México en el caso de Maduro aparece como un eje logístico central en la acusación formal presentada por fiscales de Estados Unidos, que describe al país como punto de tránsito, redistribución y retorno de recursos dentro de la red de narcotráfico atribuida al entorno del presidente venezolano.

México en el caso de Maduro no aparece como un actor secundario en la acusación formal presentada por fiscales federales de Estados Unidos. Por el contrario, el documento judicial sitúa al país como una pieza clave dentro de la estructura logística, financiera y política que, según las autoridades estadounidenses, permitió el flujo de cocaína hacia Estados Unidos durante más de dos décadas.

La acusación no solo apunta a Nicolás Maduro y a su círculo cercano por presunto narcotráfico y conspiración criminal, sino que describe una red transnacional en la que organizaciones criminales mexicanas jugaron un papel central como distribuidoras finales de la droga enviada desde Sudamérica.

El posible involucramiento de México en el caso de Maduro, según la acusación estadounidense

De acuerdo con el indictment presentado en tribunales federales de Estados Unidos, México en el caso de Maduro ocupa un lugar central dentro de la estructura transnacional de narcotráfico que las autoridades atribuyen al entorno del presidente venezolano. El documento no acusa al Estado mexicano ni identifica a funcionarios específicos, pero describe al país como un punto clave de tránsito, distribución y retorno de recursos dentro de la red criminal que Washington denomina el “Cártel de los Soles”.

Según la acusación, funcionarios venezolanos habrían establecido alianzas operativas con organizaciones criminales mexicanas, particularmente con el Cártel de Sinaloa y con Los Zetas (hoy Cártel del Noreste), para facilitar el traslado de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

El indictment sostiene que el Cártel de Sinaloa, encabezado históricamente por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, participó en el financiamiento de laboratorios de cocaína en Colombia y en la coordinación de rutas que atravesaban Venezuela antes de llegar a México. En esta narrativa, Venezuela habría funcionado como plataforma de salida bajo protección de actores estatales, mientras que México operaba como centro de redistribución hacia el norte.

En el caso de Los Zetas, la acusación describe operaciones entre 2003 y 2011 en las que se enviaban contenedores con cargamentos de varias toneladas de cocaína desde puertos venezolanos hacia puertos mexicanos, con el objetivo de evadir controles y maximizar volúmenes de traslado.

Ambas organizaciones fueron designadas por Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras en 2025, una figura legal que endurece el marco penal y amplía las facultades del gobierno estadounidense para perseguir redes financieras y logísticas.

Cobertura diplomática y lavado de dinero

Uno de los señalamientos más delicados del indictment es el presunto uso de estructuras diplomáticas venezolanas en México para proteger el movimiento de dinero ilícito. La acusación sostiene que, durante su etapa como canciller (2006–2013), Nicolás Maduro habría facilitado cobertura diplomática para vuelos privados que trasladaban ganancias del narcotráfico desde México hacia Venezuela.

Según los fiscales, estos vuelos eran presentados como supuestas “misiones diplomáticas”, lo que habría permitido evitar inspecciones militares o policiales. También se menciona la presunta venta de pasaportes diplomáticos venezolanos a personas vinculadas al narcotráfico para facilitar su movilidad regional.

Estas afirmaciones forman parte de la acusación presentada por Estados Unidos, pero no han sido probadas en juicio.

Decomisos y episodios clave en territorio mexicano

El documento judicial retoma episodios ocurridos en México para ilustrar el funcionamiento de estas rutas. El más citado es el decomiso de un jet DC-9 en 2006, que transportaba más de cinco toneladas de cocaína y fue asegurado por autoridades mexicanas tras aterrizar en Ciudad del Carmen, Campeche. Según la acusación, el cargamento había salido de Venezuela y su protección habría involucrado a altos funcionarios de ese país.

Tras ese decomiso, los fiscales afirman que se realizaron pagos para evitar detenciones en Venezuela y que, posteriormente, se modificaron rutas para reducir el escrutinio internacional, evitando el uso del aeropuerto de Maiquetía y recurriendo a trayectos alternos.

En conjunto, el indictment presenta a México en el caso de Maduro como un nodo logístico indispensable dentro de la llamada “ruta del Caribe”: la cocaína producida en Colombia y enviada desde Venezuela llegaba a territorio mexicano para su redistribución hacia Estados Unidos. La acusación también menciona pagos de sobornos a actores locales, sin identificar cargos ni nombres, para facilitar el tránsito de drogas.