Tras los sismos de septiembre de 2017, la ASF encontró que dependencias como la Secretaría de Salud, la Sedena y la Conagua no han presentado evidencia de que los recursos públicos destinados a reparar daños en la infraestructura de viviendas, escuelas y hospitales tuvieron ese destino.

A cuatro años del sismo del 19 septiembre de 2017, continúa existiendo una mancha en el proceso de reconstrucción de las afectaciones y apoyo a damnificados. 

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la gestión gubernamental para atender las afectaciones tanto del sismo del 19 como del 7 de septiembre de ese año fue deficiente y dejó irregularidades por cientos de millones de pesos. 

En el informe “Resultados de la Fiscalización del Proceso de Reconstrucción de los Daños Ocasionados por los Sismos de Septiembre de 2017”, publicado en 2020, la ASF detalla que existieron montos opacos en cuanto a la reconstrucción de viviendas, escuelas, unidades de salud, infraestructura carretera, así como de los recursos destinados a la atención de la población en general y la administración de donativos internacionales. 

Como parte de las revisiones de las Cuentas Públicas 2017 y 2018, la ASF realizó 32 auditorías relacionadas con el sismo del 19 septiembre de 2017 y el previo (del 7 de septiembre).

En general, concluyó la ASF, la gestión gubernamental para atender las afectaciones por los sismos no garantizó que los recursos públicos federales aplicados contribuyeran a resarcir los daños provocados en la infraestructura de viviendas, escuelas y hospitales. 

Resultados relevantes de las auditorías sobre el sismo del 19 de septiembre de 2017

La ASF realizó un total de 32 auditorías entre 2017 y 2018, en las cuales se fiscalizaron 19 mil 804.8 millones de pesos, ejercidos por dependencias y entidades del Gobierno Federal, así como de los gobiernos estatales de Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla.

Estas son algunas de las irregularidades reportadas en la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero:

En 2018, la Sedena recibió 631 millones de pesos, correspondientes al Fondo de Desastres Naturales, para atender los daños que a su infraestructura militar ocasionaron los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

No obstante, dicha secretaría no contó con la documentación probatoria del gasto de 603.2 millones de pesos (95.6 por ciento del total recibido), pues no existió registro alguno de la recepción e ingreso en los almacenes de material utilizado para construcción.

Además, esta misma secretaría incurrió en un par de irregularidades más, pues en 2 contratos por 150.5 millones de pesos para la reconstrucción de obras en el estado de Oaxaca, no se localizó a los proveedores en los domicilios proporcionados.

En el sector salud, la Secretaría de Salud (SSa) en un principio documentó 132 unidades médicas afectadas, pero en la evaluación de daños contabilizó 39 y en el programa de obras registró 44 inmuebles, sin explicar las inconsistencias. 

Del mismo modo, esta dependencia reportó haber reconstruido o rehabilitado 28 unidades médicas de las 132 afectadas, pero no presentó la evidencia para comprobarlo.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), por otra parte, reportó que otorgaría asistencia técnica para las 60 mil 302 viviendas con daño total; pero solo le dio asistencia a una cuarta parte (15 mil 373 viviendas), de acuerdo con la auditoría. 

Asimismo, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) reportó, en 2018, que apoyó con subsidios para vivienda a dos mil 233 personas damnificadas, pero la ASF encontró que en 781 casos (35 por ciento del total) no realizó una visita de campo para verificar la correcta aplicación de los subsidios.

También en 2018, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) solicitó 37.7 millones de pesos al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) por concepto de gastos de operación, para atender los daños ocasionados por los sismos de 2017, sin embargo la dependencia no presentó ninguna documentación para justificar en qué gastó el recurso otorgado por Banobras.

Como resultado de las 32 auditorías realizadas por la ASF, y según los resultados y hallazgos relacionados con los sismos de septiembre de 2017, la Auditoría emitió 389 acciones, entre las que destacan 102 Recomendaciones, 100 Recomendaciones al Desempeño, y 136 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Las irregularidades en Chiapas y Oaxaca por sismo de septiembre 2017

Las irregularidades en la administración de recursos públicos no se quedaron únicamente en el nivel federal. 

Varias delegaciones estatales de distintas dependencias incurrieron también, según la ASF, en el manejo deficiente de los recursos destinados para la reconstrucción de las afectaciones y apoyo a damnificados

En la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Chiapas, 412 expedientes carecen de documentos como cédula de información de vivienda (CIVI), identificación oficial, clave única de registro de población (CURP) y comprobante de domicilio.

