Bahía de Cochinos en Cuba (1961), la ocupación de República Dominicana (1965), la invasión de Granada (1983) o los despliegues militares en Haití (1994 y 2004) muestran un patrón recurrente: el uso del poder militar para forzar cambios de gobierno o capturar líderes considerados una amenaza.
Sin embargo, el antecedente que más se asemeja a lo ocurrido en Caracas es Panamá, en 1989.
Panamá: el precedente más cercano
La noche del 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos lanzó la operación “Causa Justa” para capturar al entonces gobernante panameño Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico. Más de 26 mil soldados estadounidenses ingresaron al país para desmantelar las fuerzas armadas panameñas y detener a un jefe de Estado que, paradójicamente, había sido colaborador de la CIA durante años.
La invasión dejó cientos de muertos, la mayoría civiles panameños, y fue duramente cuestionada por organismos internacionales. Aun así, Noriega fue capturado, trasladado a Miami, juzgado en tribunales estadounidenses y condenado por delitos relacionados con drogas, exactamente el mismo camino legal que ahora enfrenta Nicolás Maduro.
Este episodio es clave para entender la lógica detrás de la intervención estadounidense en Venezuela: un gobierno señalado por Washington como un “narco-Estado”, una acusación penal previa en tribunales estadounidenses y una operación militar unilateral para capturar al jefe del régimen, sin autorización del país intervenido ni de organismos multilaterales.
¿Fue legal la intervención estadounidense en Venezuela?
La intervención estadounidense en Venezuela ha abierto un intenso debate jurídico a nivel internacional. Aunque el gobierno de Donald Trump defendió la captura de Nicolás Maduro como una acción necesaria contra el “narcoterrorismo”, especialistas en derecho internacional coinciden en que la operación violó el derecho internacional y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.
De acuerdo con expertos consultados por el diario británico The Guardian, la incursión militar de Estados Unidos contraviene el artículo 2(4) de la Carta de la ONU, que prohíbe de manera expresa el uso de la fuerza contra la soberanía y la integridad territorial de otro Estado. Este principio, vigente desde 1945, fue diseñado precisamente para evitar acciones unilaterales como invasiones o capturas de jefes de Estado sin autorización internacional.
Geoffrey Robertson, jurista británico y ex presidente del tribunal de crímenes de guerra de la ONU para Sierra Leona, afirmó que el ataque constituye un “crimen de agresión”, considerado desde los juicios de Núremberg como “el crimen internacional más grave”. En la misma línea, la profesora Elvira Domínguez-Redondo calificó la operación como un uso ilegal de la fuerza contra otro país.
¿Autodefensa o cambio de régimen en la intervención estadounidense en Venezuela?
Según el diario estadounidense The New York Times, Washington podría intentar justificar la intervención estadounidense en Venezuela bajo el argumento de la legítima defensa, alegando que Maduro encabezaba una organización de narcotráfico que amenazaba la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, los especialistas descartan esta interpretación.
Para que la autodefensa sea válida bajo el derecho internacional, debe existir una amenaza inminente y verificable de ataque armado. “No hay evidencia alguna de que Venezuela estuviera a punto de atacar a Estados Unidos”, subrayó Robertson. La profesora Susan Breau agregó que incluso si el narcotráfico representa un problema real, eso no autoriza una invasión militar ni la captura de un presidente extranjero.
En ese sentido, los expertos advierten que la operación se acerca más a un acto de cambio de régimen, una práctica expresamente prohibida por el derecho internacional, independientemente de las acusaciones penales contra el gobernante de turno.
¿Habrá consecuencias para Estados Unidos?
En teoría, el Consejo de Seguridad de la ONU podría imponer sanciones a Estados Unidos. En la práctica, esto es casi imposible: Washington tiene poder de veto, lo que bloquea cualquier resolución en su contra. Para varios expertos, este caso exhibe las limitaciones estructurales del sistema internacional para sancionar a las grandes potencias.
Más allá de Venezuela, el precedente preocupa a nivel global. Juristas advierten que si la intervención estadounidense en Venezuela queda impune, otros países podrían sentirse legitimados para usar la fuerza militar bajo argumentos similares, debilitando aún más el orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial.
Reacciones en México: AMLO y Sheinbaum condenan la intervención
La intervención estadounidense en Venezuela provocó una condena inmediata y contundente desde México, tanto desde el gobierno federal como desde la voz del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien, pese a estar retirado de la vida política, decidió pronunciarse públicamente.
En un mensaje difundido en redes sociales, López Obrador calificó la captura de Nicolás Maduro como un “prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela” y un secuestro de su presidente. En su mensaje, apeló a referentes históricos compartidos entre América Latina y Estados Unidos, como Simón Bolívar, Abraham Lincoln y Benito Juárez, para advertir que ninguna nación debería asumirse como “tiranía mundial”.
“Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, escribió. López Obrador llamó directamente al presidente Donald Trump a no caer en la autocomplacencia ni escuchar a los “halcones” de la política exterior estadounidense, advirtiendo que una victoria inmediata puede convertirse en una derrota histórica. Cerró su mensaje con una frase inusual pero simbólica: “Por ahora no le mando un abrazo”, y expresó su apoyo incondicional a la presidenta Claudia Sheinbaum.
La postura oficial del Estado mexicano
Horas antes, el Gobierno de México había emitido un comunicado oficial en el que condenó y rechazó enérgicamente las acciones militares de Estados Unidos en territorio venezolano, al considerarlas una violación directa del artículo 2 de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la soberanía de los Estados.
El comunicado subrayó que América Latina y el Caribe son una zona de paz, construida sobre la solución pacífica de controversias, y advirtió que cualquier acción militar unilateral pone en riesgo la estabilidad regional. México reiteró que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas para resolver conflictos y llamó a la ONU a actuar de manera inmediata para desescalar las tensiones.
Sheinbaum: cooperación sí, intervención no
La presidenta Claudia Sheinbaum amplió la postura del Estado mexicano con un posicionamiento detallado. En él, reafirmó que el rechazo a cualquier forma de intervención extranjera es un principio histórico, constitucional y no negociable para México.
Sheinbaum sostuvo que la historia latinoamericana demuestra que la intervención nunca ha traído democracia ni bienestar duradero, y que solo los pueblos pueden decidir su destino. Citó tanto a Benito Juárez como a Abraham Lincoln para defender una visión hemisférica basada en cooperación, desarrollo e integración económica, no en el uso de la fuerza.
La mandataria también aclaró que la cooperación con Estados Unidos en temas como narcotráfico existe, pero debe darse sin subordinación, con respeto a la soberanía y bajo el principio de responsabilidad compartida. “Cooperación, sí; subordinación e intervención, no”, concluyó.
Con estas posturas, México se colocó como uno de los países latinoamericanos que más claramente rechazó la intervención estadounidense en Venezuela, retomando una tradición diplomática basada en la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos.
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