Dicha información, señala la ASF en la auditoría 218-DS, es básica para acreditar el otorgamiento de los apoyos para atender daños a las viviendas, los cuales equivalían a 53 mil 560 pesos. 

En este mismo estado, en el sector educativo, no se reintegraron al patrimonio del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) 200 mil pesos por concepto de anticipos de obras canceladas. 

También en Chiapas, se observó que no se instalaron 3 aulas móviles en un plantel  educativo por un costo total de 400 mil pesos. Además de que en esa entidad y el estado de Morelos, en el sector educativo, no se acreditó documentalmente la entrega e instalación de 221 aulas móviles por 66 millones de pesos.

De acuerdo con la auditoría núm. 42-GB, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el estado Oaxaca no acreditó la prestación de los servicios por 1.5 millones de pesos.

Y en Chiapas, por intervención de la ASF, la Conagua reintegró 1 millón de pesos al FONDEN por penalizaciones aplicadas debido a atrasos en la conclusión de los trabajos.

Por otra parte, en los estados de Chiapas, Oaxaca y Morelos en el sector educativo, refiere la ASF, se ejercieron recursos, equivalentes a 5.1 millones de pesos, fuera del periodo de evaluación de daños y en conceptos no autorizados, además de que se efectuaron pagos en demasía a contratistas.

SRE no registró donativos internacionales

En cuanto a la ayuda monetaria internacional, la ASF detalla que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no registró el monto de los donativos en el Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, como lo marca la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Sin embargo, mediante boletines de comunicación institucional, la dependencia informó que obtuvo donativos por 3.2 millones de dólares americanos, 50 mil euros, seiscientos mil de dólares canadienses y 20.2 millones de pesos mexicanos. Lo anterior se traduce a un total de 94 millones 628 mil 746 de pesos mexicanos (a tipo de cambio septiembre 2022).

La ASF detalla que debido a que no existen datos respaldados en el Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Rencid), no hay por lo tanto forma de saber el monto total de lo donado y el ejercicio de los recursos financieros. En otras palabras, no se sabe cómo ni en qué fue gastado ese dinero.

Con los donativos nacionales sucede algo parecido, pues de acuerdo con información del  Servicio de Administración Tributaria (SAT), había 5 millones 83 mil pesos resultantes de donativos que debían ir a parar al fideicomiso “Fuerza México” para el apoyo a la reconstrucción y rehabilitación por las afectaciones provocadas por los sismos de 2017; sin embargo solo 2 millones 460 mil pesos (48.4%) se reportaron como distribuidos en las entidades federativas afectadas por los sismos. Es decir, hasta 2020 se desconocía el destino de los 3 millones 370 mil pesos restantes.

Consecuencias del sismo del 19 de septiembre 2017

El sismo del 19 de septiembre de 2017 ha tenido consecuencias durante los siguientes cinco años. Además de los daños en inmuebles, durante este lapso se han revelado tramas de corrupción y malos manejos de recursos públicos a nivel nacional y estatal.

Patricia Izquierdo Medina, ex secretaria de Obras Públicas de Morelos (2012 a 2018), fue detenida en el municipio de Jiutepec el 26 de febrero de 2022. La ex funcionaria fue acusada de ejercicio abusivo de funciones por haber adjudicado a una empresa fantasma, de manera directa, la “demolición y reconstrucción de un edificio de la Escuela de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos” en Jojutla, por un monto superior a 75 millones de pesos. Esto a raíz de los sismos de septiembre de 2017.

También en Morelos, la Oficina de Auditoría y Fiscalización de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (Esaf), informó que los dos operativos encargados del Fondo Unidos por Morelos –que se creó durante el gobierno de Graco Ramírez para ayudar a las familias damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017– “incurrieron en un desfalco impresionante, de muchos millones de pesos”, mencionó América López Rodríguez, titular de la ESAF, sin precisar a cuánto equivalía la cifra. 

En marzo de 2019 fue creada la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción con el objetivo de contribuir a disminuir la vulnerabilidad de las comunidades urbanas y rurales afectadas por los sismos que impactaron el centro y suroeste del país en septiembre de 2017 y febrero de 2018, así como contribuir a que retornen al normal desempeño de sus actividades.

Sin embargo, de acuerdo con los datos presentados en el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de enero de 2022 de la Comisión Intersecretarial del Programa Nacional de Reconstrucción, hasta diciembre de 2021 solo habían sido otorgados subsidios a 55 mil 98 de los 186 mil 526 inmuebles censados, es decir, el 29.5 por ciento.